Al menos 102 toneladas de drogas incautadas entre 2010 y 2018 no fueron destruidas por el sistema de administración de justicia, lo cual implica una violación a la ley.
En un país identificado como “puente” de tráfico internacional de drogas, la infraestructura creada hace una década para impedir el reciclaje de estupefacientes está desmantelada.
La Unidad de Investigación de Efecto Cocuyo elaboró una base de datos con registros oficiales emitidos por la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) y el Ministerio Público, sobre incautación e incineración de drogas.
Los resultados permiten determinar que 102.752,84 kilogramos de drogas incautadas entre 2010 y 2018 no han sido destruidas, a pesar del plazo máximo de 30 días para hacerlo que establece la legislación nacional.
En 2011, 2013 y 2016, el Ministerio Público reportó cifras de incineraciones superiores, en una y dos toneladas, al total de drogas incautadas en esos años. Esta destrucción adicional no alcanza a compensar las cantidades que han quedado sin incinerar en 2010, 2012, 2015 y 2018.
La mayor disparidad corresponde a los reportes de 2015, el año en que la ONA se ufanó de un aumento de 61% en las incautaciones en Venezuela, por el decomiso de 79.568,45 kilogramos de drogas, entre cocaína, marihuana, crack, heroína y basuco.