La investigación realizada por la organización civil Convite, entre enero y diciembre del año 2020, refleja que 372 personas mayores perdieron la vida de forma violenta.
El informe discrimina las muertes de la siguiente manera:
- 178 por causas imputables a la delincuencia;
- 69 por descuido, negligencia o impericia (violencia agravada, arrollamientos o accidentes provocados),
- En 46 muertes detectaron responsabilidad del Estado (inanición, tortura o tratos crueles, o falta de atención),
- En 79 muertes violentas de otro tipo (suicidios o accidentes).
La mayoría de los adultos mayores que fallecieron en estas circunstancias tenían entre 60 y 80 años de edad, 275 eran hombres y 97 mujeres.
En cuanto a los estados con las cifras más altas de fallecimientos violentos se encuentran el Área Metropolitana de Caracas (36), Lara (35), Anzoátegui (33) y Zulia (30).
De acuerdo a lo señalado en el Informe de Victimización de Personas Mayores, estas muertes pudieron prevenirse, evidencian la negligencia y el incumplimiento de las obligaciones por parte del Estado venezolano, frente a amenazas procedentes de particulares y de entes público o privados.
“Las muertes violentas de personas mayores están vinculadas a la responsabilidad del Estado porque su obligación, establecida en los diferentes acuerdos y convenciones internacionales, es proteger, cuidar y mantener las condiciones materiales de vida que eviten la exposición anticipada al riesgo de morir de las personas mayores.
Sus responsabilidades van desde la garantía del derecho a la vida y a la integridad, hasta el ejercicio pleno de todos los demás derechos humanos”, se lee en el documento.
Muertes por Covid-19
En el segundo semestre de 2020, el estudio realizado por Convite registra un total de 539 muertes de personas mayores por COVID-19 o causas relacionadas.
De esta cifra 71 defunciones corresponden a adultos mayores que trabajaban en el sector salud.
“Estos fallecimientos tienen directa o indirectamente, relación con las acciones u omisiones del Estado, como el no cumplimiento de sus obligaciones dirigidas al sistema de protección de la salud para prevenir las muertes tempranas de las personas mayores”, resalta el informe.
Aquí puede leer completo el informe.