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En la segunda sesión en la Organización de Estados Americanos (OEA), sobre la situación de los derechos humanos de Venezuela y la posibilidad de que en el país se hayan cometido delitos de lesa humanidad, estuvieron militares retirados venezolanos exiliados.

Sus testimonios plantearon el panorama de la falta de independencia de poderes en el país y la persecución judicial contra el disidente. Además dieron cuenta de la violación de los derechos humanos durante una detención y cómo se usó el poder militar para controlar las manifestaciones.

Entre los militares retirados que declararon delante del exfiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Ocampo, estuvo el mayor general Hebert García Plaza, quien se fue del país en 2016 luego de recibir una advertencia de tres ministros del gabinete de Nicolás Maduro de que éste quería iniciar un proceso judicial en su contra. Estos fueron Vladimir Padrino López, José David Cabello y Giuseppe Yoffreda.

Para ese momento él ocupaba el cargo de ministro de Alimentación, luego de pasar por el Viceministerio de Servicios del Ministerio de la Defensa y el Ministerio de Transporte Acuático y Aéreo.

Según indicó en la OEA, la orden de captura en su contra que se giró en 2016 se debió a su oposición a iniciar un sistema de distribución de alimentos por parroquias, priorizadas por su tendencia política.

«Le dije al presidente Maduro que se debía regresar a dar prioridad de acuerdo con los estándares del INE, por los indicadores de pobreza extrema y pobreza. Él indicó que sabía debía ser así, pero que cumpliera con ambas misiones», declaró García Plaza en la OEA.

Luego de precisar por qué salió del país, el mayor general comenzó a explicar cómo la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se usa en Venezuela como aparato de persecución política. Dijo que el Plan Ezequiel Zamora, implementado por Maduro el 18 de abril de este año, es en el fondo un plan de defensa de la nación, es «un plan militar».

Explicó que cuando se genera un plan militar se hace con base en la existencia de un enemigo y a unas suposiciones de amenazas, las cuales serían: la deslealtad a los intereses e ideales del país, las acciones desestabilizadoras de partidos y los pronunciamientos de políticos nacionales e internacionales.

«El Plan Zamora fue activado para la seguridad interna, pero es un plan de defensa de la nación. En este plan la amenaza interna son los disidentes políticos», aseveró el militar exiliado.

Aclaró que este escenario dio pie a la aplicación de la justicia militar a los civiles y por eso la escalada de procesos judiciales en cortes militares.

Otra de las denuncias que realizó García Plaza fue la discriminación que encierra la distribución del carnet de la Patria, un elemento que el Gobierno adelantó este año como otro mecanismo de identificar a sus seguidores. Mostró videos del vicepresidente Tareck El Aissami y de Maduro en los que indicaban que este carnet sería usado como requisito para optar por vacunas y para votar en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Sobre la anuencia del alto mando militar a las violaciones de derechos humanos durante las protestas antigubernamentales entre abril y agosto de este año, el exministro indicó que solo hubo una declaración de rechazo contra las actuaciones de la Guardia Nacional Bolivariana  (GNB) por parte del ministro de la Defensa Vladimir Padrino López.

«En junio él hizo un exhorto a la GNB  para evitar los excesos, pero esto provocó dentro del componente un descontento. Internamente se vio como una opinión ingrata debido a que los funcionarios de la GNB eran los que sacrificaban su vida en la calle para soportar al Gobierno nacional. Luego de este exhorto, las atrocidades continuaron y más bien Padrino López felicitó al componente. Esto hace suponer que recibió un llamado de atención», manifestó García Plaza.

Ocampo se mostró interesado en conocer si existía una línea de mando informal en Venezuela, a lo que el exministro indicó que sí. Aseguró que el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), Gustavo González López, reporta al diputado Diosdado Cabello, aunque este ente está bajo la dirección del Ejecutivo; y en el caso del Antonio Benavides Torres (anteriormente, comandante de la GNB), el reporte se hace a Maduro y no al Ministro de Defensa.

Un aparato judicial parcializado

El capitán Igor Nieto Buitrago, exconsultor jurídico de la Compañía de Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim), tuvo una intervención en la segunda audiencia de la OEA. Expuso que debido a la oposición de su despacho a cumplir una entrega de equipos militares a Uruguay y Bolivia, él, el presidente de Cavim y otros cuatro funcionarios fueron perseguidos judicialmente.

Contra él pesan dos investigaciones en la Fiscalía Militar y recuerda cómo el juez de su causa le aseguró que debía esperar instrucciones para decidir sobre la misma.

Denunció que pese a que es la Fiscalía Militar quien debe investigar y ejercer la acción penal, en el proceso interviene el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Dirección General Contra Inteligencia Miltiar (Dgcim), el Ejecutivo y la Defensoría Militar, entre otras instancias.

Una firma coaccionada

El teniente coronel José Gustavo Arocha Pérez fue detenido en mayo de 2014, mientras transcurría una jornada de protestas contra Maduro. «Recuerdo que los funcionarios dijeron ‘llegó un nuevo muerto a la tumba'», dijo este viernes 15 de septiembre en la OEA.

Su testimonio giró alrededor de cómo en las celdas del Sebin, conocidas como La Tumba, se aplica tortura psicológica para presionar a los detenidos a acusar a dirigentes políticos. En su caso el objetivo de sus carceleros eran María Corina Machado y Antonio Ledezma.

Durante su reclusión tuvo visitas del director del Sebin, González López, quien le solicitaba que colaborara con la «investigación» contra los políticos mencionados; y también del fiscal y el abogado defensor impuesto por el Gobierno, quienes le aseguraban que si no obedecía las órdenes permanecería detenido, incomunicado y su familia podría sufrir daños.

Tras seis meses de aislamiento, alimentación limitada, encierro y amenazas constantes, él decidió firmar la declaración que inculpaba a Ledezma y María Corina Machado en un intento de magnicidio.

«Para acceder a firmar esa acta pedí mi liberación y la de otra persona. A González López le pedí una garantía de que efectivamente eso iba a ocurrir, a lo que él me contestó que el Presidente ya estaba al tanto de la negociación», aseveró ante el exfiscal de la CPI.

Arocha Pérez huyó del país en 2015, una vez que le fue concedida una medida cautelar de arresto domiciliario.

Próximo paso

Luis Ocampo indicó que el proceso de audiencias continuará en octubre, para discutir cómo funciona el aparato de justicia y diplomático en el país.

Recordó que estas sesiones no conforman parte de un juicio, sino de una manera que tiene la OEA de conocer en detalle la situación en Venezuela, por lo que invitó a los representantes del Estado a enviar a cualquier persona que pueda contribuir con la investigación.

Al finalizar estas sesiones, la OEA podrá emitir un informe relacionado con los delitos de lesa humanidad que se podrían estar cometiendo en el país y luego de esto los países de dicha organización podrían solicitar a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que abra una investigación formal al respecto.

El Estatuto de Roma establece que un delito contra la humanidad des un patrón sistemático y generalizado de un ataque contra la población civil, cometido por funcionarios del Estado, por lo que conlleva una responsabilidad individual.

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