La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) pidió al Estado venezolano que, a más tardar el 11 de abril, presente información sobre la situación de los privados de libertad por motivos políticos que se encuentran en la cárcel del Rodeo I, en el estado Miranda.
La solicitud se realiza después de que el pasado 18 de marzo el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) remitió información adicional sobre la situación de los presos políticos a quienes recientemente trasladaron al Rodeo I, “establecimiento penitenciario que fue reinaugurado y convertido en un penal de torturas”, dice el OVP.
Esta organización no gubernamental es representante de las medidas provisionales dictadas por la CorteIDH el 8 de febrero de 2008, cuando falló a favor de la población privada de libertad del Internado Judicial Capital El Rodeo I y El Rodeo II,.
A raíz de las distintas denuncias de familiares, organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y dirigentes políticos sobre las irregularidades en los traslados y los casos particulares de los internos enfermos, el OVP envió una comunicación a la CorteIDH en la que reitera que la situación de extrema gravedad y urgencia, que pudiera ocasionar un daño irreparable a la población penal, se ha agudizado en el tiempo.
En 2008, la CorteIDH requirió al Estado venezolano que adoptara las medidas provisionales necesarias para proteger la vida e integridad personal de todas las personas privadas de libertad en el Internado Judicial Capital El Rodeo I y El Rodeo II.
“(…) que por lo expuesto es necesaria la protección de las personas internas en la Cárcel del Rodeo, a través de la adopción inmediata de medidas provisionales por parte del Estado. Las medidas necesarias por adoptar deben evitar en forma eficaz la pérdida de vidas y daños a la integridad personal de los internos”, dice la resolución de la CorteIDH.
Qué se denunció ante la CorteIDH
Desde 2009, están acumuladas al seguimiento de medidas de otras cárceles, como el Internado Judicial de Monagas (La Pica), el Centro Penitenciario Región Capital Yare I y Yare II, el Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental (Cárcel de Uribana-Lara), el Centro Penitenciario de Aragua (Tocorón), el Internado Judicial de Ciudad Bolívar (Vista Hermosa) y el Centro Penitenciario de la Región Andina (Cepra).
De estos recintos, siete los representa el Observatorio Venezolano de Prisiones.
En el escrito que presentaron ante la CorteIDH, la organización defensora de los derechos humanos de los privados de libertad destacó que los traslados a presos políticos no se realizaron de conformidad con la legislación nacional y los estándares internacionales, sino que se trató de un traslado forzoso,
Además, los incomunicaron, mientras que a los familiares y abogados no les informaron de estas medidas. A los reclusos no se le permitió llevarse consigo los artículos personales.
En la comunicación enviada a la CorteIDH, el OVP señalas las condiciones de reclusión, que a su juicio son de completa naturaleza violatoria a los derechos humanos, ya que la información recopilada por esa organización, en el Rodeo I “ los presos políticos duermen en el suelo, expuestos a los zancudos en una celda con una letrina como baño; cada 15 minutos los custodios golpean sus rejas para despertarlos; no consumen alimentos suficientes y de calidad, lo poco que comen lo hacen con las manos; no tienen agua potable, deben bañarse en 5 minutos; no pueden realizar llamadas telefónicas y carecen de actividad física”.
En las visitas penitenciarias, la organización denunció que a las personas visitantes las encapuchan mientras los custodios, también con los rostros cubiertos y sin posibilidad de identificarlos, los llevan hasta el lugar donde se realiza la visita, en la que, sin contacto físico y en muy corto tiempo, pueden interactuar con los presos, siempre bajo vigilancia de los miembros de seguridad.
Presos políticos más afectados
El OVP destacó la delicada situación de salud que muchos de los internos presentan, que se deteriora por las deplorables condiciones de reclusión en la que permanecían, y que ahora, desde su traslado en febrero, no tienen acceso a medicamentos.
“Precisamos el caso del general Héctor Armando Hernández Da Costa, quien es paciente diabético y sufre de distintas patologías; y del teniente coronal Igbert José Marín Chaparro, ya que hace poco sufrió una crisis hipertensiva grave. Ambos beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bajo los No. 1302-18 y No. 289-19, respectivamente”, dice el OVP.
Otros de los presos políticos que mencionaron son el coronel Oswaldo García Palomo, Juan Carlos Marrufo, Darío Estrada, Leonardo Azócar, Daniel Romero, José Gregorio Montiel, José Daniel Mendoza, José Antonio Moreno, Audelino Bermúdez y Jonathan Abache, según la información compartida que compartió defensora de DDHH, Tamara Sujú, y el Centro de Estudios para América Latina (Casla).
Sin embargo, se precisó que la organización Foro Penal maneja una lista extraoficial de 45 presos políticos que llevaron a El Rodeo I.
El OVP también solicitó a la Corte que requiriera información al Estado venezolano sobre la situación real de las condiciones de reclusión dentro de la cárcel El Rodeo I, especialmente para que indique la lista oficial de presos políticos, militares y civiles trasladados a sus instalaciones.