Un bloqueo total a las propiedades del Gobierno venezolano en los Estados Unidos. La nueva Orden Ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump la noche del 5 de agosto tiene numerosos alcances y afecta no solo a la administración de Nicolás Maduro, sino también a cualquier entidad que le brinde asistencia financiera, material o tecnológica.
Para Mariano de Alba, abogado experto en derecho internacional, dijo a Efecto Cocuyo que la diferencia fundamental entre esta sanción y las demás impuestas anteriormente radica en que “aumenta las limitaciones para empresas estadounidenses y extranjeras de tener relaciones con el régimen de Maduro”.
Entre los activos del Estado venezolano en el país norteamericano se encuentra la empresa Citgo, principal filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), que provee el 4% del combustible que se consume en EE.UU. Además, bienes inmuebles y cuentas bancarias también quedan sometidos a la medida del presidente Trump.
“El impacto que pueda tener habrá que evaluarlo luego de que transcurra un plazo de tiempo prudencial”, explica. Ello por las siguientes razones:
1⃣ La gravedad de las consecuencias dependerá de las decisiones que tomen las empresas estadounidenses y extranjeras al momento de mantener relaciones económicas con el Gobierno de Maduro.
2⃣ Quienes se relacionen con el chavismo deben decidir si mantienen los acuerdos comerciales o prefieren cesarlos “para no arriesgarse a ser objeto de sanciones en EEUU“.
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No es un embargo económico
Por ahora, la Orden Ejecutiva tiene afectaciones más limitadas que las aplicadas a Cuba a comienzos de la década de los años 60. En ese caso, el Gobierno estadounidense prohibió cualquier exportación a la isla o, incluso, la posibilidad de realizar cualquier operación comercial con ellos, independientemente si está relacionada o no con la administración castrista.
En cambio, las medidas aplicadas ayer, 5 de agosto, van directamente orientadas hacia el gobernante Maduro, según especifica el documento, y no implica la interrupción de relaciones comerciales y financieras de todo el país en el plano internacional, según De Alba.
“No puede considerarse un embargo económico porque las limitaciones son sólo hacia relaciones comerciales con el Gobierno venezolano”, precisa. En este caso, un embargo implica un procedimiento judicial o administrativo ante un activo, pero eso no es lo que ocurre en este caso.
De manera general, la nueva Orden Ejecutiva busca que aumenten los riesgos para cualquier empresa de tener relaciones comerciales con el chavismo. También incluye algunas excepciones, de acuerdo con 13 licencias emitidas por el Departamento del Tesoro este martes, 6 de agosto.
Entre las excepciones se encuentran cualquier operación relacionada con el envío de remesas, alimentos, medicinas y vestimenta a Venezuela. Es decir, ciertas empresas podrán mantener operaciones en el país a pesar de las sanciones.
Si bien aún es incierto si los principales socios comerciales del Gobierno chavista mantendrán sus acuerdos, éstos también quedan expuestos a ser sancionados si contrarían la medida de la administración de Trump.
“Una compañía extranjera que mantenga relaciones con el gobierno de Maduro se somete al riesgo de ver sus activos en EEUU congelados, si los tuviere, y que a sus directivos se les prohíba la entrada a suelo estadounidense”, afirma De Alba.
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Foto principal: Juan Barreto / AFP