La tarde del martes 12 de noviembre de 2019 Daniel Giraldo no planeaba salir a marchar. Las protestas llevaban casi un mes y ese día había miles de manifestantes en las calles: los sindicatos del país habían convocado a un paro nacional que incluso interrumpió el funcionamiento de puertos y carreteras.
Durante las primeras semanas, Daniel, un joven de 29 años, solía ir a las manifestaciones con colegas del trabajo o amigos de la universidad. “Siempre de lejos, full pacífico”, recuerda.
Él solía estar cerca. Su departamento, universidad y oficina de trabajo estaban a pocas cuadras de la plaza Baquedano, epicentro de la revuelta social. Cruzar ese sector era el camino que siempre debía tomar para volver a casa, algo que Daniel no pensaba mucho así hubiera una protesta.
Pero aquella tarde de primavera quería hacer algo distinto. “Ese día yo no quería ir a la marcha, quería salir a hacer ejercicio”, cuenta dos años después. Incluso recuerda que su novia le dijo que no fuera. Después de pensarlo un rato, se puso un pantalón de buzo, tomó su mochila y salió a la calle. Decidió cruzar hacia la marcha a ver qué pasaba.
Las manifestaciones sociales multitudinarias emergieron en el país en octubre de 2019. El alza en el boleto de metro prendió un malestar generalizado por las deficiencias estructurales en salud, educación, pensiones y salarios que trajo una enorme desigualdad que los chilenos sufrían desde hace décadas.
En las tardes, en la plaza Baquedano y sus inmediaciones, el ambiente era liviano, había música, baile y la gente se disfrazaba y hacía sonar cacerolas al grito de “¡dignidad!”. Pero cuando oscurecía, comenzaban enfrentamientos violentos con Carabineros.
Daniel salió de su casa, los piquetes policiales especializados en el control del orden público ya estaban desplegados por el centro de Santiago de Chile. Alrededor de la plaza Baquedano había incendios y barricadas. “Al poco rato hice muchos intentos de devolverme porque estaba súper pesado el ambiente”, dice.
Un grupo de jóvenes había hecho un escudo con tablas para cubrirse de los disparos de perdigones de Carabineros. Daniel no los conocía, pero estaba junto a ellos en una esquina, intentando protegerse tras una muralla, mientras apuntaba a la policía con un láser verde para cegarlos y dificultarles los disparos.
Dice que a unos 15 metros de él había un carabinero que disparaba de forma generalizada. “Cuando empecé con el puntero láser, empezó a disparar mucho más rápido hacia donde yo estaba”, recuerda. De pronto, en cosa de segundos, el grupo de jóvenes retrocedió y Daniel quedó atrapado entre sus escudos y el piquete de carabineros que se abalanzó rápidamente a su posición.
“Me echo para atrás, me tropiezo, no puedo avanzar, giro y encuentro la pared de escudos. Pienso en correr, pero el carabinero ya está casi encima. Agacho la cabeza, me protejo por lo menos la cara, porque estaba el tema de los ojos. Ahí quedó expuesta la espalda”, relata Daniel.
Su preocupación por cuidar sus ojos estaba basada en los casos que había visto en la prensa de víctimas de lesiones oculares provocadas por carabineros, que sumaban 180 sólo durante las primeras dos semanas de protestas. Cerca de las 19:50 horas, Daniel recibió un disparo que liberó 12 perdigones que se incrustaron en su zona lumbar y lo tumbaron al suelo. Arrodillado de dolor en medio de las piedras de la calle, se tocó la espalda y sintió el plástico de los perdigones. Retiró un pedazo de plástico de su espalda y al acercarlo a su rostro, vio sus manos llenas de sangre. Ningún carabinero se acercó a ayudarlo.
Otros manifestantes se acercaron rápidamente y lo llevaron en brazos hasta un puesto de primeros auxilios de la Cruz Roja a pocos metros donde le limpiaron las heridas. “Yo estaba boca abajo, no podía ni hablar del dolor, apretaba los ojos, la puerta, tenía ganas de morderla, no podía hacer nada”, dice conmovido. Daniel recuerda que cuando la Cruz Roja limpiaba sus heridas le dijeron que todavía tenía los perdigones adentro, que el disparo había sido a quemarropa.
