Gobierno interino anuncia “retiro definitivo” de Venezuela de la Corte Penal Internacional
El gobierno chavista sostiene que este patrón revela una justicia internacional “instrumentalizada para profundizar las desigualdades”

El gobierno interino informó este viernes su decisión “firme e irrevocable” de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar el proceso de retiro definitivo de Venezuela de la Corte Penal Internacional (CPI), conforme al Artículo 127 del tratado.
A través de un mensaje en la red social X, el canciller Félix Plasencia González indicó que la acción se realiza por instrucciones directas de la gobernante encargada, Delcy Rodríguez, y que la comunicación formal ya fue enviada al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres.
“Venezuela considera que la actuación de la Corte responde a un sesgo geográfico demostrado, que ha concentrado su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos, en detrimento del Sur Global”, señala el comunicado.

El gobierno chavista sostiene que este patrón revela una justicia internacional “instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos” y que desconoce el derecho a la autodeterminación y la soberanía. Asimismo, califica la actuación de la CPI como una forma de lawfare (guerra judicial) dirigida contra el pueblo venezolano.
“Reiteramos nuestro compromiso con una justicia genuinamente equitativa, respetuosa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos”, concluye el texto difundido por Plasencia.
Por qué el retiro
Venezuela es uno de los pocos países de América Latina que había ratificado el Estatuto de Roma. La CPI ha mantenido abierta una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país desde 2017, un proceso que el gobierno de Nicolás Maduro siempre ha calificado de persecución política y motivada por intereses geopolíticos.
La denuncia del Estatuto de Roma inicia un proceso de retiro que, según el artículo 127, surte efecto un año después de la notificación formal al secretario general de la ONU. Durante ese período, el Estado sigue obligado por las disposiciones del tratado respecto a las situaciones ya bajo examen de la Corte.