Denuncian condena de 30 años a cuatro personas por “falsos positivos Tancol”

El juez primero contra el Terrorismo, José Antonio García Morán, condenó este jueves 3 de septiembre a 30 años de prisión a los ciudadanos Renso José Pita Quintero, Jesús Eudias Puerto Moreno, Rudy Jazmín Ibarra Rubio y Jean Carlos Salazar. Los cuatro fueron detenidos en 2021 en Naranjales, estado Táchira, en el marco de las operaciones contra los grupos denominados Tancol (Terroristas Narcotraficantes de Colombia), según denominación del gobierno de Nicolás Maduro.

Según denuncian sus familiares y el Comité por la Libertad de los Falsos Positivos Tancol, se trata de personas inocentes, de origen humilde y provenientes de pueblos fronterizos, que habrían sido presentadas como “éxitos” policiales y militares.

Afirman que fueron detenidas sin pruebas, desaparecidas, mantenidas incomunicadas y torturadas por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

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Rabia e impotencia

Edgar García, familiar de Jesús Eudias Puerto Moreno, señaló: “Son ‘falsos positivos’ de las operaciones contra los Tancol. Agarraron a gente inocente, muy humilde, de pueblos de la frontera para mostrar números y éxitos policiales y militares. Los torturaron, los desaparecieron, no les garantizaron su derecho a la defensa, y ahora el juez los condenó, sin pruebas, a 30 años. Basta de injusticia. Exigimos amnistía para todos”.

El Comité por la Libertad de los Falsos Positivos Tancol ha documentado 68 casos similares. De ellos, 23 personas han sido condenadas a la máxima pena por los tribunales de terrorismo. Siete de estos condenados habían sostenido reuniones previas con el Programa de Paz y Convivencia Democrática, la Defensora del Pueblo y la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio Público. Aunque en esas instancias habrían encontrado receptividad, los tribunales continúan dictando sentencias de 30 años.

Diana Ibarra Rubio, hermana de Rudy Jazmín Ibarra Rubio, expresó: “No entendemos qué pasa. Tenemos rabia, tristeza e impotencia al ver que nuestros familiares son condenados siendo inocentes y que las instituciones no terminan de ayudarnos a corregir las injusticias que hemos vivido en los últimos cinco años. Se habla de que quieren acabar con la criminalización de la pobreza, pero no liberan a nuestros familiares, que están presos por pobres, porque no tenían cómo defenderse ni pagar lo que les pedía el DGCIM para soltarlos”.

Los familiares exigieron a la Defensa Pública que apele de inmediato la sentencia y solicitaron al Ministerio Público y al Programa de Paz y Convivencia Democrática que impulsen una amnistía o indulto para estas personas.