Brechas digitales. En Machiques de Perijá, un pueblo ubicado en la costa occidental del lago de Maracaibo, en el estado Zulia, Isayana le enseña “lo que pueda y como pueda” a sus dos hijos de 12 y 14 años. La empresa estatal de telecomunicaciones Cantv no presta servicio en la zona donde vive y depende de los datos móviles de Movistar para ayudar a sus hijos a hacer las tareas en las horas que tiene servicio eléctrico. Los apagones son frecuentes en el pueblo y todos los días se va la luz por seis horas.
Antes de la pandemia por la COVID-19, Isayana tuvo que asumir la educación de Benjamin (14 años) porque asegura que el deterioro de la infraestructura del Instituto de Educación Especial Bolivariana Perijá hizo imposible su permanencia. El adolescente tiene una discapacidad cognitiva.
Su segundo hijo, Franchesco (12 años), estudia 6to grado de primaria en el Colegio Nuestra Señora del Carmen y la maestra creó un grupo de WhatsApp para mandar las tareas semanalmente. La madre afirma que las actividades educativas llegan a 75% de los representantes y el 25% restante queda por fuera porque no tiene teléfono inteligente ni Internet.
Su principal preocupación es que sus hijos reciban una formación deficiente: “Franchesco va a pasar a otra etapa y me preocupa que no tenga una formación completa en matemáticas”. La pandemia de Covid-19 obligó a los gobiernos del mundo a cerrar las escuelas y a optar por la educación a distancia. Pero en Venezuela, el precario sistema de telecomunicaciones pone en peligro el derecho de miles de estudiantes.
En el país 15 millones de personas no tienen acceso a Internet, a pesar de que es un derecho humano, según las últimas cifras que publicó la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), en el primer trimestre de 2019.
Pero la dimensión de esta desconexión en la población estudiantil la precisó el propio Nicolás Maduro, el martes 21 de abril, cuando reveló un dato: “El 44% de los estudiantes tiene acceso a los contenidos educativos por internet”.
Esto significa que 4,9 millones de niños, niñas y adolescentes están excluidos de la posibilidad de recibir educación online a distancia, que emerge como principal alternativa mientras persistan las medidas de distanciamiento físico por el coronavirus. Se trata de más de la mitad de la matrícula (56%) correspondiente a los niveles inicial, básica y diversificada, según los reportes de la Unesco, que están fundamentados en estadísticas oficiales suministradas por el Estado. Los alumnos que viven en las zonas rurales y empobrecidas del país son los más afectados.
Por los efectos de la migración forzada y la deserción, no hay claridad sobre la matrícula universitaria. Si se suman los 2,8 millones de estudiantes de cuarto nivel, que Maduro asegura hay en el país, el total excluido asciende a 6,5 millones.
Como paliativo de las fallas estructurales de conectividad en Venezuela, Maduro entregó la rectoría de la televisora Vive TV al Ministerio de Educación, para que transmita programación educativa las 24 horas. El gobernante también prometió usar las radios comunitarias para difundir contenido educativo. La medida se tomó un mes y seis días después de la suspensión de las clases presenciales.
Desde el sector privado no es mucho lo que se puede hacer a corto plazo. La demanda de consumo que experimentó Movistar durante la primera semana de la cuarentena equivale a todo el crecimiento registrado en la red durante el año pasado (2019), lo que obligó a la compañía privada a pedirle a los usuarios “hacer uso racional de los datos” porque ya opera a su máxima capacidad.
Desconexión: ¿una política de Estado?
El desmantelamiento de las telecomunicaciones en el país fue intencional, según expertos en la materia. “Las limitaciones en el acceso a internet han sido política de Estado” desde 2009 cuando el entonces presidente Hugo Chávez declaró como gasto suntuario y superfluo la inversión en este sector, señala la especialista en políticas públicas sobre Internet, Iria Puyosa.
La investigadora enumera los hitos clave de esta política:
1.- Reestatización de CANTV (2007). Allí empieza la desinversión en infraestructura.
2.- En 2008 se recorta drásticamente el presupuesto de inversiones públicas en el sector telecomunicaciones.
3.- Restricción de asignación de divisas para importación de tecnología y equipos para la infraestructura de conectividad entre 2009 y 2014 (2009).
4.- Calificación del uso de Internet como gasto suntuario (2009) en el Instructivo Presidencial para la Eliminación del Gasto Suntuario o Superfluo en el Sector Público Nacional o Decreto 6.649.
5.- Restricción de las inversiones en internet en los presupuestos de las universidades nacionales (2009).
6.- Paralización de la ejecución del Octavo Proyecto de Servicio Universal o Red Nacional de Transporte. Este proyecto debió culminar en 2012. Tenía como objetivo la construcción de infraestructura de fibra óptica para proporcionar servicios de telecomunicaciones en 18 de las 24 entidades del país (Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Cojedes, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo y Zulia).
7.- El Octavo Proyecto tendría que ser complementado con el Noveno Proyecto de Servicio Universal que consistía en la expansión de la fibra óptica desde la red de transporte hasta los hogares de los usuarios, privilegiando el eje Orinoco Apure y la Región Nor-Oriental. Fue cancelado en 2014.
El especialista en comunicación digital Luis Carlos Díaz secunda a Puyosa: “Hay unos niveles de desigualdad gigantescos entre la capital y el resto del país que el Estado procuró porque el plan de Cantv de fibra óptica estaba en sus manos y los tipos no lo ejecutaron”.
Para Díaz, el aprendizaje a distancia o educación en línea “no es escalable” en el país porque los estudiantes no tendrán las mismas oportunidades ni condiciones.
“La gente puede hacer teletrabajo o recibir educación a distancia en las burbujas urbanas y solventes, pero a la provincia y a la gente de menos recursos se le castiga, lo que es contrario a una revolución socialista y a un sistema de inclusión”, señala.
En Caracas aparecieron, en los últimos tres años, proveedores de Internet privados que ofrecen hasta 1000 mgps a quienes pueden pagar mensualidades en dólares. “Aunque Cantv se fue al foso, hay nuevas conexiones de esta cosa que hemos llamado Internet bodegón. Hoy puedes tener un Internet de 100 megas por segundo o de hasta un gigabit, pero cuesta mucho dinero. La instalación puede costar entre 300 y 400 dólares y la mensualidad va desde 40 hasta 200 dólares dependiendo de lo que pidas”, explica Díaz.
La velocidad de navegación en el país no llega ni a 1 mgps, según los datos recabados por el el periodista especializado en telecomunicaciones William Peña. Otros estudios, como el elaborado por el Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys) y titulado Navegación a la mínima expresión, ubican el promedio de navegación en 1,6 mgps en 2018. Además, el Índice Global Speedtest clasificó a Venezuela como el país con la velocidad de Internet más lenta de América Latina.
“Los venezolanos ejercen sus libertades en línea en el peor ecosistema digital y las deficiencias de la conexión a Internet han hecho que la navegación se reduzca a la mínima expresión”, advertía Ipys en 2018.
La provincia castigada
María José* es maestra de 4to grado en el Colegio Seráfico Nuestra Señora de Belén, en el estado Mérida, y durante el confinamiento no tiene más opción que dar sus clases por mensajes de texto (SMS). La aplicación WhatsApp dejó de funcionar en su celular.
“Es terrible porque cada mensaje tiene un límite de palabras y a veces una clase se me corta a la mitad y la tengo que continuar en otro mensaje”, lamenta la educadora.
Para agilizar las comunicaciones envía los SMS a una representante que sí tiene WhatsApp y acceso al grupo del colegio para que reenvíe las instrucciones al resto del curso. “Pero entonces tengo que tener cuidado con el orden en el que llegan los mensajes porque la señal móvil es muy mala”.
La maestra optó por asignar actividades complementarias para reforzar los contenidos que ya había adelantado en clases. Considera inviable explicar nuevos temas en circunstancias tan precarias.
“Durante este período me interesa que el niño domine las operaciones básicas, la lectura y escritura de cantidades, la lectura comprensiva, y eso ya lo habíamos visto en clases”, añade.
Los apagones son frecuentes en Mérida y las familias pasan hasta once horas sin energía eléctrica. Cuando se interrumpe el servicio, María José se queda sin señal de Movistar, completamente desconectada y aislada. La comunicación ya es deficiente la mañana de este martes 21 de abril, cuando responde la entrevista. La maestra tiene que salir al patio de su casa para escuchar las preguntas.
