Atender con extrema urgencia. Desde la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL) exigieron al gobierno de Nicolás Maduro atender con “extrema urgencia” la situación de los privados de libertad que se encuentran en cárceles y calabozos policiales tras la pandemia de coronavirus.
En un comunicado, la ONG que defiende los derechos de los presos del país, aseguró que en los sitios de reclusión monitoreados por UVL existe una población carcelaria de 19.091 reclusos, que están distribuidos en centros de detención preventiva, diseñados para albergar de manera temporal a una población de apenas 6.448 detenidos.
Del monitoreo realizado por UVL a 238 calabozos policiales en 15 estados del país, se desprende un 205 % de hacinamiento en estos lugares. Esto ha propiciado enfermedades infectocontagiosas en al menos 494 detenidos, es decir, un 44, 8 % de las enfermedades reportadas. A ello se le suman los 224 enfermos de tuberculosis y los 22 reclusos que murieron en el 2019 solo por esta enfermedad, según el informe de UVL.
La ONG reportó en 2019 la falta de saneamiento en el 93 % de los centros de detención preventiva que monitorean, en donde permanecen reclusos con severos cuadros de desnutrición, producto de la desatención gubernamental en proveer de alimentos y medicamentos, a la población penitenciaria.
“Hoy, cuando Venezuela debe enfrentar la propagación de un virus, frente a un colapso del sistema sanitario nacional y ante un hacinamiento carcelario desproporcionado, UVL exhorta y demanda de las autoridades gubernamentales, de las autoridades carcelarias y sanitarias del país, la inmediata atención a la población de privados de libertad, a las que se les ha restringido las visitas familiares para evitar cualquier contagio del COVID-19”, se lee en el documento.
En los centros de detención preventiva o calabozos policiales no existe infraestructura para proporcionar los alimentos a los presos, por eso son los familiares de los reclusos quienes deben llevar los alimentos cada vez que los visitan.
“El Estado y el gobierno venezolano se han olvidado de cumplir con los más elementales y fundamentales derechos humanos de los privados de libertad”, reiteran.
La ONG insiste en que el hacinamiento carcelario es la principal causa de la crisis penitenciaria en Venezuela. “El compañero constante de todas las otras violaciones de derechos fundamentales de los reclusos, pues constituye uno de los primarios riesgos de salud para la población penitenciaria”.
Con información de UVL
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Atender con extrema urgencia. Desde la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL) exigieron al gobierno de Nicolás Maduro atender con “extrema urgencia” la situación de los privados de libertad que se encuentran en cárceles y calabozos policiales tras la pandemia de coronavirus.
En un comunicado, la ONG que defiende los derechos de los presos del país, aseguró que en los sitios de reclusión monitoreados por UVL existe una población carcelaria de 19.091 reclusos, que están distribuidos en centros de detención preventiva, diseñados para albergar de manera temporal a una población de apenas 6.448 detenidos.
Del monitoreo realizado por UVL a 238 calabozos policiales en 15 estados del país, se desprende un 205 % de hacinamiento en estos lugares. Esto ha propiciado enfermedades infectocontagiosas en al menos 494 detenidos, es decir, un 44, 8 % de las enfermedades reportadas. A ello se le suman los 224 enfermos de tuberculosis y los 22 reclusos que murieron en el 2019 solo por esta enfermedad, según el informe de UVL.
La ONG reportó en 2019 la falta de saneamiento en el 93 % de los centros de detención preventiva que monitorean, en donde permanecen reclusos con severos cuadros de desnutrición, producto de la desatención gubernamental en proveer de alimentos y medicamentos, a la población penitenciaria.
“Hoy, cuando Venezuela debe enfrentar la propagación de un virus, frente a un colapso del sistema sanitario nacional y ante un hacinamiento carcelario desproporcionado, UVL exhorta y demanda de las autoridades gubernamentales, de las autoridades carcelarias y sanitarias del país, la inmediata atención a la población de privados de libertad, a las que se les ha restringido las visitas familiares para evitar cualquier contagio del COVID-19”, se lee en el documento.
En los centros de detención preventiva o calabozos policiales no existe infraestructura para proporcionar los alimentos a los presos, por eso son los familiares de los reclusos quienes deben llevar los alimentos cada vez que los visitan.
“El Estado y el gobierno venezolano se han olvidado de cumplir con los más elementales y fundamentales derechos humanos de los privados de libertad”, reiteran.
La ONG insiste en que el hacinamiento carcelario es la principal causa de la crisis penitenciaria en Venezuela. “El compañero constante de todas las otras violaciones de derechos fundamentales de los reclusos, pues constituye uno de los primarios riesgos de salud para la población penitenciaria”.
Con información de UVL