Amnistía Internacional: Ataque a derechos humanos de venezolanos traspasa fronteras - Efecto Cocuyo

LA HUMANIDAD · 20 FEBRERO, 2019 19:14

Amnistía Internacional: Ataque a derechos humanos de venezolanos traspasa fronteras

Texto por Vanessa Moreno Losada | @MoreLosada24

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Escapan de una crisis y entran en otra. Amnistía Internacional (AI) tiene en sus registros que desde 2015 son tres millones de venezolanos los que han huido del país, de la crisis económica, sanitaria y social. Viajan en condiciones precarias, con padecimientos físicos no tratados en Venezuela y con destino incierto. A pesar de ser recibidos en otras naciones, su calidad de vida y derechos humanos no están garantizados.

«Llegan a países fronterizos que, de por sí tienen situaciones de violación de derechos humanos en sus propias poblaciones, y no están incapacitados para atender a los migrantes. La crisis de los derechos humanos ha cruzado fronteras. El sufrimiento también se ha desplazado fuera de Venezuela», expuso Erika Guevara, directora para las Américas de AI.

Ella fue la encargada de presentar las conclusiones de un informe sobre la represión que se vivió en una semana de enero de 2019: del 21 al 25 de enero. AI destacó el patrón de violación de derechos humanos y el encubrimiento de las autoridades venezolanas sobre estos crímenes.

La directora para las Américas relató que desde 2014, AI ha documentado una profunda crisis de derechos humanos que se une a una crisis de institucionalidad. Para 2019, esta situación se puso aún más en evidencia con la respuesta oficial a las protestas civiles.

El estudio de las situaciones que se generaron en esa semana de enero permitió a AI concluir que hay una política sistemática generalizada de represión. Para ello, Nicolás Maduro usa a las fuerzas de seguridad, quienes ejecutan una represión selectiva en sectores populares. Nuevamente aparecen denunciados los integrantes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) con sus Fuerzas de Acciones Especiales (Faes).

Es así cómo las principales víctimas son los sectores populares, que de por sí ya estaban marginadas y que padecen las consecuencias de la crisis económica y social de Venezuela.

El patrón de las ejecuciones

Investigadores de AI fueron hasta Lara, Yaracuy, Vargas y distintas localidades de Caracas, entre el 31 de enero y el 17 de febrero. Recabó más de 50 testimonios y documentó 15 casos de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional.

Entre éstas se encuentran seis ejecuciones policiales a manos de las Faes.  Todas con un modus operandi similar. En todos los casos, las víctimas tenían algún vínculo con las protestas en días anteriores y las denuncias de varios de ellos en contra de Nicolás Maduro se habían vuelto virales en redes sociales.

Las seis víctimas eran hombres jóvenes a quienes las autoridades presentaron públicamente como muertos en enfrentamiento con las Faes. Esta fuerza pública manipuló las escenas de crimen, y pintó a las víctimas como delincuentes, refiriendo que varios de ellos tenían antecedentes penales en un intento de justificar las muertes.

Uno de ellos fue Johnny de La Vega. Un joven que el 23 de enero había hecho viral un video en el que pedía un cambio de Gobierno, pese a ser un habitante de uno de los sectores utilizados por Maduro como bandera política. El 25 de enero, dos días después, las Faes llegó a su casa. Sometieron a sus parientes, le dispararon y sacaron su cuerpo de allí. Los oficiales simularon un enfrentamiento en un procedimiento que duró seis horas.

«Después le presentaron a su familia un cuerpo con disparos de bala en el abdomen. Estas heridas tienen una intencionalidad letal. Lo presentan como un criminal, cuando Johnny era un joven que buscaba un cambio del ejercicio fundamental de derechos», narró Guevara.

Guevara aseguró que hay 98% de impunidad en casos de violaciones de derechos humanos. Esto se lee como un encubrimiento de los crímenes en Venezuela y como parte de la fórmula de terror que las autoridades venezolanas bajo el mando de Nicolas Maduro aplica a la población.

Advirtió que ante el debilitamiento de la institución del sistema de justicia de Venezuela, la vía internacional sea la salida para aplicar justicia a estos casos. Indicó que en las investigaciones levantadas encontraron casos en los que ni siquiera se toma la declaración de las víctimas o testigos.

Además Guevara precisó que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional podría considerar estos hechos, y de hallarlos fundados, incorporarlos como parte del examen preliminar ya en curso sobre Venezuela.

«Es indispensable que las autoridades legislativas puedan poner un candado legal para que no haya impunidad en estas violaciones de derechos humanos y que para los perpetradores intelectuales y materiales enfrenten la justicia», aclaró la representante de Amnistía Internacional ante la Ley de Amnistía que promueve la Asamblea Nacional.

Contexto de la crisis

Marcos Ponce, del director del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, estuvo presente en la rueda de prensa. Informó que en 2018 registraron la cifra récord de 12.715 protestas. Agregó que 89 % de ellas fueron para exigir derechos económicos, sociales y ambientales. Los que más protestaron fueron los vecinos de zonas populares.

Luisa Kislinger, directora de Mujeres en Línea, relató las dificultades que deben enfrentar las mujeres en Venezuela. «No tienen atención del embarazo adecuado y por eso la mortalidad materna aumenta. Si el sistema de salud no puede atender un proceso biológico, que no es una enfermedad, está difícil que esté en capacidad de atender condiciones de mayor complejidad», advirtió.

También precisó que 60% de las mujeres embarazadas evaluadas por Cáritas, en el primer trimestre de 2018, tenían síntomas de desnutrición. «Las mujeres no pueden siquiera protegerse de un embarazo no deseado», agregó.

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