10 claves del nuevo informe de la Misión Internacional de la ONU sobre Venezuela 

Un nuevo informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela se presentó este lunes 22 de septiembre, en el que nuevamente denuncian que la gestión de Nicolás Maduro mantiene una política sistemática de violaciones a los derechos humanos y crímenes contra la humanidad en el país.

El documento, que examina el periodo posterior a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, detalla una continuación de las acciones de represión contra quienes disienten del chavismo gobernante. 

La Misión documentó detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y violencia sexual y de género, tras una investigación por medio de entrevistas y documentos con las cuales detalla que la represión gubernamental resultó en al menos 30 muertes, 25 de las cuales ocurrieron durante las protestas postelectorales, por lo cual señalaron que existen “motivos razonables para creer” que estas forman parte de un patrón de conducta que configura crímenes de lesa humanidad.

El documento también dice que las autoridades venezolanas no cooperaron con la investigación sobre las muertes en las protestas. A pesar de eso la Misión identificó a miembros de las fuerzas de seguridad del Estado como los responsables del uso de armas de fuego contra manifestantes, a diferencia de la versión oficial que atribuye las muertes a grupos no estatales.

En Efecto Cocuyo te dejamos un resumen con 10 puntos clave de las denuncias presentadas por la Misión en su informe más reciente:

☑Asesinatos en protestas

El informe documenta un total de al menos 30 víctimas fatales a causa de la represión gubernamental, de las cuales 25 fueron asesinadas durante las protestas en contra de los resultados electorales de 2024. La Misión sostiene que tiene motivos razonables para creer que las muertes de seis de estas víctimas en la ciudad de Maracay, capital del estado Aragua, fueron causadas por disparos de miembros de los cuerpos de seguridad del Estado. Adicionalmente, el sargento de la GNB José Torrents también murió durante la protesta en Maracay, y la muerte de Walter Páez, herido en una protesta en Carora, fue causada por disparos desde la sede del partido de gobierno.

A pesar de la evidencia de la misión que apunta a la participación de la GNB, el Ejército, la PNB y la Policía Estadal en la represión con armas de fuego, la posición oficial del Ministerio Público es que ninguna de las muertes es atribuible a los cuerpos de seguridad del Estado. 

La Misión documentó que las familias de las víctimas fueron amenazadas por las autoridades con no entregarles los cuerpos si hacían declaraciones públicas o realizaban funerales. 

☑Tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes

La investigación confirma la continuidad de los patrones de violencia física, psicológica y sexual identificados en informes anteriores. 

Aseguran que estas violaciones se infligieron indistintamente a hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes y que entre las técnicas utilizadas se incluyen golpes con bates envueltos en espuma, descargas eléctricas, asfixia con bolsas plásticas, inmersión en agua fría y privación forzada de sueño con el objetivo de obtener confesiones o información.

El organismo detalla el uso de celdas de castigo con el propósito de castigar, intimidar y extraer confesiones de las víctimas y documentaron el uso de celdas como la “Cama de Adolfo” o “El Tigrito” en el centro penitenciario de Tocorón y “Saturno” y “El Tigrito” en Tocuyito. 

“El aislamiento prolongado en celdas de castigo o “tigritos” puede ser constitutivo de tortura o trato cruel, inhumano o degradante. Las descripciones de estas celdas por parte de las víctimas son idénticas a las documentadas por la Misión en informes anteriores: espacios extremadamente reducidos, sin ventilación ni iluminación y sin acceso a servicios sanitarios básicos”. 

¿Por qué se habla de desapariciones forzadas en el caso Venezuela? #EfectoPaz

☑Desapariciones forzadas

La Misión documentó 30 casos de posible desaparición forzada durante este período, incluyendo desapariciones de corta y larga duración. La desaparición forzada más prolongada fue la de Lucas Hunter, un ciudadano estadounidense-francés, quien fue detenido y mantenido en completa incomunicación por 193 días. A pesar de los esfuerzos de su familia y de las gestiones diplomáticas, su paradero fue negado hasta su liberación en un intercambio de prisioneros. 

El organismo reiteró que las desapariciones forzadas se cometen no solo por los cuerpos de seguridad, sino que también involucran al Ministerio Público y tribunales, que encubren el crimen al no garantizar las garantías judiciales básicas, como no recibir recursos de hábeas corpus. 

La Misión documentó al menos 39 casos en los que no se recibieron o tramitaron recursos de hábeas corpus y a pesar de que las altas autoridades del Estado, como Diosdado Cabello y Tarek William Saab han reconocido públicamente la detención de algunas personas, estos reconocimientos han sido genéricos y no han proporcionado detalles sobre su paradero o condiciones.

☑Violencia sexual

La Misión reiteró que la violencia sexual y de género es una herramienta de represión utilizada sistemáticamente para intimidar y humillar a opositores o a personas percibidas como tales y documentaó 22 casos de violencia sexual y de género en seis estados del país, que fueron perpetrados por funcionarios del Estado contra mujeres, niñas, adolescentes y hombres, incluyendo personas Lgbtiq, en entornos coercitivos. Entre los actos documentados se incluyen el sexo transaccional coercitivo, la desnudez forzada, descargas eléctricas en los genitales y amenazas de violación.

Se documentaron casos alarmantes de abuso y explotación sexual contra niñas adolescentes de entre 15 y 17 años. Las víctimas fueron coaccionadas y extorsionadas a mantener relaciones sexuales con el comisario a cargo y otros agentes a cambio de beneficios básicos como poder ir al baño. El informe también destaca el uso de amenazas y violencia para obligar a una adolescente a grabar un video con “acusaciones falsas” contra la hermana de María Corina Machado.