Resquicios técnicos y respuestas falsas
Estuvo cinco días hospitalizado con tratamiento médico y volvió una semana después al trabajo, con las heridas aún abiertas. Él estaba a cargo de los procesos de remuneraciones de una compañía. Luego de tres días, y al finalizar la gestión del pago a 500 trabajadores, le entregaron su carta de despido: el dueño de la empresa se enteró que había sido herido en las manifestaciones y no le gustó. Sin trabajo, dedicó ese tiempo a los controles médicos.
De los 12 perdigones, cinco habían entrado juntos, dejándole un hueco de dos centímetros de ancho en la espalda. Sentía tieso el cuerpo desde el cuello hasta la cintura y el dolor apenas le permitía levantar las piernas o respirar profundo. Las cosas más simples se transformaron en una tortura, como coger el metro porque no podía conducir. “Cuando veía a un guardia de seguridad o a alguien con uniforme, me empezaba a latir el corazón tipo Jumanji, pum pum pum pum, lo sentía en la cabeza, en todos lados”, relata con angustia. Fue al psiquiatra y le diagnosticaron estrés postraumático.
Un mes después del disparo, juntó fuerzas y acudió a la justicia. “Leí que tenía que ir a la comisaría más cercana, pero no lo iba a hacer. Créeme que no lo iba a hacer. Mi pensamiento era: o van a ser agresivos, o se van a burlar de mí, o me van a tomar detenido. La otra opción era ir a Fiscalía, cosa que hice y, aun así, lo hice con miedo y ansiedad”, explica con frustración.
Sin saber la identidad del policía que le disparó, Daniel hizo una denuncia abierta en Fiscalía, dejando en sus manos la investigación. Pasó casi un año y nunca lo llamaron a declarar. En agosto de 2020, Daniel vio por televisión que un teniente de Carabineros estaba siendo formalizado ante la justicia como el presunto autor de los disparos que habían dejado ciego a un joven manifestante llamado Gustavo Gatica.
Quedó paralizado al ver el rostro del policía: estaba seguro de que era el mismo que le había disparado a él. En la marcha le había llamado la atención su altura y había observado con detenimiento su rostro, que quedaba visible bajo el escudo facial transparente que llevaba el carabinero. Se llamaba Claudio Crespo.
Decidió pedir una audiencia con la fiscal a cargo de la investigación para decirle que había reconocido a su agresor. Lo contactaron dos abogados que trabajaban con ella, con los que tuvo una videollamada. Cuenta que se sorprendió cuando le dijeron “oye, nunca te habíamos llamado a declarar, no se sabe por qué. Se había solicitado pero nunca se hizo. Fallamos. Vamos a aprovechar esto para hacerte la declaración”. Desconcertado, declaró, pero decidió tomar las indagaciones en sus propias manos para encontrar pruebas de lo que decía.
Fue entonces cuando, en su búsqueda de pruebas, vio las imágenes grabadas por cámaras corporales de Carabineros, unos aparatos parecidos a las cámaras GoPro que deben llevar adheridos a sus uniformes todos los policías que portan armas no letales. Los videos habían sido liberados por La Pública luego de acceder a ellos usando la Ley de Transparencia.
Acceder a esas imágenes no fue fácil: a La Pública le tomó casi un año conseguir que Carabineros entregara los videos. La institución denegaba la información diciendo que estaba obligada por ley a proteger la privacidad de las personas y que no tenía la capacidad técnica para difuminar los rostros de quienes aparecían. Luego, el Consejo para la Transparencia dictó un fallo ordenando a Carabineros entregar los videos.
En esas imágenes se registraba violencia excesiva contra manifestantes y violaciones a los derechos humanos como las que había sufrido Daniel. “Fue maravilloso, antes de ver esos videos yo pensaba que sólo fiscalía podía tener acceso”, relata. Esperanzado, en octubre del 2020 Daniel decidió ingresar una solicitud de acceso a información pública amparándose en la Ley de Transparencia. Quería acceder a los registros de las cámaras de todos los funcionarios policiales que aquel 12 de noviembre de 2019 estaban desplegados por las inmediaciones de plaza Baquedano.
