Prestado o alquilado. Una campaña en redes sociales buscaba de cualquier modo un concentrador de oxígeno con urgencia. Médicos de la región llanera de Venezuela pedían el equipo para atender a su colega Luis Martínez, días antes de que falleciera con síntomas de COVID-19, el 22 de agosto de 2020.
Martínez estaba recluido en el Hospital Dr. Pablo Acosta Ortiz del estado Apure, el cual llegó a recibir dotación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en alianza con el Gobierno interino de Juan Guaidó.
“OPS hizo una primera entrega hace cerca de un mes (…) en cantidades que claramente, aunque fueron importantes, no pueden cubrir o no pueden garantizar que este abastecimiento sea permanente o de la envergadura que hace falta”, declaró Miguel Pizarro, comisionado para las Naciones Unidas y encargado de la Oficina para la Ayuda Humanitaria, el 26 de agosto.
Ese día presentó un reporte de sus labores para el Gobierno de Guaidó, el cual es reconocido como presidente encargado desde enero de 2019, por la Asamblea Nacional y más de 50 países que consideran ilegítimo al Gobierno paralelo de Nicolás Maduro en Venezuela.
Mientras Maduro preserva el control del territorio nacional y de la mayoría de las instituciones públicas, con el respaldo de las Fuerzas Armadas, el Gobierno interino ha aprovechado el apoyo internacional para disponer de algunos activos de Venezuela en el exterior.
La gestión de Guaidó ha podido movilizar fondos del Estado alojados en cuentas extranjeras.
El comisionado Pizarro publicó una lista de estados del país priorizados en tiempos de pandemia, entre ellos Apure, para envío de apoyo material urgente a través de la OPS, como parte de un plan de gobierno denominado Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital.
“Por primera vez en la historia se usarán recursos rescatados de la corrupción para dar ayuda a un país en dictadura. Recursos que no tocará el régimen, porque sabemos que iban a usarse para el derroche: comprar más mansiones y carros de lujo. Ahora los recursos están a resguardo”, anunció Guaidó a finales de julio de 2020.
El mandatario interino mencionó la creación “desde cero” de una estructura jurídica y financiera internacional para canalizar el apoyo económico sin pasar por el control de Maduro.
“En este momento instruyo al Consejo de Administración del Gasto para que tramite la orden de pago a la Organización Panamericana de la Salud. Este es un aporte al cual esperamos ir sumando muchos otros”, declaró en alusión al órgano que coordina el Fondo para la Liberación.
La página web del Gobierno interino precisa los montos aprobados ese día al organismo interamericano: “13 millones de dólares van a la OPS (10 millones de dólares de la Reserva Federal de New York, y tres millones de dólares del banco de España)”.
Otros mensajes oficiales, sin embargo, refieren que Guaidó sólo tiene acceso a recursos públicos depositados en una sola cuenta en el exterior.
Un comunicado emitido el 18 de abril de 2020 y una entrevista en el programa Con la Luz, realizada el mes de julio a Carlos Vecchio, embajador de Guaidó en Estados Unidos, indican que la gestión interina únicamente administra los fondos de una cuenta de 342 millones de dólares custodiada por la Reserva Federal de Estados Unidos, el país donde Guaidó tiene su principal respaldo internacional.
Los anuncios no han dejado claro si el Gobierno interino tiene acceso a una o más cuentas internacionales. Ningún reporte reúne la información completa sobre el origen y destino de los fondos ejecutados.
Para reconstruir las finanzas públicas de esta gestión, Efecto Cocuyo analizó 33 Gacetas Legislativas publicadas hasta la fecha, las cuales registran las decisiones parlamentarias y presidenciales desde que el líder de la Asamblea Nacional asumió la Presidencia encargada de la República.
La revisión de estos boletines oficiales, de memorias y cuentas, y entrevistas con funcionarios y expertos develan una dinámica de dispersión y opacidad en la administración financiera de Guaidó.
Varios miembros del Gobierno explican que las amenazas y persecuciones del régimen de Maduro dificultan su posibilidad de ser más transparentes. Especialistas consultados consideran que aquellas informaciones que se hacen públicas pueden y deben estar mejor organizadas, para evitar confusión y generar confianza.
La administración de fondos públicos durante el interinato estuvo planteada desde 2019, en el Estatuto que rige la Transición a la Democracia, a través de la creación de juntas administradoras ad-hoc para las empresas del Estado.
