La ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) presentó su informe 2022 este martes 9 de mayo en las instalaciones de la sede de la Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Los datos principales del trabajo muestran cómo ha crecido la desigualdad en Venezuela debido a las malas gestiones de las autoridades.
Pero también se destacó el hecho de que la mortalidad materna aumentara 124 % en los últimos tres años, así como las dificultades para acceder a servicios de salud por parte de los venezolanos.
La presentación del contexto en el que se desarrolló el informe de Provea 2022 fue realizada por Rafael Uzcátegui, coordinador general de la ONG, quien aseguró que la Venezuela después de la pandemia “es una mucho más desigual”.
Uzcátegui también recordó que las autoridades del país “siguen afinando todos los mecanismos de control” y que, en lugar de mejorar la calidad de vida de la población venezolana, solo actúan para mantenerse en el poder.
Lissette González, coordinadora de investigación de Provea, explicó que son tres los puntos estructurales que continúan presentes en el país: el salario, el acceso a servicios básico y el deterioro en los servicios sociales.
Uno de los primeros puntos que toca el informe es el referido a los derechos económicos, sociales y culturales de los venezolanos. En este apartado se destacan las declaraciones de la maestra jubilada Ofelia Rivera, quien fue invitada por Provea para compartir su visión sobre este tema. Rivera expresó que: “el salario apenas alcanza para satisfacer las cosas mínimas. El 1° de mayo fue prácticamente la estacada de una estafa que el gobierno ha dado”.
La docente jubilada resaltó que son los trabajadores los que deben asumir la lucha por la defensa de sus derechos y anunció la convocatoria a una gran manifestación nacional para el próximo 29 de mayo.
Rivera expresó la importancia de que los trabajadores defiendan sus derechos
Sobre el derecho a la salud, Provea registró 95.920 denuncias de “violaciones al derecho a la salud en el sistema sanitario” en 2022, así como la no mejora de los servicios de agua y electricidad en los hospitales. Sin embargo, uno de los datos más resultantes es el de la mortalidad materna, pues esta aumentó 124 % en los últimos tres años. “Es un dato que refleja la incapacidad del sistema público, una vulneración al derecho de salud sexual y reproductiva”, afirmó Lissette González.
La ONG también destacó que el cuerpo de seguridad más letal de 2022 fue la Policía Nacional Bolivariana (PNB), desplazando al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Crímininalisticas (Cicpc). En total, se registraron 824 personas asesinadas por policías y militares en Venezuela durante 2022 y en su mayoría eran jóvenes de 18 a 30 años que vivían en zonas pobres.
La presentación del informe culminó con la ponencia de Ronald Balza, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (Faces) de la Universidad Católica Andres Bello (Ucab), quien explicó que en Venezuela existe un nuevo modelo económico, por lo menos desde 2022, denominado “presidencialismo no comunal sin transparencia”, el cual ha consistido en que el Ejecutivo venezolano pueda establecer políticas económicas sin tomar en cuenta a la base trabajadora del país, especialmente amparado en la opacidad de los datos, pues no se conocen cifras oficiales en la mayoría de los casos.
Balza puso el ejemplo de Pdvsa y explicó que, aunque Nicolás Maduro dijo que entre 2015 y 2022 Venezuela solo ingresó 1 % de ganancias petroleras, esta cifra no es posible cotejarla, pues Pdvsa no publica datos oficiales desde 2016.
Balza explicó que las autoridades venezolanas no le dieron prioridad al salario
Durante la presentación del informe también participó Clara Ramírez, coordinadora de Documentación y Derechos Humanos de FundaRedes, quien dijo que el director de esta ONG, Javier Tarazona, sufre de hipertensión, asma, psoriasis, hipertiroidismo, afecciones pulmonares y depresión, entre otras condiciones que lo afectan desde que fue apresado en 2021 por las autoridades venezolanas.