Carabineros le denegó la solicitud de información, argumentando que era imposible recopilar todas esas imágenes y que debía ser más específico. Sin desistir, Daniel pidió a fiscalía una copia de la carpeta de investigación de su caso y allí encontró una lista de 23 nombres de funcionarios policiales que estaban realizando labores de control donde él se encontraba aquel 12 de noviembre. Con esa información, volvió a ingresar una solicitud muy específica, indicando que quería acceder a los registros audiovisuales de ese día grabados entre las 19:40 y las 20:10 horas por los funcionarios del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) y listó los 23 nombres. Pero Carabineros usó un tecnicismo para negar nuevamente las imágenes: dijo que las personas a las que Daniel mencionaba no eran dotación del GOPE, sino de Fuerzas Especiales.
Inconforme con la negativa, Daniel pidió ayuda a La Pública para ingresar una nueva solicitud por Ley de Transparencia. Esta vez incorporó en la petición el respaldo del fallo del Consejo para la Transparencia que había ratificado que los videos policiales debían ser entregados y solicitó las imágenes grabadas ese día citando los mismos nombres que antes, pero indicando que eran policías de Fuerzas Especiales. Carabineros volvió a negar el acceso. Argumentó que las imágenes solicitadas eran parte de una investigación judicial y que no podían ser entregadas. Daniel las pidió a fiscalía, pero nunca obtuvo respuesta.
Finalmente, ingresó una última solicitud a Carabineros que también fue denegada. Esta vez, le dijeron que no existían imágenes. Según explicó Alex Bravo, carabinero jefe del operativo que cubrió la zona donde estaba Daniel, las dos cámaras corporales que llevaba su unidad ese día no funcionaron. “No siempre era posible darles uso durante el servicio, producto de que sus baterías (…) mantenían una reducida autonomía de carga, descargándose incluso antes de llegar a intervenir”, explicó Bravo cuando se solicitaron las imágenes. “No recuerdo que se efectuaran grabaciones durante ese servicio”, remató.
La estrategia judicial
Daniel no fue el único que intentó acceder a grabaciones por Ley de Transparencia. El documentalista Felipe Munizaga ingresó ese mismo año dos solicitudes de acceso a información para pedir videos de las cámaras corporales de Carabineros. Su objetivo era incorporar las imágenes en su película sobre la revuelta social Ni culpables ni inocentes, que busca rescatar el relato de los y las presas de la revuelta social en Chile.
Quien representa a Carabineros judicialmente es el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Este suele defender a organismos relacionados a las Fuerzas Armadas, la Defensa y la Seguridad frente al Consejo para la Transparencia cuando se les obliga a entregar información que no quieren liberar. De las 165 causas que el CDE está patrocinando actualmente contra el Consejo, en 118 defiende el secreto de documentos policiales o militares. El CDE no respondió a la solicitud de entrevista.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha documentado que el acceso a información relacionada a violaciones a Derechos Humanos continúa representando un enorme reto. Su informe menciona que existe una resistencia por parte de los organismos públicos para entregar aquello que solicitan las víctimas, como es el caso de Daniel y de las personas a las que Felipe entrevistó para su documental. “Esto también afecta los derechos a la verdad, la justicia y la reparación efectiva de tales violaciones y las garantías de no repetición”, explica la CIDH.
Un camino a la verdad
A un año del inicio de las manifestaciones de 2019, se había presentado 2,520 querellas por violaciones a los derechos humanos y la fiscalía había formalizado a 5,084 personas por delitos relacionados a la protesta social. En ambos casos, las investigaciones judiciales se han nutrido de información aportada por organismos del Estado ampliamente cuestionados por su falta de transparencia.