Los activos recuperados no iban a ser ejecutados hasta la salida de Maduro del poder, según el artículo 36 de este instrumento legal.
La máxima hoja de ruta del Gobierno interino no impidió la asignación de recursos a diligencias oficiales en el exterior, hasta nueve meses antes de que se afinaran las reglas para su supervisión y contraloría.
La Asamblea Nacional impulsó el 10 de julio de 2020 una Ley para regular los contratos públicos destinados a la recuperación y manejo de los activos de Venezuela.
Los fondos aprobados por el Poder Legislativo al Gobierno interino ascienden a 177 millones de dólares, según datos oficiales recopilados. Al menos 128 millones de dólares han sido administrados con el aval de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).
La OFAC, adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, coordina la transferencia de fondos de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y del Banco Central de Venezuela (BCV) en ese país, hacia destinos escogidos por el Gobierno encargado.
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Bonos de urgencia
La Asamblea Nacional concedió dos mecanismos de financiamiento formal a la gestión de Guaidó: el Fondo Especial de Litigios, aprobado el 19 de noviembre de 2019, al cual se han asignado 23.500.000 dólares; y el Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital, creado el 27 de febrero de 2020 con 80.000.000 dólares. Las iniciativas respaldaron el acceso a “recursos disponibles de la República y de sus entes descentralizados”.
El uso de fondos públicos por parte de la gestión interina comenzó antes: en mayo de 2019.
El Poder Legislativo autorizó en ese entonces, con la validación de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico, el pago de 71.559.991,25 dólares en intereses a tenedores del Bono Pdvsa 2020. El monto proviene de una deuda renegociada bajo el Gobierno de Maduro cuatro años antes.
Los bonos, en general, son instrumentos de deuda que ayudan a empresas o Estados a obtener financiamiento.
El portal digital Economipedia, dedicado a amenizar temas económicos, lo describe así: “Al comprar un bono estamos haciendo un préstamo. El comprador entrega una cantidad de dinero, llamada capital del bono, a la empresa emisora del bono (empresa que recibe el préstamo). La empresa se compromete a devolvernos en una fecha de vencimiento, previamente establecida, la cantidad que le hemos prestado, más un tipo de interés también previamente establecido”.
El Estado venezolano, afectado por la reducción de ingresos de la renta petrolera, ofertó en 2016 un canje de bonos de Pdvsa, que se vencían en 2017, por nuevos bonos —los Bonos Pdvsa 2020— con una garantía atractiva: la mitad de la empresa Citgo, filial de Pdvsa en Estados Unidos y mayor activo de Venezuela en el exterior.
“A los propietarios o prestamistas de los bonos se les llama tenedores o bonistas”, precisa Economipedia.
La Junta Administradora ad-hoc de Pdvsa, designada por Guaidó, confirmó la realización del pago a los bonistas el 15 de mayo de 2019 con recursos públicos procedentes de cuentas por cobrar de Pdvsa en el exterior. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos movilizó estos fondos, que estaban bloqueados en ese país al Gobierno de Maduro.
José Ignacio Hernández, quien ejercía funciones como procurador Especial de la República nombrado por Guaidó, explica: “En ese entonces no teníamos completa la información del caso. Y a pesar de que habían dudas importantes en cuanto a la invalidez del bono, la opción que se acogió, plenamente admitida en Derecho, es lo que se llama un pago bajo protesta, lo que significa que tu pago no implica aceptación de la validez”.
La Oficina de la Procuraduría Especial de la República se encarga desde febrero de 2019 de la representación judicial del Gobierno interino y de sus juntas ad-hoc.
El Poder Legislativo aprobó, el 15 de octubre del mismo año, un acuerdo para reiterar la invalidez del nuevo bono, el cual había sido cuestionado por la Asamblea Nacional desde septiembre de 2016. La directiva de Pdvsa concretó la negociación a pesar del rechazo de los parlamentarios.
El acuerdo de octubre de 2019 plantea que el canje de los bonos implicó un contrato de interés público nacional —por lo que requería la autorización de la Asamblea Nacional— y da pie al Gobierno encargado para avanzar con estrategias de defensa frente a los acreedores.
“De la mano del Gobierno de Estados Unidos logramos que se dictaran medidas que blindan jurídicamente las propiedades de Pdvsa en Estados Unidos, en concreto Citgo. Eso significa que no es posible tomar control de ninguna propiedad de Pdvsa”, expresa el exprocurador Hernández sobre logros de su función, en el primer año del interinato.
El complejo refinador Citgo está protegido hasta enero de 2021 por licencias de la OFAC, a partir del apoyo a la gestión de Guaidó por parte del Gobierno de Donald Trump.
El panorama del caso ha sido menos favorable en tribunales. La Corte de Nueva York desestimó en octubre de 2020 una demanda del Gobierno interino contra los bonistas, tras un juicio emprendido para declarar la nulidad de la deuda. La jueza Katherine Polk dictaminó que los bonos son válidos.
Un comunicado presidencial anunció: “Apoyamos al equipo legal designado por la Junta Administradora ad hoc de PDVSA, en la realización de las evaluaciones necesarias para considerar todas las opciones legales, incluyendo la apelación”.
Comunicado del Gobierno Legítimo de Venezuela ante decisión de la Corte de Nueva York en el caso de los Bonos PDVSA 2020 https://t.co/Cs5i7qkWSk pic.twitter.com/Lb5b63OAxw
— Centro de Comunicación Nacional (@Presidencia_VE) October 16, 2020
El pago de los intereses del bono marcó el inicio de una serie de urgencias a atender por el Gobierno encargado, con dineros públicos.
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Cuentas difusas
La Asamblea Nacional aprobó el 1 de octubre de 2019 otros 2.000.000 dólares de fondos de Pdvsa al Gobierno interino. El objetivo en este caso era el pago de honorarios profesionales para la defensa judicial y extrajudicial de los activos en el exterior. La Procuraduría Especial fue autorizada para suscribir “los contratos necesarios”.
Las comisiones de Finanzas y Desarrollo Económico, y de Contraloría de la Asamblea Nacional serían los veedores de las contrataciones, según lo estipulado en Gaceta Legislativa.
Hasta la fecha no ha habido reportes públicos sobre esta labor auditora del Poder Legislativo. Varios meses después de las erogaciones, diputados que integran la Comisión de Finanzas han manifestado desconocimiento en torno a los gastos legales.
Ayer salvé el voto en nombre de la fracción parlamentaria de @Pr1meroJusticia en la aprobación del Fondo Especial de Litigios, aquí hago públicas nuestras razones. #29ene pic.twitter.com/b8blHOQI8O
— Alfonso Marquina (@DipMarquina) January 30, 2020
“El hecho de haber gastado primero podía ser necesario en una situación de emergencia. Incluso hay marcos legales que te permiten actuar en emergencia así. Pero hay una responsabilidad de contraloría posterior”, plantea Ronald Balza, economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
Una estructura más formal para administrar los recursos públicos nació en noviembre de 2019, con el acuerdo legislativo que crea el Fondo Especial de Litigios.
La pista de dineros públicos ejecutados se pierde desde entonces.
El Fondo asignó 1.500.000 dólares en noviembre a la defensa de Pdvsa. Era un monto “remanente” de lo aprobado el 1 de octubre. El acuerdo sugiere que la gestión de Guaidó usó 500.000 dólares en 2019 para los fines legales, cuando no había un procedimiento de supervisión claro. Tampoco hubo reporte público sobre cómo se gastó.
La Asamblea aprobó también 2.000.000 dólares para la defensa del BCV. En total, fueron concedidos 3.500.000 dólares al Fondo Especial de Litigios en 2019. El 28 de enero de 2020 los diputados sumaron 20.000.000 dólares más.
Un integrante de la Comisión Técnica del Fondo Especial de Litigios, que pidió reservar su identidad por temor a represalias del Gobierno de Maduro, afirma que desde febrero de 2020 se desembolsaron ocho millones de dólares aproximadamente para pagar abogados de Pdvsa y el BCV. “El monto previo se gastó completamente”, asegura sobre el presupuesto de 2019.
Oficialmente, los gastos del Fondo sólo están publicados de manera parcial en el Informe de Gestión 2019 de la Procuraduría Especial y en el video de rendición de cuentas de la Junta ad-hoc del BCV, de agosto de 2020.
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“La revisión de los recursos disponibles y utilizados debería ser, en primer lugar, fácil. Uno debería poder encontrar toda la información consolidada en un solo sitio, no dispersa”, considera el economista Ronald Balza.
Mercedes De Freitas, directora de la ONG Transparencia Venezuela, expone un planteamiento similar: “En términos de transparencia no se puede decir que se estén cumpliendo los criterios. Y este tema de que todo está mediado por la emergencia, por lo sobrevenido, porque el gobierno tiene que trabajar casi que en la clandestinidad; eso los venezolanos lo podemos entender, pero eso no quiere decir que no tengamos derecho a ser informados”.
