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 Estados Unidos situó nuevamente a Venezuela, Nicaragua, China y Cuba en su «lista negra» de países que no hacen lo suficiente para combatir el tráfico de personas, y advirtió de problemas en países como Israel o Arabia Saudí, según el nuevo informe del Departamento de Estado presentado este jueves 1 de julio.

Washington denunció además este jueves que el Gobierno de Nicolás Maduro apoya a grupos armados paraestatales y tolera la trata de personas para la explotación sexual.

“Este crimen es una afrenta a los derechos humanos y a la dignidad humana”, recalcó Antony Blinken, secretario de Estado, al presentar el reporte anual. Aseveró, además, que el tráfico de personas tiene “un peso desproporcionado” sobre quienes “son objeto de opresión por otras injusticias” en países en desarrollo y advirtió de que la pandemia ha “agudizado” los problemas entre los más vulnerables.

“El Gobierno de Venezuela no cumple plenamente las normas mínimas para la eliminación de la trata y no está haciendo ningún esfuerzo para hacerlo, incluso teniendo en cuenta el impacto de la pandemia de COVID-19”, señaló el Departamento de Estado norteamericano, en su informe anual sobre la trata de personas.

“A pesar de la falta de esfuerzos significativos, en 2020, según informes de prensa, las autoridades venezolanas bajo el ilegítimo Maduro emitieron órdenes de arresto para siete funcionarios cómplices en un caso notable que involucra a posibles víctimas de la trata que perecieron en el mar. Sin embargo, las autoridades no informaron de la asistencia a ninguna víctima ni del procesamiento o condena de ningún traficante”, agrega el reporte.

Asimismo, el Departamento de Estado sostuvo que el régimen chavista proporcionó apoyo a grupos armados no estatales, “incluidos grupos armados ilegales colombianos que reclutaron y utilizaron a niños y niñas soldados para el conflicto armado y se dedicaron a la trata de personas con fines sexuales y al trabajo forzoso mientras operaban en territorio venezolano con impunidad”. “Las autoridades venezolanas no hicieron suficientes esfuerzos para frenar el reclutamiento forzoso de niños venezolanos por parte de grupos armados no estatales”, agregó el informe.

«Este crimen es una afrenta a los derechos humanos y a la dignidad humana», recalcó Antony Blinken, secretario de Estado, al presentar el reporte anual.

Blinken aseveró, además, que el tráfico de personas tiene «un peso desproporcionado» sobre quienes «son objeto de opresión por otras injusticias» en países en desarrollo y advirtió de que la pandemia ha «agudizado» los problemas entre los más vulnerables.

La lista, de un total de 17 países, la completan: Afganistán, Argelia, Myanmar, Comoras, Eritrea, Guinea-Bisseau, Irán, Corea del Norte, Malasia, Rusia, Sudán del Sur, Siria y Turkmenistán.

La inclusión en la «lista negra» puede llevar a la imposición de sanciones como la congelación de la ayuda no humanitaria y no comercial para los países sancionados o la exclusión de préstamos de instituciones, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), si así lo decide el presidente de EE.UU., Joe Biden.

Sobre Cuba, el informe destacó el «patrón gubernamental de aprovecharse de los programas de exportación de trabajadores con sólidas señales de trabajos forzados, particularmente en su programa de misiones médicas al extranjero».

Respecto a Nicaragua, el Departamento de Estado apuntó que el gobierno nicaragüense «continúa restando importancia a la gravedad del tráfico de personas en el país pese a los informes de la sociedad civil sobre un aumento en las víctimas en 2020».