A un mes de la cuarentena, no ha podido evaluar a sus alumnos por las limitaciones de conexión que tiene. Algunos padres le han propuesto llevar los cuadernos hasta su casa y la directiva de la escuela discute convocar a los representantes para tener acceso a las tareas, en horarios distintos con el objetivo de evitar la aglomeración de personas.
La maestra no conoce los lineamientos contenidos en el plan Cada familia, una escuela, que el Ministerio de Educación promueve para orientar la continuidad del aprendizaje a distancia.
“Se pasó a una modalidad a distancia de forma muy brusca, sin la infraestructura necesaria. Es difícil porque los recursos no permiten que te comuniques de manera permanente ni con el representante ni con el alumno. La educación a distancia requiere un monitoreo y un acompañamiento”, señala la directora nacional del programa de Escuelas Fe y Alegría, Noelbis Aguilar.
La deserción estudiantil preocupa a la organización. En las primeras tres semanas de educación a distancia solo 43% de sus estudiantes pudo participar en las actividades remotas, pues los docentes no pudieron localizar al 57% restante.
Fe y Alegría está conformada por 174 escuelas en zonas rurales o zonas urbanas de difícil acceso del país, “donde termina el asfalto”, como indica su lema.
Royber, de 15 años, entra en esta estadística. Estudia 3er año de bachillerato en la Unidad Educativa Colegio Fe y Alegría Ana Soto, ubicado en el municipio Iribarren del estado Lara. En su casa no hay computadora; solo un teléfono celular que debe compartir con toda la familia y que intenta usar para hacer sus tareas.
“Acá no funciona bien el Internet, envían información sobre lo que tenemos que hacer y ni siquiera han evaluado lo anterior. Ya no provoca ni hacer las tareas, me siento desmotivado. Yo creo que tienen que reprogramar el año porque hay materias prácticas que no estamos haciendo y en 4to año no vamos a dominarlas”, cuestiona el adolescente. El internet solo funciona a partir de la media noche, así que tiene que madrugar si quiere aprovechar las horas de conectividad.
“Mi hijo no está recibiendo educación apta porque, aunque yo lo ayudo, pedagógicamente no está recibiendo las herramientas que necesita para crecer profesionalmente”, comenta preocupada su madre Daisy.
La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) observó que la suspensión de clases presenciales por la pandemia “aumenta el riesgo de abandono escolar y la interrupción de la prestación de servicios sociales para la población más vulnerable como la seguridad alimentaria”.
La directiva de Fe y Alegría considera imprescindible una pedagogía que adapte los contenidos al contexto de emergencia y a los medios digitales disponibles. “Se debe pasar por un tamiz los saberes esenciales que cada niño tiene que aprender y priorizar las competencias fundamentales como la lectura y la escritura, los procesos lógicos, matemáticos y los valores ciudadanos. Para enseñar estos saberes se usan ejes temáticos asociados a lo que estamos viviendo como los hábitos saludables, el derecho a la vida y a la educación”, explica Aguilar.
El presidente de la Asociación Nacional de Institutos Educativos (Andiep), Fausto Romeo, pone el acento en los apagones que obstaculizan la continuidad de las clases a distancia. De acuerdo con los reportes que maneja, los estados más afectados son Mérida, Táchira y Zulia.
Según Romeo, a pesar de las dificultades, las escuelas han salido adelante usando distintas herramientas digitales como Zoom, Google ClassRoom, Youtube, redes sociales y las radios comunitarias. También han distribuido guías por correo electrónico o en físico, en los lugares donde no hay luz, y han promovido el uso de libros y material que tengan disponible en casa.
La plataforma de bachillerato online Dawere también se puso a disposición de Andiep y presta sus contenidos de forma gratuita a los profesores y estudiantes que lo necesitan.
“Yo creo que lo estamos haciendo bien en Venezuela. Yo entiendo que en las primeras dos semanas tuvimos un descontrol porque los maestros estaban adaptándose. ¿Cuáles son las alternativas que tenemos? No podemos quedarnos de brazos cruzados”, concluye.
¿Qué opinan los padres?
