De acuerdo con el informe Victimización de Personas Mayores en Venezuela, de la Asociación Civil Convite, en el primer trimestre de 2021 se registraron por lo menos 102 muertes violentas de adultos mayores en el país. El promedio de edad fue de 68 años.
De estas muertes, 44 % fueron clasificadas como violentas por causas específicas, ocurridas en hechos atribuibles al crimen, teniendo como principal móvil el robo.
Este informe también denuncia que ocho de las muertes registradas son atribuibles a la responsabilidad directa del Estado, pues es “potencialmente responsable por no brindar protección a la vida de manera oportuna”. Estos decesos incluyen inanición, tortura, tratos crueles y falta de atención.
Asimismo, se registraron siete suicidios y 24 fallecimientos por accidentes laborales, vehiculares, domésticos u otros.
Un poco más de un cuarto (26,5 %) del total de estas muertes se concentró en el Área Metropolitana de Caracas (17) y en los estados Aragua (15) y Lara (10). Otros seis estados del país concentraron el 35 % de este segmento poblacional: Zulia 8, Carabobo, Táchira y Trujillo, con seis muertes violentas cada uno y Bolívar y Anzoátegui con cinco.
Además, se registró que hubo 1.353 decesos de personas mayores por COVID-19 o por causas asociadas a esta enfermedad, entre enero y finales de junio de 2021.
Veinte de los responsables de estas muertes tenían alguna conexión, relación o parentesco directo con las víctimas (familiares directos, vecinos, amigos, conocidos o parejas):
En estos crímenes el móvil principal fue el robo y otros sucedieron en medio de discusiones o riñas.
La gran mayoría de estos homicidios permanecen impunes, pues sólo en el 26 % de los casos registrados se identificaron, capturaron e imputaron a los victimarios, según Covite.
Las muertes violentas con responsabilidad directa del Estado “se refieren a acciones, inacciones, omisiones y consentimientos, directos o incitados, persistentes e inducidos por parte de gobiernos o autoridades oficiales, cuya consecuencia, mediata o inmediata, es el fallecimiento temprano de personas mayores”.
Durante el primer semestre del año 2021 se documentaron ocho muertes violentas relacionadas con la responsabilidad directa del Estado, provocadas por la explosión de bombonas de gas, contagio de tuberculosis en prisiones, balas perdidas o infartos en colas por gasolina.
Se observó que las muertes violentas con responsabilidad directa del Estado, sucedieron en siete entidades federales. El estado donde se presenta la mayor incidencia de este tipo de muertes es Lara, con dos muertes de hombres mayores en situación de privativa de libertad
Sobre esto, “se tiende a pensar que tanto las muertes violentas por causas específicas como las causadas por descuido, negligencia o impericia resultan de la violencia entre particulares y no deberían ser imputables a las responsabilidades de un Estado”.
Muertes violentas por otras causas específica
Entre las causas más frecuentes, del total de muertes violentas, se identificó:
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De acuerdo con el informe Victimización de Personas Mayores en Venezuela, de la Asociación Civil Convite, en el primer trimestre de 2021 se registraron por lo menos 102 muertes violentas de adultos mayores en el país. El promedio de edad fue de 68 años.
De estas muertes, 44 % fueron clasificadas como violentas por causas específicas, ocurridas en hechos atribuibles al crimen, teniendo como principal móvil el robo.
Este informe también denuncia que ocho de las muertes registradas son atribuibles a la responsabilidad directa del Estado, pues es “potencialmente responsable por no brindar protección a la vida de manera oportuna”. Estos decesos incluyen inanición, tortura, tratos crueles y falta de atención.
Asimismo, se registraron siete suicidios y 24 fallecimientos por accidentes laborales, vehiculares, domésticos u otros.
Un poco más de un cuarto (26,5 %) del total de estas muertes se concentró en el Área Metropolitana de Caracas (17) y en los estados Aragua (15) y Lara (10). Otros seis estados del país concentraron el 35 % de este segmento poblacional: Zulia 8, Carabobo, Táchira y Trujillo, con seis muertes violentas cada uno y Bolívar y Anzoátegui con cinco.
Además, se registró que hubo 1.353 decesos de personas mayores por COVID-19 o por causas asociadas a esta enfermedad, entre enero y finales de junio de 2021.
Veinte de los responsables de estas muertes tenían alguna conexión, relación o parentesco directo con las víctimas (familiares directos, vecinos, amigos, conocidos o parejas):
En estos crímenes el móvil principal fue el robo y otros sucedieron en medio de discusiones o riñas.
La gran mayoría de estos homicidios permanecen impunes, pues sólo en el 26 % de los casos registrados se identificaron, capturaron e imputaron a los victimarios, según Covite.
Las muertes violentas con responsabilidad directa del Estado “se refieren a acciones, inacciones, omisiones y consentimientos, directos o incitados, persistentes e inducidos por parte de gobiernos o autoridades oficiales, cuya consecuencia, mediata o inmediata, es el fallecimiento temprano de personas mayores”.
Durante el primer semestre del año 2021 se documentaron ocho muertes violentas relacionadas con la responsabilidad directa del Estado, provocadas por la explosión de bombonas de gas, contagio de tuberculosis en prisiones, balas perdidas o infartos en colas por gasolina.
Se observó que las muertes violentas con responsabilidad directa del Estado, sucedieron en siete entidades federales. El estado donde se presenta la mayor incidencia de este tipo de muertes es Lara, con dos muertes de hombres mayores en situación de privativa de libertad
Sobre esto, “se tiende a pensar que tanto las muertes violentas por causas específicas como las causadas por descuido, negligencia o impericia resultan de la violencia entre particulares y no deberían ser imputables a las responsabilidades de un Estado”.
Muertes violentas por otras causas específica
Entre las causas más frecuentes, del total de muertes violentas, se identificó: