Reuters: EEUU invoca una ley de tortura raramente aplicada en el caso ampliado contra Maduro

 Nicolás Maduro, el derrocado presidente de Venezuela, se convirtió en una de las pocas personas acusadas en Estados Unidos por violar una ley federal de 1994 que criminaliza la tortura cometida en el extranjero. Fiscales estadounidenses ampliaron así su caso penal contra él y su esposa, Cilia Flores.

Maduro, de 63 años, y Flores, de 70, se declararon no culpables la semana pasada de una acusación ampliada que los señala por conspirar para torturar a opositores políticos con el fin de mantenerse en el poder, además de los cargos previos de narcotráfico y narcoterrorismo. El juicio está programado para junio de 2027.⁠

Según una revisión de registros judiciales realizada por Reuters, Maduro y Flores son apenas la séptima y octava personas identificadas que han sido acusadas bajo esta ley de 1994. El caso marca la primera vez que Estados Unidos procesa a un jefe de Estado por autorizar supuestamente el uso de la tortura en su propio país, según el abogado Michel Paradis, socio del bufete Steptoe, quien calificó el proceso como “un caso histórico”.

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Los fiscales del distrito sur de Nueva York sostienen que Maduro ordenó la tortura de opositores políticos y militares para preservar el poder. La acusación superseding (actualizada), presentada el 8 de octubre, describe un sistema de represión que incluía violencia, detenciones arbitrarias y torturas a detenidos, entre ellos ciudadanos estadounidenses. Los métodos alegados abarcan descargas eléctricas, asfixia, violaciones, aislamiento prolongado, privación de alimentos y tortura psicológica, como amenazas contra familiares.

Maduro y Flores no son acusados de ejecutar personalmente los actos, sino de dirigir y autorizar el sistema. La pareja fue capturada en enero de 2026 durante una incursión militar estadounidense en Caracas ordenada por el presidente Donald Trump y trasladada a Nueva York, donde enfrentan los cargos. Permanecen bajo custodia federal.

Expertos señalan que la ley federal sobre tortura extraterritorial (Sección 2340A del Título 18 del Código de Estados Unidos) permite la jurisdicción cuando el acusado se encuentra en territorio estadounidense, abriendo una vía poco común de rendición de cuentas por hechos ocurridos en Venezuela.

Maduro y Flores niegan todas las acusaciones y se preparan para enfrentar el juicio.