El Informe de Gestión 2019 de la Procuraduría Especial indica que esta oficina contactó a todos los bufetes que representaban antes al país en distintos juicios internacionales. Tres de ellos se pusieron bajo la orden del interinato: Arnold & Porter, Hogan Lovells y Curtis, Mallet Prevost, Colt & Mosle LLP. Este último, por ejemplo, ha representado a Pdvsa desde 2007.
Cuatro nuevas firmas de abogados —Sullivan & Cromwell, Paul Hastings, Munger, Tolles and Olson LLP y Abrams & Bayliss— fueron escogidas por la gestión de Guaidó entre 2019 e inicios de 2020.
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En ese periodo la Asamblea Nacional aún no había designado a la “Comisión Técnica para garantizar el uso adecuado de los recursos administrados por el Fondo de Litigio”, prevista en el acuerdo de noviembre. Los miembros de la Comisión Técnica fueron nombrados el 5 de febrero de 2020, una semana después de que la Asamblea aprobara un incremento de 400% en el monto máximo del Fondo.
Un integrante del Comité descarta la verificación de los contratos previos a su designación. “Nuestra competencia no es auditora sino autorizatoria”, dice.
Las operaciones anteriores al Comité quedan bajo auditoría de las comisiones de la Asamblea Nacional, y de la Contraloría Especial de la República creada bajo el Gobierno de Guaidó.
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Contratos discretos
Un presupuesto más específico aparece en el Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital.
Este segundo proyecto financiero del interinato cuenta con una Ley Especial aprobada en marzo de 2020 y un Reglamento presentado en abril y reformado por segunda vez en septiembre.
En una respuesta institucional a Efecto Cocuyo, el Consejo de Administración del Gasto presenta los costos de los servicios para administrar el Fondo: “$1.250.000,00 la administración, $175.000,00 la distribución y $681.000 la auditoría”.
La Gaceta Legislativa N°25 precisa la selección de BRV Disbursement Co. LLC y BRV Administrator Co. LLC —compañías con domicilio en Delaware, en el noreste de Estados Unidos— para administrar y desembolsar los recursos.
Un registro de empresas en Delaware muestra que ambas fueron creadas el 21 de mayo de 2020, apenas mes y medio antes de que el Gobierno interino ordenara su contratación.
Las firmas no tienen el aval de ‘buena reputación’ que concede la División de Corporaciones de Delaware a empresas que han cumplido con todas sus obligaciones formales y que no están bajo ninguna sanción.
Efecto Cocuyo hizo varias llamadas a los números de contacto, en horario de oficina, sin obtener respuesta.
El Consejo de Administración del Gasto relata lo siguiente en una respuesta institucional para este reportaje:
“ (…) En primer lugar, se consultó con la OEA, para que fuese este organismo quien asistiera a la República. Los costos de la OEA ascendían a 9,3 millones de dólares, sobre los 80 millones del fondo. Eso sin considerar otros gastos administrativos no incluidos. Las negociaciones no prosperaron.
En segundo lugar, se consultaron firmas como Price Water House, Delloite, BDO, Earnst and Young y KPMG, entre otras; las cuales declinaron la oferta. Algunas de estas firmas temían represalias de la dictadura contra su personal en Caracas, si contrataban con la administración del presidente Guaidó.
Finalmente, una de las 10 principales empresas del mundo accedió a recomendar a BRV y a supervisar su trabajo. Por las razones antes expuestas se firmó un acuerdo de confidencialidad, con cláusulas penales en caso de incumplimiento, que impiden a este Consejo compartir más detalles (…)”.
Un funcionario cercano a la operación, que pidió reservar su identidad por temor al Gobierno de Maduro, asegura que el Gobierno interino contrató a una empresa contadora y auditora de gran reconocimiento y trayectoria.
“Para asegurar la confidencialidad, la compañía que elegimos creó estas empresas que tienen por detrás un contrato de garantía de que todo el trabajo que ellas harían está garantizado por la empresa madre, pero no quieren que su nombre aparezca”, dice. La empresa pidió confidencialidad porque tiene operaciones en Venezuela, según varias fuentes consultadas dentro del Gobierno encargado.
