El presidente de Globovisión, Raúl Gorrín fue citado a declarar este 26 de febrero en la Audiencia Nacional española como imputado en el caso que investiga la Justicia española sobre la petrolera venezolana Pdvsa.
La jueza María Tardón, que investiga el presunto blanqueo en España de capitales sustraído a Pdvsa, también citó para el mismo día a declarar como testigos a Ceciree Carolina Casanova Rangel, ex gerente de Recursos Humanos, en calidad de encargada, de la Electricidad de Caracas (ECD).
El pasado 7 de octubre, la magistrada aceptó la inhibición de un juzgado de Madrid, que había estado investigando a venezolanos afincados en España por el expolio de la petrolera durante el mandato de Hugo Chávez, entre ellos dos exviceministros, el de Energía Nervis Villalobos y el de Desarrollo Eléctrico Javier Alvarado Ochoa.
Figuran asimismo en el caso Luis Fernando Vuteff, yerno del opositor venezolano y exalcalde de Caracas exiliado en España Antonio Ledezma; Rafael Ernesto Reiter, exgerente de Prevención de PDVSA, y la mujer y uno de los hijos de José Roberto Rincón Bravo, magnate venezolano residente en EEUU y propietario de una finca agropecuaria en la provincia de Madrid, investigado también en la causa.
Ahora la juez imputa al propietario de Globovisión al que la Justicia estadounidense acusó en noviembre de 2018 de sobornos y blanqueo de dólares en una trama multimillonaria que supuestamente involucra a otros dos venezolanos.
Gorrín se enfrenta en EEUU a nueve cargos de lavado de dinero, uno de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y otro de conspiración para cometer lavado de dinero.
El empresario venezolano, quien tiene residencia en Miami (EEUU), es considerado prófugo por la Justicia estadounidense.
En España, un grupo de siete diputados opositores de la Asamblea Nacional denunció al presidente de Globovisión en mayo pasado ante la Fiscalía, junto a otros excargos del mandato de Hugo Chávez y empresarios beneficiados de contratos de su gobierno, por blanquear dinero proveniente de la corrupción.
Denunciaron a Gorrín como partícipe de los llamados «bonos estructurados«, un producto financiero puesto en marcha por el régimen de Chávez mediante la compra de bonos de deuda pública extranjera que supuestamente les permitieron especular con el sistema cambiario dólar-bolívar.
«Los papeles se emitían en libras esterlinas y ese dinero obtenido en moneda inglesa era vendido a los bancos suizos. Así los conspiradores obtenían los dólares necesarios para colocarlos en el mercado paralelo, el cual permitía ganancias extraordinarias gracias al arbitraje entre el precio oficial y el negro», según la denuncia.
Tanto el presidente de Globovisión como su socio Gustavo Perdomo, según los denunciantes, fueron beneficiarios de 10 cuentas en Suiza «desde donde se recibieron y ordenaron cientos de transferencias millonarias».
En la Audiencia Nacional hay otras dos causas abiertas a ciudadanos venezolanos vinculados al gobierno de Chávez por blanqueo de capitales desviados de las arcas públicas del país sudamericano.
En una de ellas se investiga al exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo por el desvío de 4,5 millones de euros de Pdvsa, y otra va contra la empresa española Duro Felguera por sobornos a altos funcionarios venezolanos a cambio de contratos en Caracas, en la que también está imputado Nervis Villalobos. EFE
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El presidente de Globovisión, Raúl Gorrín fue citado a declarar este 26 de febrero en la Audiencia Nacional española como imputado en el caso que investiga la Justicia española sobre la petrolera venezolana Pdvsa.
La jueza María Tardón, que investiga el presunto blanqueo en España de capitales sustraído a Pdvsa, también citó para el mismo día a declarar como testigos a Ceciree Carolina Casanova Rangel, ex gerente de Recursos Humanos, en calidad de encargada, de la Electricidad de Caracas (ECD).
El pasado 7 de octubre, la magistrada aceptó la inhibición de un juzgado de Madrid, que había estado investigando a venezolanos afincados en España por el expolio de la petrolera durante el mandato de Hugo Chávez, entre ellos dos exviceministros, el de Energía Nervis Villalobos y el de Desarrollo Eléctrico Javier Alvarado Ochoa.
Figuran asimismo en el caso Luis Fernando Vuteff, yerno del opositor venezolano y exalcalde de Caracas exiliado en España Antonio Ledezma; Rafael Ernesto Reiter, exgerente de Prevención de PDVSA, y la mujer y uno de los hijos de José Roberto Rincón Bravo, magnate venezolano residente en EEUU y propietario de una finca agropecuaria en la provincia de Madrid, investigado también en la causa.
Ahora la juez imputa al propietario de Globovisión al que la Justicia estadounidense acusó en noviembre de 2018 de sobornos y blanqueo de dólares en una trama multimillonaria que supuestamente involucra a otros dos venezolanos.
Gorrín se enfrenta en EEUU a nueve cargos de lavado de dinero, uno de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y otro de conspiración para cometer lavado de dinero.
El empresario venezolano, quien tiene residencia en Miami (EEUU), es considerado prófugo por la Justicia estadounidense.
En España, un grupo de siete diputados opositores de la Asamblea Nacional denunció al presidente de Globovisión en mayo pasado ante la Fiscalía, junto a otros excargos del mandato de Hugo Chávez y empresarios beneficiados de contratos de su gobierno, por blanquear dinero proveniente de la corrupción.
Denunciaron a Gorrín como partícipe de los llamados «bonos estructurados«, un producto financiero puesto en marcha por el régimen de Chávez mediante la compra de bonos de deuda pública extranjera que supuestamente les permitieron especular con el sistema cambiario dólar-bolívar.
«Los papeles se emitían en libras esterlinas y ese dinero obtenido en moneda inglesa era vendido a los bancos suizos. Así los conspiradores obtenían los dólares necesarios para colocarlos en el mercado paralelo, el cual permitía ganancias extraordinarias gracias al arbitraje entre el precio oficial y el negro», según la denuncia.
Tanto el presidente de Globovisión como su socio Gustavo Perdomo, según los denunciantes, fueron beneficiarios de 10 cuentas en Suiza «desde donde se recibieron y ordenaron cientos de transferencias millonarias».
En la Audiencia Nacional hay otras dos causas abiertas a ciudadanos venezolanos vinculados al gobierno de Chávez por blanqueo de capitales desviados de las arcas públicas del país sudamericano.
En una de ellas se investiga al exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo por el desvío de 4,5 millones de euros de Pdvsa, y otra va contra la empresa española Duro Felguera por sobornos a altos funcionarios venezolanos a cambio de contratos en Caracas, en la que también está imputado Nervis Villalobos. EFE