El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-Ucab) exigió al Ejecutivo nacional que la pandemia del COVID-19, como nueva emergencia, no puede ser una excusa para profundizar la violación sistemática de derechos humanos.

A través de un comunicado el instituto manifestó que las vulneraciones a los derechos civiles y políticos les resultan preocupantes, en un contexto de estado de excepción que se ha prolongado desde hace cuatro años.

Señalan que la declaratoria de estado de alarma nacional no cumple con los requisitos constitucionales de legitimidad, y en consecuencia se presta para una mayor vulneración de derechos fundamentales.

“La lógica del ‘enemigo interno’ ha sido utilizada como un mecanismo para validar la criminalización hacia sectores críticos al gobierno: políticos opositores, periodistas, activistas, trabajadores y defensores de derechos humanos”, resume el CDH-Ucab.

El Centro de Derechos Humanos reiteró que los diputados Juan Requesens, Gilber Caro, Renzo Prieto, Ismael León y Tony Gaera están detenidos. Se les violó su inmunidad parlamentaria, el derecho al debido proceso y a la justicia e integridad personal.

También recordaron que al menos cinco personas, que trabajan con el presidente encargado Juan Guaidó, fueron detenidas en las últimas semanas de marzo por las autoridades policiales del gobierno de Maduro.

CDH-Ucab critica plan furia bolivariana

El CDH-Ucab criticó el plan “furia bolivariana”, promovido a través de altos funcionarios como el propio gobernante Nicolás Maduro y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) Diosdado Cabello.

“El domingo 29 de marzo, sedes de partidos políticos opositores, así como las fachadas de las residencias de activistas, dirigentes partidistas y diputados de la Asamblea Nacional, o sus familiares, amanecieron con pintas o graffitis con mensajes de intimidación, firmados por la furia bolivariana”. Bajo esta modalidad, fueron amenazadas al menos 15 personas, entre ellas periodistas, activistas y diputados.

Ante las arbitrariedades documentadas, el instituto exigió que cesara la persecución en represalia por el ejercicio legítimo de los derechos humanos, entre ellos a la participación y a la libre expresión que siguen estando vigentes aún en estados de excepción.

Pidieron investigar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales por las acciones represivas, detenciones arbitrarias y privaciones ilegítimas de libertad, antes y durante la vigencia del estado de emergencia.

E instaron a acabar con las prácticas intimidatorias y el discurso estigmatizante hacia quienes cuestionan, critican o se oponen al gobierno; evitar declaraciones hostiles que buscan inhibir el debate público.

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