Desde la sede del Palacio de Justicia en Caracas, el equipo defensor de la abogada Rocío San Miguel alertó que no solamente desconocen el paradero de la activista de derechos humanos detenida el 9 de febrero, sino de otros cinco familiares, incluida su hija Miranda Díaz San Miguel y su padre.
En declaraciones a la prensa, el abogado Juan González Taguarico precisó que se trata de Miguel Ángel San Miguel Sosa y Alberto San Miguel Quigosos, ambos hermanos de Rocío San Miguel; Víctor Díaz Paruta, militar retirado, exesposo y padre de Miranda Díaz; Alejandro González Canales, expareja de la abogada, además de la hija.
«No damos con ellos, hemos estado comunicándonos y no ha sido posible. Observen la gravedad de esta situación, una detención que se extiende hasta el grupo familiar o a toda persona que se le vincule afectiva o familiarmente. Es terrible», expresó González Taguarico.
Presumen que Miranda Díaz y su papá fueron apresados también en el aeropuerto, pero alrededor de las 5:30 p.m de este domingo 11 de febrero, cuando se presentaron a retirar las maletas que llevaría San Miguel al viaje.
En relación con el resto de las personas, al parecer fueron buscadas por los organismos de seguridad en sus respectivas residencias.
«Extraoficialmente conocimos que hicieron allanamientos en las casas de los hermanos y la expareja ayer y se los llevaron detenidos, esto según versiones de vecinos. Esperamos que el fiscal así como se vio obligado a admitir la detención de Rocío San Miguel por presión de los medios, también se vea forzado a informar que está pasando con los familiares», dijo el abogado en declaraciones posteriores a Efecto Cocuyo.
Presentan hábeas corpus
González Taguaricó informó además que presentaron un hábeas corpus en el Tribunal Segundo de Primera Instancia Municipal en funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la jueza Haydée Cecilia Oliveros, para solicitar la libertad plena y seguridad personal de la activista de DDHH, ante la gravedad de las irregularidades que se presentan en su caso.
El tribunal debe dar respuesta en 96 horas, de acuerdo con la defensa. El abogado pidió tener en cuenta que el fiscal Tarek William Saab admitió la detención de San Miguel más de 48 horas después en las que debió ser presentada en un tribunal y que aunado a ello no precisa si fue presentada, si se le dictó privativa de libertad y bajo qué cargos ni dónde está detenida.
«Esa detención dejó de ser legítima porque pasaron 48 horas, se hace inconstitucional, lo que debería ocurrir con el hábeas corpus es que salga en libertad de inmediato, pero sabemos la debilidad institucional, entonces al menos esperamos tener la información que requerimos, dónde está Rocío San Miguel y a la orden de qué tribunal está, para ejercer la defensa», agregó el abogado.
San Miguel fue detenida en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, la madrugada del 9 de febrero, cuando se disponía a viajar en compañía de su hija, Miranda Díaz San Miguel. El abogado relató que, según información aportada por la hija, se encontraban en control migratorio en momentos en que un funcionario del Saime le pidió a San Miguel acompañarlo a una oficina, hasta que llegaron funcionarios que la joven de 24 años identificó como del Sebin.
Dos días después, Tarek William Saab confirmó que San Miguel fue apresada de acuerdo con una orden de captura en su contra, emitida, según dijo, desde el pasado 22 de enero, por su supuesta vinculación con la operación «brazalete blanco», dirigida al asesinato del gobernante Nicolás Maduro.
Notificada embajada de España
González Taguarico tildó de «absurdas e infundadas» las acusaciones del fiscal. Entre las diligencias practicadas por la defensa de San Miguel, mencionó, acudieron a la Oficina de Distribución de Documentos de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y allí les indicaron que el único asunto registrado en el sistema, donde aparece un caso relacionado con San Miguel, es la acción de amparo constitucional que la defensa introdujo este lunes 12 de febrero.
«Vale decir que no ha ingresado ningún asunto, ni antes ni hasta hoy, donde se señale a Rocío San Miguel como autor o partícipe de un delito o se le indague por alguna causa», subrayó.
El abogado señaló además que hacen articulaciones con organismos internacionales de derechos humanos que están al tanto de la situación, así como con la representación diplomática del gobierno de España en Venezuela, debido a que San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, también posee nacionalidad española. Esto con el fin de que puedan apoyar con su localización y liberación.