La organización defensora de derechos humanos Amnistía Internacional emitió una alerta global en la que llama la atención sobre el riesgo que enfrentan las ONG en Venezuela, después de que este martes se aprobara en primera discusión una ley que busca regular el funcionamiento de estas instancias de la sociedad civil.
«La Asamblea Nacional de Venezuela dio su primer paso para aprobar un proyecto de ley que busca controlar, restringir y potencialmente criminalizar y cerrar las ONG que operan en Venezuela», dice parte de la alerta global que emitieron este 25 de enero, un día después de que el Parlamento de mayoría chavista dio el primer visto bueno a la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines.
Más adelante pidieron al Poder Legislativo que desde enero de 2021 controla el chavismo a frenar la discusión y el avance de este proyecto.
«Hacemos un llamado a la Asamblea Nacional para que ponga fin de inmediato a este proyecto de ley y cese todos los ataques a la sociedad civil», dijo Amnistía Internacional.
La propuesta la presentó el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y jefe del bloque parlamentario del chavismo, Diosdado Cabello, quien señaló a unas 62 ONG de hacer proselitismo político en el país.
El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, conminó a las ONG a inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) como partidos políticos, al cuestionar las denuncias que hacen por las violaciones a los derechos humanos en el país.
Te sugerimos: Claves del proyecto de Ley que busca “regular” a las ONG en Venezuela
El proyecto consta de 17 artículos y dos disposiciones transitorias. Obliga a las organizaciones no gubernamentales a inscribirse en un registro, seguir las directrices que dispongan los ministerios del Ejecutivo venezolano según las competencias que tengan, mientras que las ONG extranjeras deberán solicitar permiso o habilitación ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Además, el Poder Ejecutivo podrá supervisar, inspeccionar, controlar y sancionar a las ONG, según lo establece el artículo 13 de la normativa.
Ante esto, Amnistía Internacional advirtió el riesgo que corren las ONG en el país, especialmente porque su labor de documentación sobre las violaciones a los derechos humanos ha permitido sistematizar denuncias que investigan organismos como la Corte Penal Internacional (CPI) y la Oficina de Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
«Si se aprueba este proyecto de ley, todas las ONG venezolanas tendrán que cumplir con medidas abusivas o enfrentar un proceso penal. Las medidas incluyen la divulgación de información sobre su financiamiento, personal y gobierno, y violarían los derechos de asociación, privacidad y otros, poniendo a las ONG y sus beneficiarios en grave riesgo de criminalización y represalias», dijo la ONG internacional.
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Más adelante pidieron al Poder Legislativo que desde enero de 2021 controla el chavismo a frenar la discusión y el avance de este proyecto.
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La propuesta la presentó el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y jefe del bloque parlamentario del chavismo, Diosdado Cabello, quien señaló a unas 62 ONG de hacer proselitismo político en el país.
El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, conminó a las ONG a inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) como partidos políticos, al cuestionar las denuncias que hacen por las violaciones a los derechos humanos en el país.
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Además, el Poder Ejecutivo podrá supervisar, inspeccionar, controlar y sancionar a las ONG, según lo establece el artículo 13 de la normativa.
Ante esto, Amnistía Internacional advirtió el riesgo que corren las ONG en el país, especialmente porque su labor de documentación sobre las violaciones a los derechos humanos ha permitido sistematizar denuncias que investigan organismos como la Corte Penal Internacional (CPI) y la Oficina de Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
«Si se aprueba este proyecto de ley, todas las ONG venezolanas tendrán que cumplir con medidas abusivas o enfrentar un proceso penal. Las medidas incluyen la divulgación de información sobre su financiamiento, personal y gobierno, y violarían los derechos de asociación, privacidad y otros, poniendo a las ONG y sus beneficiarios en grave riesgo de criminalización y represalias», dijo la ONG internacional.