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La sentencia aún no es definitiva. Después de 29 audiencias se logró la condena para dos de los acusados de agredir al joven Rufo Chacón, un adolescente del estado Táchira, que quedó ciego después que unos funcionarios policiales de la entidad andina, le dispararon en la cara más de 50 perdigones.

“Hay que dejar por sentado que esa sentencia no es definitivamente firme, lo cual quiere decir que sí hay una condena de un tribunal, al terminar el juicio condenó, pero en este momento están transcurriendo los 10 días hábiles para que el tribunal publique el íntegro y de la oportunidad a las partes que no estén contentas con esa sentencia de apelar; es decir, un recurso de apelación que en todo caso decidiría la Corte de Apelación”, reafirma Raquel Sánchez, abogada del caso y coordinadora del Foro Penal en Táchira.  

Este lunes 4 de octubre condenaron a dos de los agresores del adolescente Rufo Chacón, quien quedó ciego después de recibir disparos de perdigones en el rostro cuando se encontraba en una protesta por falta de suministro de gas doméstico, en julio de 2019, en una comunidad de Táriba, del municipio Cárdenas del Táchira.

“Es importante aclarar que en ese caso estaban pendiente dos apelaciones; es decir dos pronunciamiento de la Corte de Apelaciones, uno por una apelación que interpuso el Ministerio Publico (MP) después de la audiencia preliminar por cuanto el Juez de control admitió parcialmente la acusación de nosotros como acusadores, donde se apegó a los delitos que nosotros esgrimimos y de alguna manera se apartó de la solicitud  en cuanto a los delitos como los planteó el MP”, explica la jurista en un contacto telefónico con Efecto Cocuyo.

Más apelaciones

Ante la situación planteada por la abogada defensora, el pasado 6 de octubre, la Corte de Apelaciones le notificó a la defensa que declaró la apelación del MP; aun así existen otras apelaciones interpuestas por el equipo defensor de los condenados, que todavía la Corte de Apelaciones no ha resuelto.

La representante del Foro Penal en Táchira explicó que la defensa de los condenados está alegando unas nulidades y de existir esas posibilidades y la Corte de Apelaciones llegara a declarar admisible la nulidad, la condena y el juicio se pierden y se tendría que empezar a hacer otro.

La condena

A los funcionarios de la Policía del estado Táchira, Javier Blanco y Henry Ramírez, los sentenciaron a 21 y 27 años de prisión respectivamente. Las acusaciones las presentaron las Fiscalía 16 Ordinaria y 20 de Derechos Humanos.

Ramírez fue el director de la Brigada de Orden Público del estado Táchira, mientras que Blanco fue comisionado de ese cuerpo policial.

Ante la condena contra los agresores de Rufo Chacón, la defensa informó que la familia es un poco escéptica por el hecho de que la jueza, en el momento de tomar la decisión, no cambió el sitio de reclusión de los funcionarios policiales, quienes presuntamente están detenidos en un calabozo policial de la entidad andina.

“Los funcionarios permanecen en custodia de la Policía del Táchira, organismo del cual formaron parte, alrededor de 26 años en el caso de uno y 23 años en el caso del otro”, indicó Sánchez.

La abogada agregó que Rufo Chacón al enterarse de la sentencia le dijo que para él esa condena no representaba justicia.

“Rufo fue al juicio, participó en varias audiencias y escuchó declarar a varios funcionarios que decían que recibieron una instrucción por parte del subdirector de la policía regional, quien les ordenaba a quitar la tranca a como diera lugar. Entonces Rufo dice que eso no es justicia, porque para que haya justicia primero no es solamente la condena sino que también tiene que venir la cadena de mando”, añade Sánchez.

La jurista informó que durante el juicio la jueza le reprendió al jefe de traslado por llevar a los detenidos al lugar sin esposas, como ordinariamente de hace con otros detenidos. Sánchez alega que los funcionarios caminaban por áreas donde no le correspondía andar sin estar esposados.

“No sabemos, no podemos asegurar si los funcionarios detenidos están encerrados en un calabozo policial, es que como dice la familia, si vienen al Tribunal y no los traen esposados, los sacan del tribunal y no se los llevaban esposados, como normalmente hacen con todos los otros detenidos quien garantiza que dentro de Politachira estén dentro de un calabozo o que por el contrario estuvieran en los dormitorios ordinarios de ellos”, discute.

La cadena de mando

La abogada explicó que durante las audiencias del juicio, los defensores fueron testigos de las exposiciones de cada uno de los funcionarios que actuaron en el lugar. La mayoría indicó que el día de la agresión contra Rufo Chacón, el entonces ministro de Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, se encontraba de visita en el estado Táchira; específicamente en la localidad de Ureña. Presuntamente, según el testimonio de los funcionarios, pretendía llegar al aeropuerto de La Fría, por la zona donde se encontraba la protesta de gas.

Sánchez manifestó que en vista de que la manifestación pacífica se mantuvo durante todo el día, el general Arteaga Simanca, quien dirigía la policía del Táchira, ordenó al subdirector de esa policía a que constituyera comisiones necesarias para acabar con la protesta a “como diera lugar”.

“Uno de los funcionarios dentro de este proceso declaró que a pesar de que el subdirector se hizo presente en el sitio, ellos le manifestaron que la protesta no era violenta y que era pacífica, que por qué no jugaban al agotamiento de las personas de manera que desistieran y se fueran, porque no había como resolverles el gas y ante ese pedimento el subdirector, según la declaración de ese funcionario, su superior le colocó un audio del director de la policía donde les ordenaba que de manera inmediata debían acatar la orden de retirar a esas personas del sitio y evidentemente declararon que la orden fue ir a quitarles y a arrebatarles las bombonas para que levantaran la manifestación”, declaró la jurista.

No dijeron quién daba las órdenes

Sánchez sostuvo que la mayoría de los funcionarios que declararon durante el juicio no dejaron claro quién daba las órdenes en el sitio o si hubo un plan de acción para poder aplicar lo que era el uso diferenciado de la fuerza pública.

“La mayoría de los funcionarios no supo explicar lo que eso significa, arremetieron con la población vulnerable, usaron armas de fuego en contra de la humanidad de las personas. No auxiliaron a las víctimas porque no solo se trata de Rufo, se trata de cuatro víctimas más, de las cuales dos son adolescentes (…) Ante esa situación es evidente que hay responsabilidad de la cadena de mando”, atesta.

Amenazas

Tanto la familia como los miembros de la defensa de Rufo Chacón han denunciado en diferentes oportunidades que ha sido víctimas de robo, amedrentamiento y amenazas por parte de personas desconocidas.

“A lo largo de estos dos años y tres meses, tanto la representación judicial de Rufo, como la familia, el hermano de Rufo, la señora Adriana, el mismo Rufo hemos sido objeto de retaliación de distintas formas”, aseguró.

Sánchez alega que cada vez que la familia o el equipo defensor hacen algún tipo de denuncia o pronunciamiento sobre el caso ocurren actos de violencia en contra de las víctimas y defensores. La abogada asegura que la madre de Rufo ha sido víctima de atracos y vigilancia en los alrededores de su vivienda; Mientras que, en una oportunidad, los vidrios del vehículo de la defensora fueron partidos, en el momento que ella declaraba en una llamada telefónica a una emisora de radio.

“Recibimos descalificaciones por parte de la presidencia del circuito judicial penal, es decir nos descalificó delante de la víctima para que ella no nos asumiera como representante”, dice.