“Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley”, así lo establece el artículo 68 de la Constitución. Sin embargo, ¿cuáles son los derechos que tienen los ciudadanos en el contexto de las manifestaciones y de qué forma son amparados legalmente?
Para el director de la ONG Proiuris, Nizar El Fakih, es necesario recordar que el derecho a la protesta pacífica no es un delito y que este está contemplado en los tratados de derechos humanos suscritos por Venezuela. El director de Foro Penal, Alfredo Romero, advierte que cualquier acto de violencia en una manifestación no se corresponde con este derecho y que solo puede ser ejercido pacíficamente.
¿Qué debo saber sobre las protestas y las detenciones?
1. Nadie puede negar el derecho a manifestar pacíficamente. Es un derecho constitucional y un derecho humano.
2. Los cuerpos de seguridad están obligados a defender a los manifestantes. Los equipos antimotines y las bombas lacrimógenas son para casos de verdadera alteración del orden público.
3. El artículo 44 de la Constitución establece que todas las personas tienen derecho a la libertad personal. La única forma de ser detenido es en flagrancia (cometiendo un delito) o con una orden de arresto.
4. Los cuerpos de seguridad no pueden ingresar en propiedad privada sin una orden.
5. Resistirse a la autoridad es un delito. Cualquier acto de violencia por parte de un manifestante hacia un funcionario puede ser utilizado en su contra.
6. Si una persona es detenida, lo primero que debe hacer es reclamar su derecho a realizar una llamada.
7. La incomunicación del detenido es inconstitucional y violatoria de los derechos humanos.
8. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o a declarar contra sí misma, así lo indica el artículo 49 de la Constitución.
9. El artículo 49 también establece que no se pueden tomar testimonios, grabaciones ni declaraciones de los detenidos. Estos están en su derecho de no declarar ni firmar actas si no está presente su abogado.
10. Las declaraciones sin la presencia de un abogado constituyen actos nulos.
11. Dentro de las 12 horas de la detención, un fiscal del Ministerio Público debe acudir al sitio donde se encuentra el detenido.
12. Dentro de las siguientes 48 horas, el detenido debe ser presentado en tribunales. Cualquier plazo fuera de este período califica como una detención arbitraria.
13. No se le puede imponer un defensor público a los detenidos. Cada persona tiene derecho a escoger su defensa.
14. Después de la audiencia de presentación se decide si la persona queda privada de libertad, siempre y cuando haya suficientes elementos, o si la persona es liberada.
15. Según el artículo 46 de la Constitución, toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Ninguna persona puede ser sometida a torturas, tratos inhumanos ni degradantes.
16. El artículo 46 también indica que “todo funcionario público o funcionaria pública que, en razón de su cargo, infiera maltratos o sufrimientos físicos o mentales a cualquier persona, o que instigue o tolere este tipo de tratos, será sancionado o sancionada de acuerdo con la ley”.
En caso de presentarse situaciones violentas durante una manifestación, Romero recomienda alejarse del sitio. Posteriormente, a través de videos o imágenes, pudiesen ser señalados como culpables manifestantes que solo se encontraban en el lugar pero que no estaban cometiendo ningún delito.
Si se llegan a presentar actos represivos por parte de los cuerpos de seguridad, el director ejecutivo de Foro Penal también recomienda dejar constancia de las denuncias a través de videos o imágenes y no agredir a los funcionarios.
Los efectivos no pueden ingresar a propiedades privadas sin una orden, por lo que no pueden violentar el sitio en donde se encuentran resguardados los manifestantes, ya sea que se trate de un local o de un edificio. La misma situación ocurre con los centros de salud.
“El doctor es el que decide si una persona puede salir del hospital o no”, dijo en referencia a los casos de detenidos llevados a clínicas u hospitales para recibir atención médica. “Los médicos son responsables de garantizar la vida”. No obstante, advirtió, las fuerzas de seguridad pueden interpretar estas acciones como resistencia a la autoridad, por lo que recomienda dejar constancia de estas irregularidades.