El Estado venezolano asegura grandes logros en materia de incautación de drogas, como parte de la lucha contra el narcotráfico, pero la custodia legal no evita el retorno de sustancias ilegales al mercado
Texto por Cristina González | @twdecristina
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Cristina González | @twdecristina
Al menos 102 toneladas de drogas incautadas entre 2010 y 2018 no fueron destruidas por el sistema de administración de justicia, lo cual implica una violación a la ley.
En un país identificado como «puente» de tráfico internacional de drogas, la infraestructura creada hace una década para impedir el reciclaje de estupefacientes está desmantelada.
La Unidad de Investigación de Efecto Cocuyo elaboró una base de datos con registros oficiales emitidos por la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) y el Ministerio Público, sobre incautación e incineración de drogas.
Los resultados permiten determinar que 102.752,84 kilogramos de drogas incautadas entre 2010 y 2018 no han sido destruidas, a pesar del plazo máximo de 30 días para hacerlo que establece la legislación nacional.
En 2011, 2013 y 2016, el Ministerio Público reportó cifras de incineraciones superiores, en una y dos toneladas, al total de drogas incautadas en esos años. Esta destrucción adicional no alcanza a compensar las cantidades que han quedado sin incinerar en 2010, 2012, 2015 y 2018.
La mayor disparidad corresponde a los reportes de 2015, el año en que la ONA se ufanó de un aumento de 61% en las incautaciones en Venezuela, por el decomiso de 79.568,45 kilogramos de drogas, entre cocaína, marihuana, crack, heroína y basuco.
Un total de 11 centros de incineración de drogas fue instalado por la ONA, entre 2009 y 2014, en los estados del país con mayores índices de incautación. Uno de los objetivos era disminuir los riesgos de reciclaje asociados al traslado de la droga incautada desde los lugares de custodia temporal hasta los lugares de destrucción.
El plan 2019-2025 de la ONA tiene tres metas: diseñar un programa de fortalecimiento para el funcionamiento de los hornos incineradores, elaborar un manual que regule el uso y funcionamiento de los hornos, y capacitar al personal para el manejo y mantenimiento preventivo y correctivo de estos equipos. Los objetivos coinciden con promesas del plan anterior (2015-2019), el cual también había previsto diseñar y aplicar un plan de supervisión y mantenimiento para los hornos, y así incrementar la operatividad de este sistema de destrucción de drogas.
Lea la investigación completa en el siguiente link:
El Estado venezolano asegura grandes logros en materia de incautación de drogas, como parte de la lucha contra el narcotráfico, pero la custodia legal no evita el retorno de sustancias ilegales al mercado
Al menos 102 toneladas de drogas incautadas entre 2010 y 2018 no fueron destruidas por el sistema de administración de justicia, lo cual implica una violación a la ley.
En un país identificado como «puente» de tráfico internacional de drogas, la infraestructura creada hace una década para impedir el reciclaje de estupefacientes está desmantelada.
La Unidad de Investigación de Efecto Cocuyo elaboró una base de datos con registros oficiales emitidos por la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) y el Ministerio Público, sobre incautación e incineración de drogas.
Los resultados permiten determinar que 102.752,84 kilogramos de drogas incautadas entre 2010 y 2018 no han sido destruidas, a pesar del plazo máximo de 30 días para hacerlo que establece la legislación nacional.
En 2011, 2013 y 2016, el Ministerio Público reportó cifras de incineraciones superiores, en una y dos toneladas, al total de drogas incautadas en esos años. Esta destrucción adicional no alcanza a compensar las cantidades que han quedado sin incinerar en 2010, 2012, 2015 y 2018.
La mayor disparidad corresponde a los reportes de 2015, el año en que la ONA se ufanó de un aumento de 61% en las incautaciones en Venezuela, por el decomiso de 79.568,45 kilogramos de drogas, entre cocaína, marihuana, crack, heroína y basuco.