Tanto en el Ejército como en Carabineros, se han detectado millonarios casos de corrupción y se ha comprobado que sus funcionarios han manipulado evidencia clave para rastrear responsabilidades en casos de abuso, falseando partes policiales y declaraciones. Así ocurrió con el caso de Benjamín Huerta, quien recibió un disparo a quemarropa, fue golpeado por policías y retenido de forma ilegal por una hora. El responsable fue el capitán Hugo Navarro, quien esa noche dio la instrucción de escribir un parte policial con información falsa que buscaba justificar la detención de Benjamín, según reportó el sitio Documenta.
En mayo de 2021 Daniel pudo ver los videos a los que nunca pudo acceder por Ley de Transparencia dadas las constantes denegaciones de Carabineros. Sintió un alivio inmenso cuando se identificó en las imágenes. “Fue bueno encontrar los videos y que señalen todo lo que yo digo. Hay uno en que salgo casi a 10 metros de carabineros, full pasivo, diciendo que se relajen porque había bomberos apagando un incendio”, relata emocionado.
Su mayor satisfacción vino cuando reconoció en las imágenes al carabinero que le disparó a quemarropa: el teniente Claudio Crespo, el mismo que había visto en las noticias por el caso de Gustavo Gatica cuando fue formalizado ante la justicia y le dieron prisión preventiva por el delito de apremios ilegítimos. Crespo estuvo 14 meses en la cárcel mientras se investigaba el caso y aún no ha sido condenado. Actualmente también enfrenta una acusación por el delito de detención ilegal y obstrucción a la investigación en la causa que defiende a una manifestante que recibió el impacto de 11 perdigones en la cara, lanzados con una escopeta antidisturbios que pertenecería a Crespo.
“Encontré un video donde sale la misma escena que yo digo, estaba Claudio Crespo pegado al árbol casi en el mismo lugar, en el mismo lado, haciendo el mismo procedimiento, disparando, y luego hacen la arremetida. Créeme que es como la misma escena pero unos minutos antes. Ya por lo menos tengo confirmación de que hacen el mismo procedimiento, sólo que no es exactamente en el mismo momento en que me dispararon”, explica Daniel con entusiasmo luego de ver las grabaciones que le compartió el INDH.
En junio de 2021, el INDH hizo un informe detallado para Fiscalía con capturas de pantalla de los videos donde aparecen Daniel y el teniente Crespo, para aportar antecedentes a su causa e informar que había reconocido a su agresor. Pero pese a que él identificó al policía que le disparó a quemarropa, este no ha sido sancionado ni formalizado por su caso.
Las heridas de Daniel sanaron en agosto de 2020. Sin embargo, al desinflamarse su espalda comenzó a sentir dos perdigones muy cerca de la piel. “Me sentaba en una silla y no me podía recostar, no podía agacharme porque a veces sentía que se movían y sentía que me iban a traspasar la médula ósea, algo raro. Me sentía muy limitado”, cuenta. En mayo de 2021, una chica que había sido herida en los ojos en una manifestación le escribió por Instagram y le dijo que conocía a un médico que podía ayudarlo. Esperanzado, fue a su consulta y el doctor le retiró dos perdigones en dos horas. Daniel tiene una foto donde sostiene los perdigones de 8 milímetros cada uno en su mano. “Eso me ayudó mucho mentalmente. Cuando me los sacaron fue como que oh, ya no siento nada, puedo moverme, puedo recostarme, me sentía muy tranquilo”.
Aún tiene 10 perdigones alojados en su espalda que no pueden extirparse por su ubicación cercana a la columna vertebral. A dos años de aquel disparo, y de identificar al policía que lo hirió, Daniel se siente desamparado porque aún no hay justicia. “Estoy en un círculo vicioso. Siento que subo, hago mucho, pero pierdo toda la esperanza y caigo. Estoy esperando que la Fiscalía resuelva, pero si hay que meter las manos de nuevo, lo voy a hacer”.
Con información de Paulette Desormeaux y Catalina Gaete
Este reportaje forma parte de AQUÍ MANDO YO, un proyecto transmedia de Dromómanos en colaboración con LAUT y diversos medios de comunicación latinoamericanos, entre ellos Efecto Cocuyo. Visita el micrositio para ver todo el proyecto, leer el reportaje completo y entender el autoritarismo en América Latina.