OVP denuncia muerte de un privado de libertad por infección urinaria que derivó en shock séptico

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este lunes el fallecimiento de Elvis José Márquez Peña, privado de libertad en el Centro Penitenciario de Carabobo (conocido como «La Mínima»), ubicado en Tocuyito, estado Carabobo. El deceso ocurrió el pasado 24 de octubre en el Hospital Dr. Enrique Tejera.

Según la información recibida por el OVP, la causa de la muerte fue un shock séptico de origen urinario, asociado a una infección del tracto urinario cuyo agente causante aún no había sido identificado.

La organización señaló que el caso genera interrogantes sobre el estado de salud previo del detenido, el momento en que comenzaron los síntomas, la atención médica recibida y las circunstancias de su traslado al hospital. El OVP recordó que una infección urinaria puede derivar en complicaciones graves y potencialmente mortales si no se diagnostica y trata de manera oportuna.

Humberto Prado, director del OVP, exigió una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial para determinar cuándo se inició la infección, qué atención médica recibió Márquez Peña, si se le suministraron los medicamentos necesarios y si existieron retrasos en el diagnóstico o en el traslado hospitalario. Asimismo, solicitó que se identifique a los funcionarios responsables de su atención y custodia, y que se establezcan las responsabilidades penales, administrativas o civiles que correspondan.

Prado también demandó al Ministerio para el Servicio Penitenciario una evaluación médica urgente de todas las personas privadas de libertad que presenten síntomas de infección o padezcan enfermedades graves, así como el suministro de tratamientos, atención especializada y traslados hospitalarios sin demoras. Además, instó al Ministerio Público a investigar las muertes bajo custodia del Estado relacionadas con posibles fallas en la atención sanitaria.

El OVP indicó que, desde abril de 2026, ha documentado más de 70 muertes de personas privadas de libertad en un contexto de graves deficiencias en la atención médica penitenciaria. La organización enfatizó que las personas bajo custodia dependen de las autoridades para acceder a consultas, medicamentos y traslados hospitalarios, por lo que garantizar su derecho a la salud y a la vida constituye una obligación del Estado.

“Que nuestras denuncias no obtengan respuesta no significa que dejaremos de insistir, porque el silencio de los funcionarios no los exime de su obligación de proteger la vida y garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad”, afirmó Prado.