El Gobierno de Perú anunció este domingo, 3 de abril, que a partir de mayo de este año subirá 10,2 % el salario mínimo vital hasta alcanzar los 1.025 soles (unos 278 dólares), luego de que permaneciera fijado en 930 soles desde marzo de 2018, cuando el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski aprobó un alza de 9,41 %.
A través de un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano, el Ejecutivo aprobó esta medida que se hará efectiva a partir del 1 de mayo y beneficiará cerca de 1,5 millones de trabajadores del sector privado, que representan 30 % de su masa laboral.
El sueldo mínimo se elevó por última vez en Perú en marzo de 2018, cuando Kuczynski dispuso un aumento de 80 soles y ascendió a 930.
De concretarse este incremento, los trabajadores formales recibirán 95 soles (unos 25,8 dólares) más cada mes en su remuneración bruta.
El anuncio de esta medida se da después de que la inflación en 2021 cerrara en 6,4 %, la más alta de los últimos 13 años.
Asimismo, este aumento compensará en parte la depreciación del sol respecto al dólar en los últimos cuatro años, pues cuando en 2018 se incrementó a 930 soles, su valor en dólares era de 275.
La subida del salario mínimo fue uno de los anuncios del presidente Pedro Castillo realizados durante el balance de sus primeros 100 días, presentados en un mitin en la plaza mayor de Huamanga, la capital de la sureña región de Ayacucho.
Esta vez, el incremento fue propuesto y sustentado por la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, el pasado jueves en una sesión extraordinaria del Congreso y comentada posteriormente por el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Graham.
«Hay que considerar que cuando se toman este tipo de medidas hay un sector que se beneficia y otro que se ve afectado. Eso es parte del balance que se tiene que hacer», sostuvo en declaraciones a medios locales el titular de Economía.
Esta alza, sin embargo, beneficiará a un reducido porcentaje de trabajadores, ya que Perú presenta una informalidad laboral de 70 % aproximadamente, lo que supone un gran volumen de economía sumergida de la que el Estado no percibe impuestos.
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El Gobierno de Perú anunció este domingo, 3 de abril, que a partir de mayo de este año subirá 10,2 % el salario mínimo vital hasta alcanzar los 1.025 soles (unos 278 dólares), luego de que permaneciera fijado en 930 soles desde marzo de 2018, cuando el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski aprobó un alza de 9,41 %.
A través de un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano, el Ejecutivo aprobó esta medida que se hará efectiva a partir del 1 de mayo y beneficiará cerca de 1,5 millones de trabajadores del sector privado, que representan 30 % de su masa laboral.
El sueldo mínimo se elevó por última vez en Perú en marzo de 2018, cuando Kuczynski dispuso un aumento de 80 soles y ascendió a 930.
De concretarse este incremento, los trabajadores formales recibirán 95 soles (unos 25,8 dólares) más cada mes en su remuneración bruta.
El anuncio de esta medida se da después de que la inflación en 2021 cerrara en 6,4 %, la más alta de los últimos 13 años.
Asimismo, este aumento compensará en parte la depreciación del sol respecto al dólar en los últimos cuatro años, pues cuando en 2018 se incrementó a 930 soles, su valor en dólares era de 275.
La subida del salario mínimo fue uno de los anuncios del presidente Pedro Castillo realizados durante el balance de sus primeros 100 días, presentados en un mitin en la plaza mayor de Huamanga, la capital de la sureña región de Ayacucho.
Esta vez, el incremento fue propuesto y sustentado por la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, el pasado jueves en una sesión extraordinaria del Congreso y comentada posteriormente por el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Graham.
«Hay que considerar que cuando se toman este tipo de medidas hay un sector que se beneficia y otro que se ve afectado. Eso es parte del balance que se tiene que hacer», sostuvo en declaraciones a medios locales el titular de Economía.
Esta alza, sin embargo, beneficiará a un reducido porcentaje de trabajadores, ya que Perú presenta una informalidad laboral de 70 % aproximadamente, lo que supone un gran volumen de economía sumergida de la que el Estado no percibe impuestos.