Juez condena a militares del caso “Brazalete blanco”

Fiscal Larry Devoe dice que MP solicitó las medidas para todos los involucrados

Mientras el Tribunal 3.º de Primera Instancia en Funciones de Juicio con competencia en materia de terrorismo dictaba sentencia absolutoria a favor de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel y de otras tres personas, el mismo fallo dejó un saldo de condenas contra al menos ocho procesados en el caso conocido como “Brazalete Blanco”.

La decisión, anunciada la medianoche del 1 de octubre, puso fin a más de dos años de proceso judicial contra San Miguel, quien había sido detenida el 9 de febrero de 2024 y vinculada por el entonces fiscal Tarek William Saab a una presunta trama conspirativa para atentar contra Nicolás Maduro y el gobernador de Táchira, Freddy Bernal.

El Ministerio Público, ahora bajo la dirección de Larry Devoe, solicitó la absolución de la activista y de Alejandro González, Luis Camacaro y Guillermo López tras “un análisis objetivo de los hechos y las pruebas”, según comunicó el propio fiscal general.

Sin embargo, el mismo tribunal condenó a tres personas por el delito de conspiración y a cinco más por encubrimiento:

Por conspiración:

  • Ányelo Julio Heredia Gervacio (capitán degradado del Ejército, señalado como cabecilla del plan): 18 años de prisión.
  • Guillermo Enrique César Siero (teniente coronel degradado): 12 años.
  • Ronald Alejandro Ferrer Vera (militar degradado): 12 años.

Por encubrimiento (3 años cada uno):

  • Karen Nayarit Gómez (primer teniente degradada).
  • Carlos Jesús Sánchez (coronel degradado).
  • Guillermo Henry César Siero (mayor degradado, hermano del anterior).
  • Diana Desirée Victora Justo (mayor degradada).
  • Jesús Manuel Suárez Gil (civil), a quien se le otorgó medida cautelar.

Un reporte de Foro Penal desde las afueras del Palacio de Justicia confirmó la lista de absueltos y condenados, subrayando que la libertad plena de San Miguel y los otros tres contrastó con las penas impuestas a los militares que, según la narrativa oficial de 2024, habrían sido el núcleo operativo de la fallida operación.

San Miguel, al conocer la sentencia, celebró su absolución y ratificó su inocencia, pero al mismo tiempo calificó de “profundamente injustas” las condenas dictadas contra los demás procesados y pidió su anulación.

Organizaciones de derechos humanos han insistido en que el caso Brazalete Blanco sirvió como justificación para una represión selectiva contra militares disidentes, dirigentes opositores y activistas.

Así, el 1 de octubre de 2026 marcó un cierre parcial para uno de los expedientes políticos más visibles de los últimos años: libertad plena para Rocío San Miguel y tres coacusados, pero condenas que mantienen privadas de libertad a varias de las personas que el chavismo presentó en su momento como protagonistas de la trama.