“Como sabían que tenía que ser aprobado por la Asamblea Nacional, pusieron un nombre: crearon unas compañías, que están garantizadas por la compañía madre, pero no aparece su nombre, porque en esos días estaba el tema de los presos de Directv. Ellos no querían pasar por el mismo trago amargo”, relata el funcionario en referencia a gerentes de la compañía de televisión por cable, detenidos en junio de 2020 por la policía política de Maduro.
Ante una consulta sobre el estatus del Fondo, el Consejo de Administración del Gasto también contestó lo siguiente a Efecto Cocuyo el pasado 7 de octubre:
“(…) A la fecha se ha ejecutado el pago de los programas de atención a la crisis del coronavirus, en acuerdo con la OPS y la Cruz Roja Internacional.
También se ha ejecutado el primer pago del Programa Héroes de la Salud y una pequeña porción del Programa Madre María de San José de atención médica a casos de riesgo vital.
Adicionalmente, se ha ejecutado un primer pago para funcionamiento de la AN.
Los montos exactos pueden verse en el acuerdo legislativo que crea el Fondo y en su reglamento, ambos debidamente publicados en Gaceta Legislativa (…)”.
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Nuevas autorizaciones, emitidas a mediados de octubre, permiten la próxima ejecución de contratos y pagos para el proyecto presupuestario del Despacho de la Presidencia encargada, por 944.550 dólares, y también para el programa denominado Seguridad y Defensa de la Democracia con 8.499.000 dólares.
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¿De dónde sale el dinero?
Un acuerdo inesperado entre los gobiernos de Maduro y Guaidó, en junio de 2020, permitió que la OPS recibiera recursos de Venezuela congelados en el exterior para atender la pandemia en el país. El organismo multilateral puso el consenso político como un requisito para recibir y ejecutar los fondos públicos.
Autoridades de España anunciaron después el traspaso de fondos bloqueados en ese país hacia la OPS, operación celebrada por Guaidó y también por altos funcionarios de Maduro.
Saludamos que el mecanismo efectivo entre el @BCV_ORG_VE , el @BancoDeEspana y la buena disposición de la @opsoms, bajo la coordinación de ambas cancillerías, haya logrado garantizar el patrimonio de l@s venezolan@s para la atención integral del #Covid_19. https://t.co/HynqcnTC5U
— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) June 4, 2020
El Gobierno de Guaidó tiene más influencia sobre fondos públicos congelados en Estados Unidos en comparación con el acceso permitido en Europa.
Los recursos públicos administrados de manera particular por la gestión de Guaidó proceden de tres vías, de acuerdo con los reportes oficiales.
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Una de las cuentas fue identificada por la Junta Administradora ad-hoc del BCV en la Reserva Federal de Estados Unidos, con sede en Nueva York, con un saldo de 4.626.000 dólares que habían sido bloqueados al Gobierno de Maduro. Los pagos para abogados del BCV provienen de esta cuenta.
“Históricamente, el Banco Central de Venezuela, al igual que el resto de los bancos centrales a nivel mundial, ha concentrado sus activos en los dos grandes centros financieros del mundo, que son Londres y Nueva York, y naturalmente allí se dirigieron nuestros primeros esfuerzos”, explicó Ricardo Villasmil en el reporte de su gestión como presidente de la Junta.
“Con la ayuda del procurador y de los abogados, logramos ponerlo a disposición de la junta ad-hoc”, agregó.
Una segunda cuenta a favor del Banco Central también quedó bajo custodia de la Reserva Federal con 342.279.672 dólares, tras una transferencia realizada desde Citibank. La entidad financiera debía estos fondos al BCV, como monto remanente de la ejecución del oro que Venezuela había dejado en garantía de dos préstamos. Las operaciones se conocen como acuerdos de swap de oro.
El Estado venezolano dejó de pagar la deuda con el banco prestamista y éste ejecutó el oro en garantía para obtener los fondos prestados. Pero debido al alza de los precios del oro desde el momento en que se inició el contrato, la ejecución de la garantía arrojó una diferencia de 342 millones de dólares por devolver a Venezuela. Por sanciones en Estados Unidos al Gobierno de Maduro, esos fondos habían quedado congelados en Citibank.
“El proceso fue largo y finalmente logramos el reconocimiento por parte de Citibank de la Junta Administradora como legítima representante del Banco Central. Decidimos que lo mejor era, ante la amenaza de los acreedores de la República, trasladarlo de ese banco comercial a la Reserva Federal”, explicó Villasmil ante la Asamblea Nacional.
“Hicimos las gestiones con ella y a través de la OFAC también para abrir una segunda cuenta por la totalidad de este monto”, indicó.
