Zonas pobladas de Ucrania han sido azotadas por bombardeos aéreos y ataques con artillería pesada, matando a civiles y destruyendo hospitales en actos que pueden equivaler a «crímenes de guerra”, y general una «inmensa preocupación”, dijo este miércoles (30.03.2022) Michelle Bachelet, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
«Los ataques indiscriminados están prohibidos por la ley humanitaria internacional y podrían constituir crímenes de guerra«, dijo la exmandataria chilena ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, recurriendo al condicional por convención, dado que las acusaciones deben ser por principio decididas por un tribunal.
También dijo que su oficina había recibido «denuncias creíbles” de que las fuerzas rusas han utilizado municiones de racimo en zonas pobladas de Ucrania al menos 24 veces. De igual forma, añadió que ya está bajo investigación el presunto uso de municiones de racimo por parte de Ucrania.
«Las viviendas y los edificios administrativos, los hospitales y las escuelas, estaciones de agua y sistemas de electricidad no se han salvado», dijo.
Rusia ha negado haber atacado a civiles en lo que llama una «operación especial» para desarmar y «desnazificar» a su vecino.
Bachelet dijo que su oficina, que despliega cerca de 60 observadores de derechos humanos de la ONU en Ucrania, había verificado 77 incidentes en los que en los que se dañaron instalaciones médicas, incluidos 50 hospitales.
Según la expresidenta chilena, las fuerzas armadas rusas han usado en por lo menos 24 ocasiones bombas de racimo, prohibidas por la ley internacional, contra áreas pobladas de Ucrania en las cinco semanas transcurridas desde el inicio de la guerra.
La Convención sobre Municiones en Racimo, en vigor desde 2010, prohíbe el uso, desarrollo, fabricación y adquisición de este armamento debido a su impacto indiscriminado entre los civiles, aunque potencias como Rusia, Estados Unidos o China aún no lo han ratificado.
Bachelet afirmó que la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que dirige también está investigando denuncias sobre el uso de este armamento por parte del ejército de Ucrania, país que tampoco se ha adherido a la convención.
«El uso continuo de armamento explosivo con amplio impacto en zonas pobladas de Ucrania causa inmensa preocupación», destacó la expresidenta chilena, quien señaló que su oficina ha confirmado la muerte de al menos 1.189 civiles en el conflicto (entre ellos 108 niños).
«La cifra real seguramente es mucho mayor, ya que en lugares de intenso enfrentamiento, como Mariúpol y Volnovaja, es muy complicado tener una imagen completa de la situación», matizó la alta comisionada.
«Toda la población ucraniana está viviendo una pesadilla en la que millones de personas se han visto obligadas a huir de sus casas, esconderse en sótanos y en refugios antibombas, mientras sus ciudades son atacadas y destruidas», resumió Bachelet.
Su oficina ha verificado al menos 77 ataques a instalaciones médicas, incluyendo 50 hospitales, y ha comprobado un significativo aumento de la tasa de mortalidad entre civiles en ciudades bajo asedio, «atribuible probablemente a la interrupción de servicios médicos unida a las privaciones y el estrés propios de la guerra».
Con información de EFE y DW
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Zonas pobladas de Ucrania han sido azotadas por bombardeos aéreos y ataques con artillería pesada, matando a civiles y destruyendo hospitales en actos que pueden equivaler a «crímenes de guerra”, y general una «inmensa preocupación”, dijo este miércoles (30.03.2022) Michelle Bachelet, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
«Los ataques indiscriminados están prohibidos por la ley humanitaria internacional y podrían constituir crímenes de guerra«, dijo la exmandataria chilena ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, recurriendo al condicional por convención, dado que las acusaciones deben ser por principio decididas por un tribunal.
También dijo que su oficina había recibido «denuncias creíbles” de que las fuerzas rusas han utilizado municiones de racimo en zonas pobladas de Ucrania al menos 24 veces. De igual forma, añadió que ya está bajo investigación el presunto uso de municiones de racimo por parte de Ucrania.
«Las viviendas y los edificios administrativos, los hospitales y las escuelas, estaciones de agua y sistemas de electricidad no se han salvado», dijo.
Rusia ha negado haber atacado a civiles en lo que llama una «operación especial» para desarmar y «desnazificar» a su vecino.
Bachelet dijo que su oficina, que despliega cerca de 60 observadores de derechos humanos de la ONU en Ucrania, había verificado 77 incidentes en los que en los que se dañaron instalaciones médicas, incluidos 50 hospitales.
Según la expresidenta chilena, las fuerzas armadas rusas han usado en por lo menos 24 ocasiones bombas de racimo, prohibidas por la ley internacional, contra áreas pobladas de Ucrania en las cinco semanas transcurridas desde el inicio de la guerra.
La Convención sobre Municiones en Racimo, en vigor desde 2010, prohíbe el uso, desarrollo, fabricación y adquisición de este armamento debido a su impacto indiscriminado entre los civiles, aunque potencias como Rusia, Estados Unidos o China aún no lo han ratificado.
Bachelet afirmó que la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que dirige también está investigando denuncias sobre el uso de este armamento por parte del ejército de Ucrania, país que tampoco se ha adherido a la convención.
«El uso continuo de armamento explosivo con amplio impacto en zonas pobladas de Ucrania causa inmensa preocupación», destacó la expresidenta chilena, quien señaló que su oficina ha confirmado la muerte de al menos 1.189 civiles en el conflicto (entre ellos 108 niños).
«La cifra real seguramente es mucho mayor, ya que en lugares de intenso enfrentamiento, como Mariúpol y Volnovaja, es muy complicado tener una imagen completa de la situación», matizó la alta comisionada.
«Toda la población ucraniana está viviendo una pesadilla en la que millones de personas se han visto obligadas a huir de sus casas, esconderse en sótanos y en refugios antibombas, mientras sus ciudades son atacadas y destruidas», resumió Bachelet.
Su oficina ha verificado al menos 77 ataques a instalaciones médicas, incluyendo 50 hospitales, y ha comprobado un significativo aumento de la tasa de mortalidad entre civiles en ciudades bajo asedio, «atribuible probablemente a la interrupción de servicios médicos unida a las privaciones y el estrés propios de la guerra».
Con información de EFE y DW