“En este caso, la exigencia a KZ116Q (víctima) de desnudarse como condición para ingresar a una visita penitenciaria configura una violación grave a su dignidad, integridad física y psicológica y a su derecho a la intimidad. La práctica descrita representa una forma de violencia institucional con implicaciones sexuales, al atentar contra el espacio corporal de una menor sin justificación legítima, contraviniendo estándares internacionales. En este caso, KZ116Q relató que sintió vergüenza y una pérdida total de intimidad cuando tuvo que desnudarse delante de las custodias”, señala el informe.

☑ Vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes

La Misión confirmó la detención arbitraria de 220 niños, niñas y adolescentes (NNA) en relación con las protestas de 2024 y 2025. Los NNA fueron interceptados violentamente en la vía pública o en sus hogares, a menudo sin órdenes de aprehensión y tratados como adultos. Muchos fueron imputados por delitos graves como terrorismo e incitación al odio, sin investigaciones previas.

Denunciaron que las audiencias se realizaron fuera del plazo legal de 24 horas, en centros de detención y sin la presencia de sus padres o representantes legales. Además, los NNA fueron recluidos en centros de detención policiales o militares, a menudo junto con adultos, y se les sometió a condiciones de insalubridad y falta de acceso a productos de higiene femenina en el caso de las niñas.

“Según información recabada por la Misión de personas cercanas a los agentes de la PNB, el comisario al cargo y varios agentes hombres violaron y abusaron sexualmente en múltiples ocasiones del grupo de adolescentes, ofreciendo a cambio permitirles ir al baño con mayor frecuencia”.

☑Detenciones arbitrarias

La Misión documentó 200 detenciones arbitrarias entre enero y agosto de 2025, además de 243 en los últimos meses de 2024, y recalcaron que estos son “subregistros de la realidad”. Las detenciones se concentraron en dos picos políticos: la toma de posesión presidencial de enero de 2025 y las elecciones de mayo de 2025. 

La Misión identificó que los agentes del Estado, a menudo encapuchados y sin identificaciones, utilizan violencia desproporcionada y vehículos sin placas para arrestar a personas sin órdenes judiciales, repitiendo un patrón de conducta ya identificado en informes previos.

Constataron el uso de la legislación antiterrorista y de la Ley contra el Odio de manera injustificada para detener a opositores o a personas percibidas como tales y que la Fiscalía no individualiza la conducta de los acusados. 

☑Violaciones al debido proceso y un sistema judicial cooptado

La Misión documentó violaciones continuas al debido proceso, como la negativa a permitir que los detenidos tengan abogados de su elección, y que en muchos casos, se les impusieron defensores públicos que no ejercieron una defensa técnica efectiva.

Detallaron que las audiencias judiciales a menudo se realizaron en centros de detención, en horarios nocturnos o de forma telemática, sin la debida publicidad. La Misión ha identificado a varios jueces involucrados sistemáticamente en estas prácticas. El informe también señala que, en al menos un caso, las autoridades alteraron documentos oficiales y mintieron sobre las fechas de detención para justificar los cargos.

El informe destaca que el sistema de justicia venezolano, incluyendo el Ministerio Público y el sistema judicial, actúa en conjunto con la maquinaria represiva del Estado. 

“Funcionarios del sistema de justicia contribuyen a la materialización de la política de Estado consistente en silenciar y aplastar a personas opositoras o percibidas como tales”,

☑Persecución a personas extranjeras

La Misión documentó 84 casos de detenciones de extranjeros, incluyendo a personas con doble nacionalidad, desde las elecciones de 2024, señalando que el gobierno justifica estas detenciones bajo la base de supuestas conspiraciones internacionales, terrorismo o actividades subversivas, a menudo sin aportar pruebas. 

El organismo identificó un patrón de opacidad en estos casos, que se caracterizan por la falta de transparencia en los procedimientos, la negación de acceso a la protección consular y una incomunicación casi total con el mundo exterior ya que las autoridades no notifican a los consulados de los detenidos ni  informan a estos de su derecho a la asistencia consular.

“Varios países, como Francia, Estados Unidos y los Países Bajos, han emitido alertas de viaje para advertir a sus ciudadanos sobre el alto riesgo de detenciones arbitrarias en Venezuela”.

☑Persecución y criminalización de periodistas y comunicadores

El informe de la Misión documenta un patrón de represión contra periodistas, trabajadores de prensa y comunicadores digitales, con un aumento significativo de violaciones a la libertad de opinión y expresión. Detallaron que la organización Espacio Público registró 619 denuncias por violaciones a la libertad de expresión en 2024, un aumento del 61% respecto al año anterior.

Registraron al menos 18 casos de detenciones de periodistas en el ejercicio de sus funciones, además de otros tres detenidos por su activismo político. Destacaron casos como el de Carlos Correa, director de Espacio Público, quien fue detenido y desaparecido por nueve días y también el de Rory Branker.

☑Acoso a la sociedad civil y defensores de DDHH

La Misión expresó su preocupación por tres leyes que restringen la libertad de expresión, asociación y participación pública: la Ley de Fiscalización de ONG, la Ley contra el Bloqueo Imperialista y el proyecto de Ley Contra el Fascismo.

Añadieron que altas autoridades del Estado, como el Ministro Diosdado Cabello, lanzan amenazas públicas y directas contra organizaciones como Foro Penal y Provea, acusándolas de ser parte de una “estructura terrorista”. El informe documenta cómo estas amenazas se materializaron con las detenciones de sus miembros, como Eduardo Torres, de Provea y Kennedy Tejada de Foro Penal. 

Haga clic aquí para leer el informe completo.