Familia y defensa de Afiuni piden libertad plena para que pueda tratarse tumores

Asimismo, exigen el cierre definitivo de un caso que, aseguran, “nunca debió extenderse”

El hermano de la jueza María Lourdes Afiuni Mora, Nelson Afiuni, aclaró en un comunicado público el estado de salud que ha presentado la abogada en las últimas semanas. Según el documento, Afiuni presentó un cuadro de mareos, vómitos e hipertensión que motivó su traslado de urgencia a un centro asistencial, donde fue estabilizada bajo observación.

Estudios especializados y tomografías con contraste, ordenados por el equipo de oncología que la trata, revelaron la presencia de tres nuevas lesiones tumorales localizadas en distintas partes del cuerpo, las cuales requieren atención médica inmediata para evitar “consecuencias irreparables”.

La familia vincula directamente este deterioro a las consecuencias acumuladas de más de 16 años de lo que describe como un “prolongado proceso de persecución”, privación injusta de libertad, condiciones de reclusión y falta de atención médica oportuna en etapas críticas. Destacan que Afiuni fue condenada a cinco años por un delito de corrupción que, según señalan, no pudo materializarse, ya que no existió dinero ni promesa de beneficio a cambio de la decisión judicial cuestionada, tal como constó en las actas procesales y reconoció la fiscal del caso.

El comunicado subraya que la única hija de la jueza reside desde hace más de una década en Estados Unidos y aspira a que su madre reciba evaluación y tratamiento especializado en ese país, acompañada por sus familiares cercanos. Sin embargo, las restricciones derivadas del proceso penal impiden actualmente esa posibilidad; con ello aclararon que, diferente a como expresaron voceros del chavismo, como el diputado Jorge Arreaza, ella no se encuentra en libertad plena, sino en condición de libertad condicional.

Nelson Afiuni Mora y Thelma Fernández, representante legal de la familia, hacen un llamado a las autoridades venezolanas para que actúen “con humanidad, justicia y responsabilidad institucional”, eliminen las restricciones que limitan el acceso pleno a la atención médica y permitan el reencuentro familiar en este momento de especial vulnerabilidad.

Asimismo, exigen el cierre definitivo de un caso que, aseguran, “nunca debió extenderse por tanto tiempo” y que forma parte de “un capítulo oscuro de la historia del Poder Judicial venezolano”.

La familia agradece las muestras de solidaridad, apoyo y oraciones recibidas, y se compromete a mantener informada a la opinión pública sobre cualquier novedad médica relevante.