El vocero de la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (Fenasopadres), Yohorman Pantoja, reitera que hay serias dificultades para llevar adelante el programa de educación a distancia porque muchos docentes no tienen dispositivos, como celulares inteligentes, para enviar las actividades académicas y mucho menos para prestar apoyo psicoemocional a los padres, como se establece en el plan Cada familia, una escuela, que diseñó el Ministerio de Educación.
La Colección Bicentenaria y el sistema Canaima, sobre los que se apoya el plan ministerial, cubren a una minoría estudiantil, según Pantoja. “Este año solo el 38% del país recibió los textos de esta colección y el programa Canaima arrancó en 2015, pero desapareció en los últimos dos años. La actualización del software para el programa educativo no se dio y quedó en desuso”, destaca.
En 2017, el gobierno reportó que había entregado más de 6 millones de computadoras Canaima en todo el país, lo que cubría 83% de la población escolar activa. Pero ese año, el entonces ministro Elías Jaua admitía que era necesario impulsar un plan de mantenimiento porque existía “un problema con los repuestos”.
La migración forzada de más de 4 millones de venezolanos también impactó en las escuelas, indica el vocero de Fenasopadres, porque muchos niños, niñas y adolescentes quedaron al cuidado de algún familiar y no todos cuentan con la supervisión que se requiere para que cumpla con los objetivos académicos.
“Los padres nos alarmamos porque lo que escuchamos del ministro (Aristóbulo Istúriz) es que se deben hacer actividades lúdicas; es decir juegos, dibujos y dinámicas. Ahora, dime tú, los muchachos que están en bachillerato van a dejar de ver física, química y materias esenciales cuando aspiran entrar a la universidad. Esto es bien grave”, manifiesta.
Para Pantoja la crisis económica es otro problema adicional: “Muchos padres han perdido sus puestos de trabajo por la emergencia y otros tienen que salir todos los días a las calles para buscar el sustento diario y esto tiene un efecto colateral en la educación”.
Iniciativas en Venezuela
El director del Centro de Investigación de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) y especialista en Educomunicación, Gustavo Hernández, aclara que “aunque la terminología es variada”, la educación a distancia aplica más al siglo XX y al uso de los medios tradicionales, como la televisión o la radio, para llevar la educación a zonas lejanas de un país.
Educación online es una noción más actualizada y se refiere al uso de las tecnologías de la información y de la comunicación al servicio de la educación, razona el experto. Esta puede ser sincrónica (que se produce o se hace al mismo tiempo que otro hecho) como una videollamada por ejemplo, o asincrónica (no ocurre al mismo tiempo) como el envío de materiales por correo que el estudiante podrá responder en un plazo determinado.
El especialista subraya que para hablar de educación online o aula virtual es necesario que los módulos de contenidos y actividades estén diseñados bajo una pedagogía que busque estimular la interacción del estudiante para que pueda cuestionar, complementar y enriquecer el tema. “En educación, la tecnología no lleva a ninguna parte sin pedagogía”, sostiene.
Considera que iniciativas como carteleras, papelógrafos y guías son acciones que buscan responder a una contingencia mundial y son “encomiables”, pero no responden a una estrategia de educación a distancia propiamente. “Lo que se hace es la transmisión de manera unidireccional de un contenido que llega al estudiante y no sabemos en qué condiciones llega”, argumenta.
No obstante, el profesor destaca los esfuerzos que impulsa la Ucab a través del uso de distintas plataformas como módulo 7, que es un aula virtual que brinda esta universidad para pregrado y postgrado.
Las brechas digitales son un desafío en todo el mundo en un momento en el que el aula virtual es la única opción frente a la COVID-19. Unos 826 millones de estudiantes no tienen acceso a una computadora y 706 millones no tienen Internet en sus casas, calcula la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
“Si bien deben multiplicarse los esfuerzos para proporcionar conectividad a todos, ahora sabemos que la continuidad de la enseñanza y el aprendizaje no puede limitarse a los medios en línea”, advierte Audrey Azoulay, Directora General de la Unesco, en un análisis más próximo a lo que existe que a lo que se desea.
Para insistir en la dimensión del desafío que plantea la pandemia de la COVID-19, Stefania Giannini, Subdirectora General de Educación de la agencia de las Naciones Unidas, agrega: “Estas desigualdades constituyen una verdadera amenaza para la continuidad del aprendizaje en un momento en que se produce un trastorno educativo sin precedentes”.