La representante de Fundaredes hizo énfasis en exigir la liberación de Javier Tarazona
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La ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) presentó su informe 2022 este martes 9 de mayo en las instalaciones de la sede de la Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Los datos principales del trabajo muestran cómo ha crecido la desigualdad en Venezuela debido a las malas gestiones de las autoridades.
Pero también se destacó el hecho de que la mortalidad materna aumentara 124 % en los últimos tres años, así como las dificultades para acceder a servicios de salud por parte de los venezolanos.
La presentación del contexto en el que se desarrolló el informe de Provea 2022 fue realizada por Rafael Uzcátegui, coordinador general de la ONG, quien aseguró que la Venezuela después de la pandemia “es una mucho más desigual”.
Uzcátegui también recordó que las autoridades del país “siguen afinando todos los mecanismos de control” y que, en lugar de mejorar la calidad de vida de la población venezolana, solo actúan para mantenerse en el poder.
Lissette González, coordinadora de investigación de Provea, explicó que son tres los puntos estructurales que continúan presentes en el país: el salario, el acceso a servicios básico y el deterioro en los servicios sociales.
Uno de los primeros puntos que toca el informe es el referido a los derechos económicos, sociales y culturales de los venezolanos. En este apartado se destacan las declaraciones de la maestra jubilada Ofelia Rivera, quien fue invitada por Provea para compartir su visión sobre este tema. Rivera expresó que: “el salario apenas alcanza para satisfacer las cosas mínimas. El 1° de mayo fue prácticamente la estacada de una estafa que el gobierno ha dado”.
La docente jubilada resaltó que son los trabajadores los que deben asumir la lucha por la defensa de sus derechos y anunció la convocatoria a una gran manifestación nacional para el próximo 29 de mayo.
Rivera expresó la importancia de que los trabajadores defiendan sus derechos
Sobre el derecho a la salud, Provea registró 95.920 denuncias de “violaciones al derecho a la salud en el sistema sanitario” en 2022, así como la no mejora de los servicios de agua y electricidad en los hospitales. Sin embargo, uno de los datos más resultantes es el de la mortalidad materna, pues esta aumentó 124 % en los últimos tres años. “Es un dato que refleja la incapacidad del sistema público, una vulneración al derecho de salud sexual y reproductiva”, afirmó Lissette González.
La ONG también destacó que el cuerpo de seguridad más letal de 2022 fue la Policía Nacional Bolivariana (PNB), desplazando al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Crímininalisticas (Cicpc). En total, se registraron 824 personas asesinadas por policías y militares en Venezuela durante 2022 y en su mayoría eran jóvenes de 18 a 30 años que vivían en zonas pobres.
La presentación del informe culminó con la ponencia de Ronald Balza, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (Faces) de la Universidad Católica Andres Bello (Ucab), quien explicó que en Venezuela existe un nuevo modelo económico, por lo menos desde 2022, denominado “presidencialismo no comunal sin transparencia”, el cual ha consistido en que el Ejecutivo venezolano pueda establecer políticas económicas sin tomar en cuenta a la base trabajadora del país, especialmente amparado en la opacidad de los datos, pues no se conocen cifras oficiales en la mayoría de los casos.
Balza puso el ejemplo de Pdvsa y explicó que, aunque Nicolás Maduro dijo que entre 2015 y 2022 Venezuela solo ingresó 1 % de ganancias petroleras, esta cifra no es posible cotejarla, pues Pdvsa no publica datos oficiales desde 2016.
Balza explicó que las autoridades venezolanas no le dieron prioridad al salario
Durante la presentación del informe también participó Clara Ramírez, coordinadora de Documentación y Derechos Humanos de FundaRedes, quien dijo que el director de esta ONG, Javier Tarazona, sufre de hipertensión, asma, psoriasis, hipertiroidismo, afecciones pulmonares y depresión, entre otras condiciones que lo afectan desde que fue apresado en 2021 por las autoridades venezolanas.
La representante de Fundaredes hizo énfasis en exigir la liberación de Javier Tarazona