A 18 días de los dos terremotos que transformaron la cotidianidad caribeña del estado Vargas el balance oficial registra más de 4 mil fallecidos y cientos de edificaciones colapsadas. Desde entonces, los guaireños enfrentan dos semanas de contingencia, control militar, resguardados en refugios, buscando a sus familiares entre los escombros y recuperando los pocos enseres que quedaron bajo las ruinas de sus hogares.

Actualmente, el estado Vargas registra un despliegue masivo de funcionarios de seguridad. Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Policía Nacional y la policía estadal —con armamento de reglamento y fusiles— custodian las esquinas de la región como parte del plan de contingencia. Sin embargo, este operativo genera cuestionamientos entre los afectados. “La emergencia responde a un desastre natural, no a una guerra. Hay muchos fusiles y no veo a muchos militares con pico y pala”, señaló Jimmy Alexander Requena desde el urbanismo de la Misión Vivienda OPP22, mientras continuaba buscando a su madre entre los escombros.

En la parroquia Caraballeda, una de las zonas más afectadas, los familiares hacen guardia frente a las ruinas de sus hogares. Agotados tras 18 días de contingencia, se sientan en los costados de las estructuras colapsadas para descansar brevemente antes de retomar la búsqueda. Darles un último adiós digno a sus allegados es el propósito común que comparten, aunque la esperanza de hallar sobrevivientes bajo las toneladas de concreto se mantiene intacta frente a los pronósticos más fatalistas.

“Es muy difícil encontrar a alguien con vida en esta fase de la tragedia, pero la esperanza es lo último que se pierde”, admitió a Efecto Cocuyo un socorrista en el lugar. El hombre solicitó mantener el anonimato por temor a represalias y explicó que las declaraciones públicas del equipo de rescate están restringidas. “Solo pueden ser dadas por ‘mi coronel'”, agregó.

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Sobrevivientes intentan sacar sus enseres

Franyelica Ponte, de 31 años de edad, vivía en la torre K del urbanismo OPP26 en la urbanización Caribe. Este viernes 10 de julio se movilizaba con unas muletas que la ayudan a estabilizarse; el día del terremoto sufrió un esguince tras quedar atrapada en el piso 3 de la edificación junto a sus hijos de 12, 10 y 7 años de edad.

“Yo le pedí perdón a Dios y abracé a mis hijos para que no les pasara nada. Luego todo se empezó a desplomar y me cayó una pared en la pierna, quedé inconsciente; pero mi hijo de 12 años me despertó y me dijo ‘mamá párate, tenemos que saltar’”, aseguró la sobreviviente.

A Ponte no le dio tiempo de salir por la planta baja del edificio porque la entrada estaba obstruida; sin embargo, en medio de los derrumbes, el colapso de un muro hizo que el tercer piso quedara nivelado con el suelo, y fue por esa apertura por donde logró escapar junto a sus pequeños.

Hoy, por primera vez tras 18 días del desastre, regresó a su hogar —una de las estructuras del urbanismo OPP que quedó en pie, aunque con severos daños estructurales— para intentar recuperar algunas pertenencias. “Vine hoy porque necesito sacar algunas cosas, lo que pueda recuperar Es tan difícil comprar los corotos en este país con la situación actual”, dijo.

La pérdida material para Ponte va más allá de la estructura; los robos posteriores al desastre acabaron con su fuente de sustento independiente, ya que en su vivienda operaba una bodega de venta de golosinas. “Ya me robaron casi todo lo que yo tenía en mi casa. Tenía un puestico de chuchería y se llevaron toda la mercancía, se llevaron mi lavadora y los televisores; me quitaron todo”, relató la comerciante, quien dependía de este negocio informal para resolver el día a día.

Ante el temor de regresar al área impactada, fueron los vecinos quienes la motivaron a bajar para intentar salvar lo que quedaba. En este primer viaje, solo logró recuperar una nevera, un freezer, la bombona de gas, una licuadora y algo de ropa para los niños. Actualmente, Ponte se encuentra en casa de su madre en Caracas mientras avanza en la rehabilitación de su pierna y espera una asignación oficial. “Estoy esperando recuperarme con los niños y, bueno, veré a dónde me van a enviar, si a un refugio o a no sé dónde”, concluyó.

El traslado de pertenencias marca la dinámica en las avenidas del estado Vargas, donde es frecuente el tránsito de camiones y camionetas cargados con lavadoras, neveras, cocinas y muebles. En los urbanismos de Caraballeda, los afectados recurren a grupos de jóvenes que ofrecen el servicio de mudar los objetos desde las plantas altas de los edificios colapsados.

“Algunos piden hasta 20 dólares por ayudarnos y otros lo que uno le pueda dar”, señaló una de las vecinas mientras retiraba sus bienes de una de las estructuras.

Traslados de cuerpos, poco transporte y una cotidianidad que cuesta

En las calles de Vargas, la cotidianidad del inicio de cada fin de semana solía marcarse por el flujo de vehículos y la llegada de temporadistas para disfrutar de las playas. Hoy esa dinámica está rota; ahora es frecuente el paso de unidades del Cicpc y de otros cuerpos de seguridad del Estado que trasladan los cuerpos de las víctimas hacia la morgue provisional instalada en el sector Los Silos, en el Puerto de La Guaira.

Asimismo, los habitantes se enfrentan a la necesidad de pedir “colas” o realizar largas caminatas en sectores de Playa Grande (Urimare), Catia La Mar y Caraballeda, las zonas más devastadas En estos puntos, las escasas unidades de transporte público operan de manera intermitente para movilizar a los ciudadanos de un extremo a otro.

En las llamadas zonas cero, las labores de remoción de escombros continúan. La mayoría de los habitantes se desplaza vistiendo tapabocas, no por decreto, sino para protegerse del denso polvo de cemento y el ambiente pesado que desprenden las estructuras colapsadas por los terremotos.