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Una revisión especial a la Defensoría del Pueblo de parte del Subcomité de Acreditación de la Alianza Global de Instituciones de Derechos Humanos (Ganhri, por sus siglas en inglés), la Organización de Naciones Unidas (ONU) recomendó degradar la institución venezolana a clase B. 

Ante las graves denuncias de violaciones de derechos humanos en el país, diversas organizaciones de DDHH en Venezuela realizan una campaña en redes sociales que aprueban el informe presentado el pasado viernes 12 de agosto.

La campaña que apoyan organizaciones como Provea y el Centro DDHH de la Ucab se hace notar en las redes bajo el hashtag #AltoYClaro que hace referencia a la solicitud del Subcomité al actual defensor del pueblo, Tareck William Saab, a «hablar alto y claro» con respecto a las evaluaciones realizadas de casos de violaciones de derechos en Venezuela.

Por no hablar #AltoyClaro en caso de La Tumba, la @Defensoria_Vzla fue degradada a categoría B por la ONU pic.twitter.com/WUpExFux2L

— PROVEA (@_Provea) 13 de agosto de 2016

Conozca en claves los argumentos presentados por la ONU para hacer esta propuesta que desprestigia a la Defensoría del Pueblo en Venezuela.

1.  Por las «medidas adoptadas» o «ausencia de estas», y «declaraciones hechas» o «ausencia de estas» durante la actual situación de inestabilidad y protestas durante el 2014.
2. También, la organización evaluó los tweets publicados desde la cuenta de la Defensoría y la cuenta personal de la red social Twitter de la Defensora, Gabriela Ramírez, quien era la titular del cargo durante el 2014, encontrando proselitismo político.
3. La ONU también consideró la parcialidad política de las autoridades de la institución venezolana frente a los medios de comunicación, como fue el caso de Gabriela Ramírez, quien afirmó en una entrevista ser «chavista», entre otros casos.
4. Por no haber hecho declaración alguna sobre cuestiones críticas de derechos humanos en el país. Por ejemplo: juicios de civiles en tribunales militares y juicios penales de líderes sindicales por ejercer su derecho constitucional de huelga y protesta.
5. En definitiva, el Subcomité condena que la Defensoría del Pueblo «no ha hablado alto y claro sobre las principales cuestiones de derechos humanos».

Finalmente, Ganhri alienta a Saab a  que hable «alto y claro» en relación con las principales cuestiones de derechos humanos en el país. También, solicita que su intervención sea «equilibrada», «objetiva» e «imparcial».

Foto: Provea