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El apoyo manifestado por Nicolás Maduro a las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), corresponde a la falta de compromiso para corregir las violaciones a los derechos humanos detalladas en el informe de Michelle Bachelet, afirmó Rafael Uzcátegui, director del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).

«Solo ratifica que no hay voluntad del gobierno por rectificar las violaciones a los derechos humanos y van a continuar los mecanismo de control social. No están comprometidos», dijo Uzcátegui.

Maduro, durante un acto de graduación de  PNB, este miércoles 17 de julio, reafirmó «todo el apoyo para las Faes en su labor diaria para darle seguridad al pueblo de Venezuela». Esto deja de lado las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos (Acnudh), que sugirió disolver este cuerpo especial de seguridad de la PNB.

Para Uzcátegui esto significa que continuarán los mecanismos de control social para mantener al margen las protestas y también las violaciones a los derechos humanos a manos de estos funcionarios.

Según el informe emitido el pasado 4 de julio, el Acnudh «documentó casos de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por fuerzas de seguridad llevadas a cabo en vecindarios pobres», en presuntos enfrentamientos que la oficina cree dudosos.

El gobierno de Maduro notificó, entre enero y 19 de mayo, 1.569 muertes violentas «por resistencia a la autoridad», sin embargo, «la información analizada por el Acnudh indica que muchas de esas muertes violentas pueden constituir ejecuciones extrajudiciales». En 2018 el mismo gobierno registró 5 mil 287 muertes violentas en esa categoría.

Los funcionarios de la oficina de Bachelet entrevistaron a familiares de 20 asesinados por las Faes entre junio de 2018 y abril de 2019, quienes describieron un mismo modo de actuar de los funcionarios para los operativos en los que resultaban muertas personas que, según los familiares, no se resistieron a la autoridad.

«Las familias de las víctimas describieron cómo las Faes irrumpieron en sus hogares, se apoderaron de sus pertenencias y ejercieron violencia de género contra las mujeres y las niñas (…) separarían a los hombres jóvenes de otros miembros de la familia antes de dispararles, según sus familiares, casi todas las víctimas habían recibido uno o más disparos en el tórax», describe para del informe.

Previo a la ejecuciones, los funcionarios llegaron, según contaron los parientes, «en camionetas negras sin placas de matrícula y bloquearían los puntos de acceso en la zona. Vestían de negro, sin ninguna identificación personal, con pasamontañas cubriendo sus rostros. También llevarían armas largas».

El documento también registró que los funcionarios manipulaban las escenas del delito y las pruebas, además de sembrarles armas, drogas y hasta disparar contra las paredes del sitio para simular un enfrentamiento.

«En muchos casos las Faes llevaron a las víctimas al hospital, aunque éstas ya estaban muertas, aparentemente con el propósito de manipular los cuerpos y modificar la escena del crimen. En algunos casos, las autoridades declararon que las víctimas eran delincuentes antes de que hubiese concluido la correspondiente investigación oficial».

Informe no escuchado

Sin embargo, a pesar de las detalladas denuncias que hizo las Naciones Unidas contra este llamado «grupo exterminio», la administración de Maduro negó veracidad alguna en las pruebas presentadas por estas violaciones a los derechos humanos. Al contrario, Maduro exclamó en el acto: que vivan las Faes.

Incluso, Uzcátegui afirmó que luego de la presentación del informe de Bachelet, hubo una congelación de la relación entre el régimen de Maduro y los funcionarios de la Alta Comisionada que trabajan en el país, a pesar de que el gobernante se comprometió a trabajar por los derechos humanos del país.

«Ellos van a seguir insistiendo en que el convenio se cumpla. Seguirán asesorando para que se cumplan los estándares internacionales (de derechos humanos) y recopilando información», dijo.

El defensor de derechos humanos también destacó que desde la llegada de estos funcionarios, aún no han tenido acceso a los centros de detención, donde se encuentran alrededor de 600 presos políticos.

No obstante, desde Provea, esperan que los trabajos de la oficina de Bachelet sirvan como insumos para que se designe, desde el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que sesionará en septiembre, una comisión de investigación de las Naciones Unidas para dilucidar casos concretos de violaciones a los derechos fundamentales.

«Esto le suma peso al informe final del caso venezolano en la Corte Penal Internacional (CPI). Además, si los acuerdos (del informe de Bachelet) no se cumplen, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tendrá que tomar medidas adicionales»

Al menos 240 muertes

María Hernández, vocera de la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) afirmó que un respaldo a las Faes, significa ignorar a la víctimas y las violaciones de derechos humanos.

«Es bastante alarmante y llamativo, porque no existe disposición (del gobierno) para corregir las violaciones a los derechos humanos», expresó.

Esta organización registró en el Zulia la muerte violenta de 240 personas por acciones de fuerzas de seguridad, entre enero y junio de este año. Es el resultado de 182 hechos violentos con intervención policial, en las cuales las víctimas fueron señaladas como delincuentes. En el registro solo murió un funcionario.

«Son calificados como presuntos enfrentamientos. Pero, además, las Faes es el organismo que más ha cometido ejecuciones extrajudiciales». Las Faes, según el estudio, participaron en 25% de las acciones violentas en ese periodo.

Además, Hernández alertó la urgencia de que se cumplan las recomendaciones del informe de Bachelet, como estrategia para reducir las violaciones a los derechos humanos.

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