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Los docentes en Venezuela reciben “salarios de hambre” y no cuentan con beneficios laborales que les permitan tener calidad de vida. Así lo recordó el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) este sábado, 15 de enero, cuando se conmemora el Día del Maestro.   

A través de su cuenta en Twitter, la organización denunció la situación de los y las educadoras en Venezuela. Los bajos salarios del sector han obligado a muchos profesionales a migrar o buscar otros empleos que les permitan sobrevivir.

“(El Gobierno de Nicolás Maduro) Nos ha llevado al destrozo del valor salario y del valor trabajo. Nos ha quitado la seguridad social, hasta el punto que nuestros familiares, no tenemos cómo llevarlos a un hospital o ni siquiera cómo llorar a nuestros muertos porque no tenemos el dinero necesario”, dijo la dirigente sindical Raquel Figueroa a Provea.

Sin salario

En noviembre del 2021, la presidenta del Centro de Formación e Investigación Laboral (CEFI) y directora del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical, Jacqueline Richter dijo a Provea  que el Gobierno tiene “una política laboral destructora del empleo productivo”. Además, el Estado promueve la desalarización del ingreso.

“Es un Estado con una política laboral contraria a los intereses de los trabajadores. Y los empresarios dicen que siempre están con una soga al cuello, que el gobierno en cualquier momento viene con el control de cambio (…). Por ello, o cambias la política laboral o se tienen que cambiar las bases para dialogar. Cómo voy a hablar sobre los salarios si no los hay. Primero tienes que pagar algo que se parezca a un salario”, señaló Richter a Provea.

Para marzo de este año se espera que el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tome una decisión con base en la evaluación de cumplimiento por parte de Venezuela de las recomendaciones de la Comisión Encuesta.

Deuda con los trabajadores

En marzo del año pasado el Consejo de Administración de la OIT aprobó continuar con las medidas de presión contra el Estado venezolano, ante el incumplimiento de las recomendaciones a que planteó en 2019.

Entre los acuerdos a los que llegaron figura el instar a la administración de Maduro “que cese la violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación y cualquier agresión contra organizaciones de empleadores y trabajadores no afines al régimen, y que permita la participación tripartita”.

Además, el Gobierno debía presentar un informe a los miembros del Consejo de Administración, antes del 3 de mayo de 2021, sobre las medidas que habrían instaurado en pro del cumplimiento de las recomendaciones.