Deben agotarse vías pacíficas para que pacientes con COVID-19 acepten hospitalización, señalan ONG - Efecto Cocuyo

CORONAVIRUS · 13 ABRIL, 2020 21:58

Deben agotarse vías pacíficas para que pacientes con COVID-19 acepten hospitalización, señalan ONG

Texto por Deisy Martínez @deicamar

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Agotar vías pacíficas. Los derechos humanos de los ciudadanos deben ser garantizados aun en estados de excepción. Bajo esta premisa, ONG defensoras de DDHH recomiendan que antes de recurrir a medidas forzosas para contener la propagación del COVID-19 en el país, como la hospitalización obligatoria, el Estado debe generar confianza y agotar las vías para que las personas acepten de manera voluntaria ir a centros asistenciales, además de asegurar que su salud será atendida adecuadamente.

Este domingo 12 de abril, Nicolás Maduro ordenó que todos los casos confirmados de COVID-19 que se encuentren en aislamiento domiciliario fuesen hospitalizados. Hace una semana lo hizo a modo de solicitud por la cantidad de camas disponibles (23.500), pero esta vez cambió el tono dada la negativa de nueve personas, según explicó.

“Para aquellas personas en quienes se confirme que han contraído el coronavirus, efectivamente el estado de alarma establece en su artículo 26 que deberán cumplir aislamiento obligatorio, añadiendo que ello deberá pasar previamente por un requerimiento voluntario a dicho aislamiento”, indicó Jo D’Elia, investigador  del derecho a la salud en Provea.

El mismo artículo además establece que quienes que no acepten voluntariamente el aislamiento podrán ser trasladadas a un hospital  o a otro lugar adecuado para que cumpla el confinamiento.

D’Elia advirtió que si bien en situaciones de peligro o emergencia para la salud pública se toman medidas que admiten ciertas restricciones a algunos derechos, también aplican ciertas condiciones.

“Que estas medidas estén determinadas por la ley, que no violen el contenido esencial de los derechos limitados y sean proporcionales, necesarias, temporales y usadas solo para el propósito para las que fueron creadas”, subrayó el también miembro de la ONG Civilis DDHH.

En este sentido, disposiciones como la restricción a la movilidad y a la actividad humana, con el distanciamiento social son necesarias, dado lo rápida que puede ser la propagación del virus y sus efectos graves en una proporción significativa de la población.

El 13 de marzo fue publicado en Gaceta Oficial extraordinaria número 6.519 el decreto de estado de alarma ante la llegada del COVID-19 al país. Es un tipo de estado de excepción previsto en el artículo 338 de la Constitución nacional. El gobierno de Maduro anunció su extensión por 30 días más, incluida la cuarentena social.

“¿Por qué nueve personas no quieren salir de sus casas?, ¿O es que no hay autoridad? Deben ir a hospitalizarse porque en sus casas son fuentes de contagio ¿o es que no se entiende?”, manifestó Maduro el domingo. Este lunes 13 de abril aseguró que todos los casos fueron hospitalizados, “ninguno está en su casa”, añadió.

D’Elia indica que antes de proceder a la ejecución forzosa de una medida de este tipo, el Estado debe agotar las vías pacíficas posibles para que el paciente acepte ser trasladado a un centro de salud, sea público o privado que elija, de manera voluntaria.

“Lo que no pueden hacer las autoridades por ejemplo, es llevarlo a un sitio que no garantice su salud, seguridad y alimentación.El Estado debe dotar a los hospitales”, dijo.

Y añadió que “es contrario a las normas de DDHH las extralimitaciones como la incomunicación con familiares u otras personas, los condicionamientos a la atención sanitaria por razones políticas, la detención arbitraria, el uso de la violencia física o psicológica y los impedimentos a la libertad de expresión, entre otras prácticas abusivas”.

“Estar enfermo no es delito”

La directora del Comité de Familiares de las Víctimas del Caracazo (Cofavic), Liliana Ortega, expresó que tan importante es que el Estado ofrezca confianza sobre la atención que recibirá un paciente con COVID-19, como que la persona acepte ayuda. Esto, si el enfermo y sus allegados están conscientes de que no puede aislarse adecuadamente o carece de recursos para medicinas en insumos.

“Estar enfermo no es un delito, no es una situación que deba criminalizarse ni promoverse por ningún medio. En este tipo de situaciones se impulsan también el racismo, la xenofobia, la discriminación y el Estado debe hacer esfuerzos para evitarlos”, advirtió la abogada, quien reiteró que se deben agotar vías pacíficas.

El gobierno presidido por Maduro alega el incremento de contagios comunitarios para proceder a la hospitalización. Se ponen como ejemplos los que se infectan por cuidar a algún familiar con el virus en casa, esto al no tomar las debidas precauciones. Hasta este lunes 13 de abril, la cifra de casos confirmados de COVID-19 va por 181.

Ortega señaló que lo aconsejable es que en cada caso confirmado de COVID-19 que esté recibiendo cuidados en el hogar, deben valorarse las condiciones personales para el aislamiento antes de tomar una decisión.

“La persona tiene derecho a contar con una opinión médica confiable y si no puede estar aislada correctamente que se le garantice un sitio adecuado para la hospitalización si no cuenta con seguro médico que es en la mayoría de los casos o si quiere que sea en un centro privado”, dijo.

Recordó que el estado de excepción contemplado en los artículos 337, 338 y 339 de la Carta Magna no implican la suspensión del estado de Derecho sino que garantizan el funcionamiento del Poder Público en situaciones de emergencia nacional. Por tal razón, los derechos a la vida, la libertad personal, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información, igualdad ante la ley, la nacionalidad, entre otros, no pueden ser suspendidos.