Esta otra cuenta financia el Fondo para la Liberación, mediante un préstamo por 80.000.000 dólares realizado por el BCV a la República.
Tras cumplir los requerimientos legales y el visto bueno de la com. Finanzasd AN, la procuraduría, Contraloria y magistrados del TSJ en el exilio, la junta Ad-Hoc del BCV autorizó el préstamo necesario para dar arranque al Fondo de Liberación aprobado por la AN a inicios de año.
— Alfonso Marquina (@DipMarquina) June 25, 2020
Luis Pacheco, quien presidió la Junta Administradora ad-hoc de Pdvsa, también informó en su memoria y cuenta el origen de los pagos a tenedores de bonos de Pdvsa y bufetes de la compañía petrolera.
“¿De dónde sale el dinero? De deudas que tenían filiales de Citgo con Pdvsa; que le debían a Pdvsa y estaban congeladas en Estados Unidos”, dijo sin precisar la disponibilidad financiera de Pdvsa en esas cuentas por cobrar.
Pacheco, como también otros miembros del Gobierno interino consultados para este trabajo, destaca la intervención y seguimiento de la OFAC durante todo el proceso de movilización de recursos desde cuentas norteamericanas.
“Todo está supremamente regulado”, resaltó el ingeniero ante la Asamblea.
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Una contraloría aplazada
La ONG Transparencia Venezuela alertó a mediados de 2019: “En el ámbito internacional, representantes del gobierno interino tienen acceso a fondos y a control de bienes públicos sin que se conozcan sistemas de control”.
La organización, especializada en prácticas de prevención de la corrupción, recomendó en junio de ese año la creación de un nuevo cargo. “La figura de un Contralor especial —designado en el exterior para evitar que sea blanco de persecuciones y ataques— es la garantía de mantener un registro fiel y minucioso de todas las decisiones y acciones del equipo interino, que constituya un sólido respaldo de su gestión. Un contralor con facultades para exigir, así como para publicar información, y que genere procesos transparentes para el manejo probo de recursos y decisiones de interés público”, indicaba la propuesta de la ONG.
La Asamblea Nacional le tomó la palabra ocho meses después.
Juan Pablo Soteldo fue designado en febrero de 2020 como contralor Especial y miembro de un Consejo de Contraloría integrado por otras cuatro personas. Los nuevos auditores, sin embargo, debían esperar por la aprobación de una Ley para ejercer funciones.
El 21 de mayo entró en vigencia la Ley para la Organización y Funcionamiento del Consejo de Contraloría de la República, que marcó el inicio oficial de las actividades de la Contraloría Especial. Hasta la fecha no ha habido respuesta a una solicitud de entrevista enviada al contralor especial.
“Mi principal crítica es la dispersión en la información”, dice el economista Ronald Balza. “La transparencia ayuda a saber cuáles son las limitaciones que puede tener el Gobierno interino para resolver problemas que son muy grandes, pero también sirve para proteger a los funcionarios públicos de acusaciones de corrupción, sobre todo porque el Gobierno interino nombró a un procurador pero no tenía a un contralor inicialmente”, expresa.
Varias fuentes del Gobierno encargado, que pidieron resguardar su identidad, aseguran que la gestión de Guaidó está intentando concretar una estrategia de transparencia, mediante la contratación de una empresa auditora.
“La empresa pide confidencialidad, no podemos decir su nombre, pero sí puede dar la información a un organismo como Transparencia Internacional o algún otro de ese perfil, para que la reciba, la compruebe y haga públicos los resultados de las auditorías de todo el trabajo que se está haciendo”, explica un funcionario.
Mercedes De Freitas, desde la ONG Transparencia Venezuela, reconoce que las condiciones extraordinarias y riesgosas que envuelven al Gobierno interino, por amenazas y persecución del Gobierno de Maduro, presentan un panorama muy complejo para el acceso a la información.
Por lo pronto, recomienda: “Creo que es bueno que los ciudadanos exijamos transparencia, que esos líderes políticos sepan que no van a poder hacer lo que quieran que se salga de los marcos legales; que sí estamos pendientes de cómo se está manejando ese dinero y no nos vamos a olvidar de revisar hasta el último bolívar o dólar cuando llegue el momento”.
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Créditos
Texto: Cristina González
Investigación: Cristina González, María Victoria Fermín, Ibis León y Edgar López
Infografías: Gina Domingos y Cristina González
Edición: Edgar López