“Como familiar uno se retuerce, como familiar uno sufre, uno hace todo lo que puede, pero nadie lo escucha”, Ana María Da Costa, hermana del activista Vasco Da Costa ha pedido la libertad de su hermano las veces que ha sido detenido.
Desde el 16 de abril de 2018, Da Costa permanece privado de libertad, la Fiscalía le imputa traición a la patria, instigación a la rebelión, ultraje a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y sustracción de efectos pertenecientes a la Fanb.
El activista fue torturado durante su reclusión, incluso producto de las mismas, Da Costa desarrolló un tipo de cáncer en el ojo izquierdo.
A pesar de las complicaciones en su salud, el activista no ha sido puesto en libertad o en arresto domiciliario. Da Costa permanece desde el 10 de octubre de 2019, recluido en el área de procesados militares del Hospital Militar Carlos Arvelo, de Caracas. A pesar que está en un centro médico sigue recibiendo tratos crueles y torturas.
Después que el mayor Darwin Balaguera evadió la custodia del hospital castrense, Da Costa y otros detenidos son víctimas de tratos crueles y torturas, señala Ana María a Efecto Cocuyo.
“Decidieron que había que tener las puertas abiertas todo el día, con la luz prendida las 24 horas y los presos enfermos debían ser esposado desde las 6 pm hasta las 6 am de cada día, el problema que generan la puertas abiertas en ese lugar crean una corriente de aire importante y esposan a las personas viendo hacia la luz”, cuenta la hermana de Da Costa.
A pesar de que este 26 de junio, se conmemora el día el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, Da Costa sigue siendo víctima de este delito que no prescribe.
Desde el viernes 19 de junio, tras la fuga de Balaguera cuatro presos políticos, entre ellos Da Costa son sometidos a las torturas descrita por Ana María. “Este es un trato cruel, que con el tiempo se vuelve tortura porque no pueden dormir en medio de una corriente de aire y con una luz en la cara”, recalca.
Torturado en cárcel militar
Vasco Da Costa fue torturado en la cárcel militar de Santa Ana, estado Táchira, entre los días 17 y 18 de mayo de 2018, su hermana lo recuerda sin tener que recurrir a un calendario ya que raíz de las torturas recibidas el activista opositor sufrió un carcinoma en el ojo izquierdo.
Desde ese momento Da Costa se quejaba por un dolor en el ojo pero fue hasta 2019 que le diagnosticaron el cáncer que le extirparon en el Hospital Militar.
Tras la operación Da Costa fue llevado a la cárcel militar de Ramo Verde, en el estado Miranda, donde es sometido a castigo por órdenes del coronel Hernández, según relata Ana María.
Al preso político lo enviaron a una celda de castigo donde pasó dos semanas y fue mordido por una rata, lo que le produjo una infección y le creó una celulitis que no fue atendida en Ramo Verde. La afección avanzó tanto que a su pierna por poco le sale gangrena.
“Cuando mi hermano estaba muy grave lo llevan al hospitalito de Fuerte Tiuna y la doctora Cabrera señala y diagnostica que Vasco está muy mal con una celulitis grave y avanzada y con peligro de muerte. Dijo que tenía que ser trasladado al hospital Carlos Arvelo, pero el coronel Hernández, director de Ramo Verde, dijo que no, que él (Vasco) vuelve a Ramo Verde. Pretendían que Vasco se muriera en prisión”, dice Ana María.
Libertad por exilio
Ana María Da Costa tenía esperanza de que su hermano fuera liberado tras las medidas otorgadas por el fiscal general designado por la Constituyente, Tarek William Saab, el 17 de octubre de 2019. Vasco era el tercero en lista tuiteada por Saab, pero la medida no se ejecutó, un militar lo impidió.
“Cuando el doctor Guillermo Heredia, abogado de mi hermano, va a la Corte Marcial para ejecutar la orden y medida humanitaria, el mayor Edgar Rojas dice que no, que él no va a ejecutar esa medida, que lo hará si Vasco se va del país”, relata Ana María.
El militar quería que el activista de 61 años de edad, una vez fuera puesto en libertad se fuera del país. Pero Da Costa no aceptó la medida, porque no acepta un destierro y tampoco decir que se iría de manera voluntaria. “Lo van a tener que amarrar y expulsar ellos del país”, explica su familiar.
Ana María señala que los funcionarios insistían en darle la libertad si se iba de Venezuela, esta vez Da Costa condicionó su liberación y exigió que también se les otorgara la libertad a sus causas, pero los funcionarios del régimen no quieren acceder al condicionamiento del preso político y por esta razón permanece detenido en el Hospital Militar.
“Ellos no lo trasladan porque él no aguantaría las condiciones de un penal. Por eso lo tienen en el hospital”.
Cuarentena
La cuarentena no ha impedido que Ana María vaya al Hospital Militar a ver a su hermano. Sin embargo, tiene días sin verlo tras la fuga de Balaguera. Desde el 13 de marzo hasta el 27 de mayo, la hermana del activista tampoco lo pudo ver.
“Yo no he tenido mayor problema en llevarle su comida, su ropa y sus medicinas, lo que si es que no he podido verlo porque no me lo permiten. Me volvieron a prohibir visitarlo a raíz de las denuncias que estoy haciendo por los tratos crueles”.
“¿Cómo te sentirías si a tu hermano lo tienen esposado en una cama con una corriente de aire y sin poder dormir con una luz en la cara?, no pienses que es mi hermano, piensa que es tu hermano”, dice Ana María.
Asesinados por torturas
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) tiene registro de 72 personas asesinadas bajo torturas entre enero de 2013 y diciembre de 2019.
De esas, 23 fueron asesinadas durante 2019 a consecuencia de las torturas recibidas por agentes de la fuerza pública. Provea compara esta cifra con la registrada en 2018, y revela que se produjo un aumento de 176,92 %, en el número de muertes, siendo además el registro más alto de los últimos 30 años que tiene la ONG.
En un informe emitido por la organización en mayo de este año la organización señala que entre los meses de enero y diciembre de 2019, se denunciaron 40 casos de torturas que incluyeron a 574 víctimas individualizadas de este delito contra los derechos humanos. Esta cifra representa un aumento de 526,60 %, respecto al número de víctimas registradas por la ONG en 2018.