Crisis carcelaria continúa pese a que “revolución judicial” prometió acabarla en dos meses

LA HUMANIDAD · 11 SEPTIEMBRE, 2021 09:39

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Reynaldo Mozo Zambrano | @reymozo


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El hacinamiento, la desnutrición y la tuberculosis siguen siendo los principales problemas que enfrentan las cárceles y centros de detención preventiva en el país, a pesar que desde hace dos meses y 20 días el gobierno de Nicolás Maduro creó una comisión que “solucionaría todo” en un plazo de 60 días.

La Comisión Especial para la Revolución Judicial fue creada por Maduro el pasado 21 de junio. Diosdado Cabello y Cilia Flores fueron designados presidente y vicepresidenta de la misma, junto a Lourdes Suárez Anderson, presidenta de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), quien funge como secretaria de la comisión.

La primera tarea que tendría esta comisión especial sería acabar con el hacinamiento en los centros de detención preventiva del país en dos meses, pero las organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos de los privados de libertad advirtieron que eran muy pocos días para terminar con el hacinamiento crítico que hay en los calabozos policiales desde hace más de cinco años.

Las organizaciones defensoras de los derechos de los presos estiman que en el país hay aproximadamente entre 80 mil y 100 mil privados de libertad. La mayoría de ellos se encuentran recluidos en centros de detención preventiva, lugares no aptos para tener a personas por más de 48 horas.

A juicio de Carlos Nieto Palma, director de la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL), la comisión ha funcionado a medias y con mucha desorganización. Para UVL no hay criterios establecidos sobre a qué reclusos se les deben otorgar medidas sustitutivas o libertad plena.

“No hay un manual de procedimientos al respecto, pero si ha sido atendida una buena parte de la población presa en Venezuela, sobre todo la que está en los centros de detención preventiva”, reconoció el activista de derechos humanos.

Nieto Palma asegura que en estos más de dos meses que tiene trabajando la comisión se ha logrado deshacinar por lo menos el 20 % de la población reclusa que convive en los centros de detención preventiva.

“Al día de hoy no se ha solucionado el problema, pero sí ha disminuido el hacinamiento; sí se han otorgado libertades y traslados, pero falta mucho por hacer; es mucho trabajo el que falta”, explicó.

Para Beatriz Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), el plan empleado por el gobierno de Maduro no funcionó, porque quienes conforman esa comisión no tienen conocimiento del problema que tiene el sistema penitenciario en Venezuela.

“No hay espacio en las cárceles, los calabozos están hiperhacinados, ¿dónde van a meter a estas personas?”, se pregunta.

La directora del OVP señala que el plan para solucionar el problema carcelario se realiza con opacidad y que colocarse una meta de 60 días para acabar con el hacinamiento era casi imposible, por la cantidad de expedientes que tenían que revisar.

https://twitter.com/oveprisiones/status/1435655577414344710/video/1

Sin cifras oficiales

Las organizaciones defensoras de los derechos de los presos hasta el momento desconocen cuantas personas han sido beneficiadas con alguna medida en el marco del plan “revolución judicial”.

Los únicos registros que hay son los publicados en algunas ocasiones por las ONG que defienden los derechos de los presos.

Aunque UVL estima que se ha deshacinado el 20% de los centros de detención preventiva, la comisión, desde su creación, no ha dado un balance sobre a cuántas personas les han otorgado medidas sustitutivas de libertad, libertad plena u otra medida.

“No hay criterio claro (para otorgar las libertades), han salido (de las cárceles) personas con otros delitos que en principio habían dicho que no. Entró la corrupción y los pagos en dólares por meterlos en las listas (…) no sabemos hasta qué punto realmente el Poder Judicial y los jueces han intervenido en este proceso”, añade Girón.

UVL también ha denunciado en reiteradas ocasiones algunas irregularidades que se han llevado a cabo durante el proceso. Nieto Palma explica que los diputados que forman parte de la comisión son los que toman la decisión de otorgar libertades cuando es una competencia del Poder Judicial y no del Legislativo.

“Es definitivamente una intromisión del Poder Legislativo en el Poder Judicial, o sea la decisión de otorgar medidas y libertades  es exclusivamente de los jueces”, explica el defensor de DDHH.

Desnutrición y tuberculosis

La desnutrición y la tuberculosis siguen siendo las enfermedades más comunes en las cárceles y calabozos policiales en el país. UVL y el OVP denuncia que el Estado no les garantiza el derecho a la salud a los privados de libertad.

“La principal causa de muerte en los calabozos y cárceles siguen siendo las enfermedades y la desnutrición. Dentro de las enfermedades la principal sigue siendo la tuberculosis; la tuberculosis es la verdadera pandemia que existe en las cárceles venezolanas”, reitera Carlos Nieto Palma, de UVL.

Beatriz Girón, del OVP, señala que las familias de los privados de libertad son las que le suministran medicinas y alimentos, ya que el Estado no les garantiza ese derecho a los presos.

“En organismo internacionales no entienden por qué no hay comidas ni agua en las cárceles. La desnutrición y la tuberculosis siguen haciendo de las suyas, cuando tenemos a una persona desnutrida sus defensas bajan y cualquier enfermedad lo puede llevar a la muerte o ponerse muy grave. A pesar que la tuberculosis es una enfermedad típica de las cárceles, no hay en el país un protocolo de atención para esta enfermedad, no hay el tratamiento, hacen muy pocas pruebas y los que son diagnosticado son pocos”, indicó.