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Los productores y distribuidores de Guárico denuncian ser víctimas de extorsiones por parte de los cuerpos de seguridad, luego que la gobernación a mediados de enero, por medio de un decreto, exigió que una parte del queso y la carne de res que es producida en el estado, tenía que ser vendida solo para el abastecimiento dentro de la entidad.

Amparados en esa disposición, las alcaldías le comenzaron a exigir a los ganaderos que entregaran el 18% de su producción para que esas instituciones sean quienes distribuyan los alimentos, a pesar que según la Asociación de Productores Agropecuarios del Estado Guárico (Aprolegua) solo con el 5% de su producción se puede abastecer al estado. 13% es excedentario y no se requiere para el consumo interno.

Para evitar esa situación, las asociaciones de productores de la entidad decidieron denunciar la situación ante la Defensoría del Pueblo, puesto que ni las alcaldías ni la gobernación tienen jurídicamente esa competencia, luego de que el 22 de enero, en la Gaceta Oficial 41.325, la jefatura de la Gran Misión Abastecimiento Soberano (Gmas), dirigida por el ministro de Defensa, G/ J Vladimir Padrino López, les quitara esa competencia.

El presidente de Aprolegua, Rafael Meza, dijo a Efecto Cocuyo que después de hacerse pública la orden estatal, a quienes transportan queso y la carne de res, funcionarios de los distintos cuerpos de seguridad les quitan mercancía.

“A un productor de la entidad, Gerónimo Felizola, lo obligaron a vender ocho reses en pie a Bs. 30.000 el kilo el pasado viernes, 19 de enero, en Valle de la Pascua, luego, una semana después pasó lo mismo. En esa oportunidad no quiso ceder y denunció la irregularidad en la Defensoría del Pueblo”, narró el representante gremial.

De acuerdo a la asociación, al menos 10 productores han sido obligados por alcaldías de la entidad a venderles carne a esos precios, cuando sus costos de producción son mucho más elevados. “Para cubrir nuestros gastos tendríamos que vender el kilo (en pie) en Bs. 130.000”, agregó Meza.

El gobernador, en su cuenta de Instagram, publicó el pasado 24 de enero un acuerdo entre los productores y la institución que representa, para que en Guárico «no falte alimentos».

“Eso no fue un acuerdo, fue una imposición. Firmamos porque no nos permitían sacar reses para trasladarlas a los centros de consumo, lo que nos estaba perjudicando porque necesitábamos vender para por lo menos pagar nuestros gastos mínimos, así que decidimos vender a precios regulados, pero a los comercios, no a las alcaldías”, indicó el representante.

Meza aseveró que, “las alcaldías quieren fungir como distribuidoras y eso no puede ser así, ellos no tienen esa funciones. Quieren resolver el problema del abastecimiento, que se profundizó después de las rebajas de precios y el saqueo en Calabozo a principio de enero, dándonos a nosotros nuestro peso».

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Ganaderos se resisten

“Mientras comía con mis choferes llegó la alcaldesa del municipio Leonardo Infante, Nidia Loreto, con ocho patrullas de la policía de Guárico, para retener mi gandola”, dijo a Efecto Cocuyo la hija de la dueña del transporte, Valmari Romero, que fue retenido en Valle de la Pascua el pasado sábado, 27 de enero, desde el final de la tarde hasta la madrugada del día siguiente.

Era la segunda vez que alguna autoridad le impedía trasladar la mercancía. En la mañana de ese sábado, después de cargar la mercancía en un matadero del municipio Chaguarama para trasladarla a Cumana (Sucre), funcionarios del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (Insai) junto al alcalde de la localidad, Manuel García, no le permitían llevarse las 14 toneladas de proteína vacuna.

“Decían que no me podía llevar la carne, porque había una ordenanza de la Gobernación que señala que los productores que trasladen reses en pie fuera del estado tienen que dejar el 18% del ganado en la entidad. Sin embargo, yo había comprado las reses en canal, muertas, por eso no necesitaba el sello del Insai”, relató Romero.

Por medio de la intercesión de presidentes de asociaciones de ganaderos logró sacar la gandola a las 4 de la tarde. “Funcionarios de la GNB le colocaron un precinto a la carga, ya que estaba en regla y continué el viaje hasta que me retuvieron la gandola en Valle de la Pascua”.

80 productores del estado se acercaron al lugar en el en el sector Rancho’e Pedro para apoyar a la distribuidora. El presidente de la Federación de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga), Carlos Albornoz, inició una campaña por Twitter, para visibilizar la retención del camión de Mabel Rojas, la madre de Romero, y se convirtiera en un caso insignia del problema que padecen los productores de la entidad.

“La alcaldesa afirmó que desconocía la resolución de la Gmas, incluso dijo que Padrino López mandaba en Caracas y ella lo hacía en su municipio”, comentó la afectada.

A la una de la mañana del pasado domingo, 28 de enero, la alcaldesa cedió ante la presión de los ganaderos y la resistencia de Romero a dejar parte de su mercancía, puesto que era ilegal solicitárselo. “Ella, al ver que no iba a dejar el 18%, me dijo que le dejara el 10% y como me negué, al final me pidió el 3%, no le deje nada, ella no tenía bases”.

Para el lunes, 29 de enero, productores de la entidad se reunirían con la alcaldesa del municipio Infantes para discutir la situación en la sede de la Defensoría del Pueblo en Valle de la Pascua. La funcionaria no se presentó.

Foto: Contexto Ganadero