Este lunes 8 de abril, el gobierno de Nicolás Maduro presentará los argumentos sobre la disputa del Esequibo con Guyana. Venezuela debería presentar ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) los títulos que demuestran su soberanía sobre el Esequibo y así prolongar su defensa sobre este territorio en reclamación.
Para el profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Kenneth Ramírez, Venezuela podría enviar únicamente un memorándum para dar a conocer su posición sobre la nulidad del Laudo de París de 1899.
“Esperamos que, por el bien de nuestros intereses nacionales de Venezuela, este nuevo Memorándum no tenga debilidades y no carezca de pruebas contundentes para rebatir a Guyana, tal como ocurrió con el enviado en la fase de jurisdicción”, dijo Ramírez a Efecto Cocuyo.
Sin embargo, asegura que las recientes acciones del gobierno venezolano han llevado al país a una suerte de aislamiento diplomático.
“Todo esto amenaza el trabajo realizado por varias generaciones de venezolanos para lograr un resarcimiento moral y material para Venezuela del despojo sufrido en el siglo XIX y compromete la propia viabilidad futura de nuestra justa reclamación de la Guayana Esequiba”, explicó el doctor Kenneth Ramírez.
La aprobación de la ley de defensa del Esequibo tiene efectos internos, pero no externos
El pasado 4 de abril fue promulgada la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba. El propio Nicolás Maduro celebró el hecho y firmó la aprobación de dicha medida.
Sin embargo, el profesor Kenneth Ramírez subraya que esta regulación tendrá efectos en Venezuela, pero no a nivel externo.
“Así no funciona el Derecho Internacional, y el Poder Ejecutivo lo sabe muy bien. También lo saben gobiernos cercanos al Poder Ejecutivo como el Gobierno de Brasil: el Asesor Presidencial para Asuntos Internacionales del Presidente Lula, Celso Amorim, ha señalado recientemente que la citada Ley debe ser considerada como “simbólica” en el exterior”, resaltó.
Alerta que Venezuela no debería optar por la “no comparecencia” este lunes 8 de abril porque esto “sólo aumenta las probabilidades de una hipotética sentencia adversa a los intereses de Venezuela, ya que no contará con un juez ad hoc ni tendrá participación en las audiencias orales”.
“Por último, pero no por ello menos importante, en lugar de fomentar la unidad nacional para mantener la controversia en términos políticos independientemente de lo que ocurra en la CIJ, el Poder Ejecutivo ha estado instrumentalizando la reclamación para cálculos de política interna y fomentando la división, lo cual es una falta grave a nuestros intereses nacionales. Una casa dividida contra sí misma, no prevalece”, sentenció Ramírez.
¿Qué viene para Venezuela en la disputa por el Esequibo?
El profesor Kenneth Ramírez explica que si Venezuela decide no comparecer ante la CIJ esto no quiere decir que el ente decidirá automáticamente a favor de Guyana. Recordó que el Artículo 53 del Estatuto de la CIJ indica que “cuando una de las Partes no comparezca ante la Corte, o se abstenga de defender su caso, la otra Parte podrá pedir a la Corte que decida a su favor”, pero previo a dictar la decisión, “la Corte debe asegurarse de que tiene competencia y que la demanda está bien fundada en cuanto a los hechos y al derecho”.
Esto se traduce en que, a pesar de que la no comparecencia dificultará la defensa de los intereses de Venezuela, “la CIJ antes de emitir su sentencia sobre el fondo del caso, tomará en cuenta cualquier información sobre los hechos y pretensiones jurídicas de Venezuela como Parte no compareciente; es decir, tendrá en consideración el Memorándum que seguramente enviará el Poder Ejecutivo, tal como lo hizo en la fase de jurisdicción”, afirmó Kenneth Ramírez.
Sobre los lapsos de tiempo que podría demorar la CIJ, aseguró que se podría esperar alguna decisión entre 2025 y 2026. “Nuevamente, tomando en cuenta los lapsos procesales que hemos venido observando, quizás entre finales de 2025 y el primer semestre de 2026, la CIJ emita una sentencia sobre el fondo del caso, es decir, sobre la validez o nulidad del Laudo de 1899”, sentenció el doctor Kenneth Ramírez.