El reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los migrantes venezolanos denuncia la violación de los derechos fundamentales en el país y explica las causas del «flujo masivo y forzoso de personas» a lo largo de la región.
El documento cuenta con 85 páginas, fue presentado el 8 de noviembre y describe cómo la crisis humanitaria compleja motivó el desplazamiento de más de 7 millones de adultos, adolescentes y niños desde 2015, un hecho sin precedentes en la historia de Venezuela.
«Este movimiento migratorio, que representa actualmente el más grande a nivel regional y uno de los más grandes del mundo, responde a una estrategia de supervivencia para salvaguardar derechos como la vida, la integridad personal, la salud y la alimentación», señala la CIDH.
La discriminación y la vulnerabilidad del venezolano migrante y refugiado en las rutas irregulares y zonas fronterizas, así como en los países de acogida, son puntos importantes descritos en el informe de la Comisión, al igual que la dificultad para acceder a un estatus migratorio regular.
Efecto Cocuyo identificó cinco claves sobre el texto, que también incluye una serie de recomendaciones al gobierno venezolano y autoridades del continente americano para atender la diáspora, que continúa agravándose con el tiempo.
1. La migración y su relación con la autocracia
De acuerdo con la CIDH, el desplazamiento de los venezolanos guarda «una estrecha relación» con el autoritarismo en el país. Esta asegura que el gobierno de Nicolás Maduro ha estado caracterizado por sistemáticas violaciones de derechos humanos que han sido documentadas por organizaciones no gubernamentales en un contexto de cierre progresivo del espacio cívico.
«La ausencia de un estado de derecho ha provocado que las instituciones estatales diseñadas para promover y proteger los derechos humanos operen para asegurar la permanencia del partido de gobierno en el poder», indica el organismo.
Añade que falta la de independencia judicial ha hecho posible que cuerpos de seguridad e instituciones del Estado sigan un patrón de represión que se agudizó de forma considerable a partir de 2015.
De esta forma, las detenciones arbitrarias, denuncias de tortura y violencia sexual en centros de reclusión, amenazas a familiares y una inseguridad generalizada han causado que miles de personas opositoras o percibidas como tales deban desplazarse a otros países.
En muchos casos, deciden irse sin la documentación correspondiente debido a las dificultades para obtenerla en territorio venezolano, en los órganos encargados de los trámites de identidad, específicamente en el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).
«Tramitar un pasaporte tiene costos muy elevados en Venezuela, lo cual, sumado a la situación económica por la que atraviesa dicho país, hace casi imposible realizar este trámite. La información disponible indica que el costo total de un pasaporte por diez años podría equivaler a siete salarios mínimos«, explica la Comisión.
2. La mayoría se desplaza por tierra
El informe del CIDH deja en claro que la mayoría de las personas que se desplazan fuera de Venezuela lo hacen por vía terrestre a países de la región. Durante el viaje, usualmente enfrentan graves afectaciones físicas y psicológicas. A esto se le suma la militarización y el cierre de los pasos fronterizos, además de los grupos irregulares y el crimen organizado que se dedica a captar migrantes vulnerables para la trata o el trabajo forzado.
«Aunque no existen cifras oficiales que permitan establecer con precisión los lugares de destino, se ha documentado que muchas de ellas buscan llegar además de Colombia y Brasil, a Ecuador, Perú y Chile. Otras usan la ruta de los países andinos para seguir hasta Bolivia y Argentina», señala el documento.
Recuerda también que otras personas, entre adultos, adolescentes y niños, utilizan rutas marítimas para llegar a Colombia. A partir de allí se desplazan hasta Panamá con la intención de cruzar a pie el Tapón del Darién, una de las rutas más peligrosas del mundo debido a su topografía, catalogada como una trampa mortal por los que han logrado atravesarla.
Así mismo, indica que quienes son discriminados con mayor regularidad son las personas afrodescendientes e indígenas.
«Las expresiones racistas y los discursos estigmatizantes son especialmente graves cuando provienen de altas autoridades, pues contribuyen a que exista tolerancia
hacia la violencia institucional en perjuicio de las personas provenientes de Venezuela», denuncia.
3. Mujeres y niñas corren más riesgo
«En términos generales, durante el desplazamiento, las mujeres enfrentan riesgos de sufrir violencia basada en género por los estereotipos que pesan sobre ellas y la hipersexualización de sus cuerpos. A esto se suma la intersección con otros factores de discriminación, como es el origen étnico y racial y la condición socioeconómica», explica el informe.
Señala que el desplazamiento forzado incrementa la vulnerabilidad de las niñas y mujeres venezolanas, que corren peligro de ser captadas por redes clandestinas o traficantes que prometen ayudarlas a eludir controles fronterizos.
La Comisión afirma que hay una relación directa entre la falta de un estatus regular, la ausencia de redes de apoyo, la pobreza y el riesgo de ser víctima de violencia de género. Por ejemplo, advierte que aquellas mujeres que no cuentan con recursos para pagar a grupos armados en la frontera entre Colombia y Venezuela son obligadas a realizar actos sexuales, lo que se denomina «sexo transaccional».
«La pérdida generalizada de ingresos de las mujeres que salen de Venezuela las ha hecho más propensas a ser captadas por redes de tratantes. La Comisión recuerda que el crimen de trata de personas no afecta únicamente a las mujeres y las niñas, pero sí las afectas de manera desproporcionada», puntualiza el documento.
4. La condición de persona refugiada
La CIDH insiste en que los países de acogida en el continente deben reconocer la condición de persona refugiada a quienes salen de Venezuela, como ya señaló el organismo en Resolución 2/2018:
«… atendiendo a la definición de la Declaración de Cartagena que cobija a quienes huyen de la violación masiva de derechos humanos. De esta manera, se ofrece a esas personas una protección integral y holística».
La Comisión también reconoció los mecanismos de protección para migrantes implementados por algunos Estados latinoamericanos. Sin embargo, aclaró que son transitorios y hasta ahora no han podido responder integralmente al problema del desplazamiento.
«Algunos procedimientos migratorios de la región relacionados con el ingreso, permanencia y expulsión de los territorios no observan las garantías del debido proceso. Esto facilita aplicaciones discriminatorias y por ende arbitrarias. Además, las expone a ser regresadas a territorios donde su vida, integridad y libertad personal están en riesgo, trasgrediendo así el principio de no devolución», concluyó.
5. Se necesita una respuesta coordinada
Finalmente, la CIDH insistió en la necesidad de una respuesta efectiva, holística y coordinada en la región para atender el desplazamiento forzado de venezolanos y garantizar los derechos humanos de los migrantes.
Así mismo, ofreció cooperación técnica para implementar mecanismos eficientes. Pidió además a países receptores garantizar el ingreso de migrantes y adoptar medidas para garantizar la reunificación familiar. La implementación de planes que permitan identificar a aquellos que se encuentren más vulnerables es clave, agregó.
Sobre la condición de refugiado, indicó que es fundamental que este reconocimiento se dé a través de «procedimientos justos y eficientes» que garanticen el derecho a recibir asistencia o a laborar dentro del país.
«Entre los que se encuentran la posibilidad de realizar la determinación para el reconocimiento de la condición de refugiado prima facie o de manera grupal; lo que implica el reconocimiento colectivo o en grupo de personas como refugiadas, sin necesidad de realizar una evaluación individualizada», sostiene el documento.