“El médico me revisó la barriga y me dijo ‘tu bebé está muerto; aquí no te podemos atender’”, me contó Yasmelis Casanova el 10 de mayo, Día de las Madres.
La conocí al entrar al Hospital Materno Infantil de Petare, un complejo de barrios informales en el este de Caracas.
Casanova, de 42 años y con 31 semanas de embarazo, me dijo que llevaba varias horas con dolores y había tenido un largo viaje en transporte público, sorteando retenes instalados por la cuarentena.
Pero en el hospital le informaron que no había agua, solo uno de sus cuatro quirófanos funcionaba, el hematólogo estaba con licencia médica desde que comenzó el confinamiento nacional, el 17 de marzo, y el banco de sangre no estaba operativo.
Casanova pasó dos horas en una silla de plástico a la entrada, donde la conocí, hasta que el dolor y la hemorragia se hicieron inaguantables y el personal del hospital accedió a ingresarla. Eran las 8 de la mañana.
Cuatro horas más tarde, una enfermera se aproximó a su nuera y acompañante para decirle, “a regañadientes”, que la vida de Casanova corría peligro y por eso la trasladarían a otro hospital mejor equipado, a una hora de distancia de Caracas.
Allí, tras alumbrar a su hija muerta, le hicieron una transfusión y una histerectomía. Pero, me dijo más tarde por teléfono: “Ellos no me dijeron nada, ni que me iban a sacar los ovarios, ni nada. Ellos me durmieron, y me dijeron al otro día lo que habían hecho”.
Casanova y su familia afirman que desde ese momento permaneció sola durante 20 días de hospitalización. Su pareja y su nuera solo pudieron hacerle una breve visita cada uno. “Eso fue lo más duro”, me dijo, al describir sentimientos de soledad y tristeza. El 13 de mayo fue operada otra vez de urgencia para detener una nueva hemorragia, y solo le dieron de alta el día 30.
Una médica internista de la maternidad de Petare, que pidió no revelar su nombre, describió como “horrible” lo que soportan parturientas y personal sanitario en ese centro de salud.
“Casi nunca hay agua, y tenemos que usar solución fisiológica para lavarnos las manos. Las mujeres paren en camillas sucias, sin sábanas. Muchos especialistas han renunciado, otros no van a trabajar porque no tienen cómo llegar. Yo camino más de una hora de mi casa al hospital desde que comenzó la cuarentena”, dijo la médica.
Cuando pedí al viceministro de Hospitales, Armando Marín, información sobre cómo estaban dando a luz las mujeres en la pandemia, me derivó al director de una maternidad de Caracas. Pero, cuando lo llamé por teléfono, este funcionario me contestó: “no estoy autorizado” a hablar y colgó.
Varias embarazadas se quejaron de la cancelación de consultas y controles por la reorganización de hospitales para atender el COVID-19. Las restricciones al transporte durante la cuarentena (que se relajó parcialmente el 1 de junio, pero fue reimpuesta a finales de mes) supusieron más problemas para las mujeres.
Casanova es hipertensa, por lo cual su embarazo era de riesgo. Cuando acudió a un centro de atención ambulatoria cerca de su casa le recomendaron una ecografía (que hubiera podido hacerse de contar con dinero para una clínica privada). “Pero yo no tenía dinero. Luego, con la cuarentena y mis malestares, era muy difícil salir de mi casa”, contó.
La violencia obstétrica y la ley
Hace más de 10 años, una ley venezolana pionera tipificó en 2007 la ‘violencia obstétrica’, según cinco tipos de prácticas: “no atender oportuna y eficazmente las emergencias obstétricas”; forzar a la mujer a dar a luz acostada de espaldas; dificultar el contacto temprano piel con piel con los recién nacidos, y presionar a las mujeres para inducirles los partos y practicarles cesáreas sin que sea médicamente necesario.
“¡A parir pues, a parir! ¡Todas las mujeres a tener seis hijos, todas, que crezca la patria!”, exclamó en marzo el presidente Nicolás Maduro en un acto para promover el Plan Parto Humanizado, que, según afirma, “garantiza una maternidad feliz a féminas de la Patria”.
Pero la médica del hospital de Petare cree que, con la falta de recursos que soportan los hospitales, “hablar de parto humanizado en Venezuela es una falacia, porque aquí los médicos atendemos con las uñas”.
Magdymar León Torrealba, profesora de estudios de la mujer en la Universidad Central de Venezuela, agrega: “La ley por sí sola no garantiza protección”.
Mientras estuve en la maternidad de Petare en mayo pude ver a parturientas que habían caminado más de una hora por la falta de transporte. Algunas eran enviadas de vuelta a sus casas con la indicación de regresar cuando tuvieran mayor dilatación del cuello uterino.
Otras mujeres que parieron durante la pandemia me relataron maltrato verbal, falta de analgésicos, así como haber pasado por inducciones y episiotomías (corte en la abertura vaginal) sin que las informaran.
Cuatro mujeres me aseguraron que se les ordenó permanecer acostadas boca arriba en la camilla cuando las contracciones se hicieron más fuertes, pese a que la ley les da derecho a cambiar de posición.
Yerica Lara dio a luz el 7 mayo en la Maternidad Concepción Palacios. Asegura que su parto fue inducido con oxitocina sin su permiso y que solo se enteró después de parir que también le habían practicado una episiotomía. Cuando quiso pararse, ir al baño o tomar agua, recibió como respuesta: “deja la necedad”.
La violencia obstétrica “está muy naturalizada por las autoridades y la comunidad médica”, dice Mercedes Muñoz, presidenta de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa.
A las mujeres “exigir sus derechos las hace sentir que corren el riesgo de quedar desatendidas, y muchas veces eso las hace callar. Lo que viven las mujeres embarazadas en Venezuela es absolutamente dantesco”, agrega.
Pero Jairo Fuenmayor, miembro de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, argumenta que lo ocurrido a Casanova no constituye violencia obstétrica: “Si la vida de la paciente corre peligro y el médico no la puede recibir porque no está operativo el banco de sangre, porque no hay agua, porque los quirófanos no están operativos, y pide su traslado, pero no hay una ambulancia que la lleve de inmediato, no es violencia obstétrica sino hospitalaria”.
“Para que haya un trato digno hacia la mujer” se debe “solucionar primero la crisis humanitaria”, dijo la diputada opositora Manuela Bolívar, presidenta de la subcomisión de la mujer e igualdad de género de la Asamblea Nacional.
La economía petrolera de Venezuela fue severamente golpeada por la mala administración, el derrumbe de los precios de crudo desde 2015 y las sanciones impuestas por EEUU. Ese colapso económico parece haber empeorado de manera significativa la mortalidad materna e infantil. Las últimas cifras oficiales, que datan de 2016, mostraron aumentos de 66 por ciento en muertes maternas y de 30 por ciento en las infantiles respecto de 2015.
No hay datos confiables sobre casos de violencia obstétrica en Venezuela, si bien apenas una fracción llegan a la justicia. Fuenmayor dijo que la Sociedad de Ginecología y Obstetricia actuó el año pasado como perito experto en siete casos que fueron juzgados, de los cuales dos terminaron en condenas. Se desconoce el resultado de los otros cinco.