¿Qué se espera del nuevo enfrentamiento de Venezuela y Guyana por el Esequibo ante la CIJ?

Entre el 4 y el 11 de mayo, se desarrollaron las audiencias públicas en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la disputa territorial entre Guyana y Venezuela por la región del Esequibo.  Ahora los jueces inician las deliberaciones para pronunciarse sobre el fondo del caso, es decir, si es válido o no el Laudo Arbitral de 1899, que otorga derechos a Guyana sobre la extensión de 159.500 kilómetros cuadrados.

El reciente proceso, que representa un nuevo capítulo de la histórica controversia territorial, estuvo dividido en dos rondas de argumentos orales presentados por ambas partes. 

La representación de Venezuela, con la gobernante encargada Delcy Rodríguez a la cabeza, cerró la presentación de sus alegatos este 11 de mayo. Ratificó los derechos del país sobre el Esequibo, abogó por una solución negociada, basada en el Acuerdo de Ginebra y reiteró la advertencia: Venezuela no reconoce la jurisdicción de la CIJ y no acatará un fallo en contra. 

Durante su presentación, Guyana solicitó a la CIJ exigir a Venezuela que derogue la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba, sancionada por el Parlamento el 24 de marzo de 2024, y eliminar áreas de su mapa nacional en las que aparece el territorio Esequibo. 

“El fallo será pronunciado en una sesión pública cuya fecha será anunciada oportunamente”, indicó la Corte en un comunicado oficial tras las audiencias. 

Expertos consultados por Efecto Cocuyo estiman que dicha sentencia sobre el fondo de la materia podría darse a finales de 2026. Expresan su preocupación no solo por un eventual fallo contrario a Venezuela en la CIJ, por fallas en el abordaje y defensa del caso, sino la poca capacidad del gobierno de responder ante ese escenario por la situación de debilidad interna que incluye a la Fuerza Armada (Fanb) y el tutelaje de Estados Unidos, cuyo gobierno está a favor del reclamo de Guyana.

Los errores

“Consideramos que fue innecesario y hasta puede resultar contraproducente, dedicar la mitad de la presentación a la reiteración de argumentos sobre la falta de jurisdicción de la CIJ para conocer el caso y sobre la improcedencia de la demanda de Guyana conforme al Acuerdo de Ginebra, lo cual supone de entrada un grave problema de estrategia procesal”, advirtió el internacionalista Kenneth Ramírez.

Delcy Rodríguez está en Países Bajos para “defender” a Venezuela ante la CIJ

El presidente del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (COVRI) recordó que para los jueces de la CIJ es cosa juzgada el tema de la jurisdicción de la Corte, que en 2020 se declaró competente para conocer sobre la disputa territorial a partir del Laudo de 1899. 

Ante los jueces de la CIJ y vestida completamente de blanco, la interina señaló a las autoridades de Guyana de “actuar de mala fe” al llevar la controversia territorial a la Corte en lugar de recurrir a la negociación política, pacífica y diplomática, basada en el Acuerdo de Ginebra de 1966.

Ramírez explicó que si la CIJ falla en contra de Venezuela, la controversia fronteriza se quedará donde está, con el control y administración de Guyana en el territorio reclamado. Si la Corte declara nulo el Laudo Arbitral, a favor del Estado venezolano, hay que determinar una nueva frontera. 

“Esto es lo que nos jugamos, por eso había que ser prudentes. En cambio, se optó por una línea que anticipa un desconocimiento de la decisión del tribunal que Guyana aprovechó para indisponer a los jueces”, dijo.

Sobre la postura expresada por Guyana, el también profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCV indicó que el vecino país trató de negar los defectos del Laudo de 1899 —entre ellos que fue negociado a espaldas de Venezuela— lo que, a juicio del Covri, no logró de manera satisfactoria. 

“Guyana alegó que Venezuela ejecutó el Laudo de 1899, y firmó el acta de demarcación de 1905, y lo protestó en 1962 cuando se iba a producir su independencia de Gran Bretaña. En este sentido, llegó a decir falsamente que Venezuela obstaculizó su independencia y ha entorpecido su desarrollo. Esto dejó en evidencia una vez más que Guyana es un mal vecino. Un Estado hostil a Venezuela que se niega a resolver la controversia de buena fe”, acotó Ramírez.

Escena política 

Durante la sesión de la Asamblea Nacional (AN) de este martes 12 de mayo, se aprobó un acuerdo “en respaldo a la defensa integral del territorio de la Guayana Esequiba y a la estrategia jurídica del Estado venezolano ante la CIJ”.

El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, cerró el debate con una advertencia: Solo se reconocerá el fallo que emita la CIJ sobre la disputa por el Esequibo si favorece a Venezuela. 

El internacionalista Lauren Caballero coincide en que si la representación de Venezuela acudió a las audiencias en la CIJ, es porque reconoce a la Corte, así mantenga lo contrario en el discurso. Calificó la actuación de la representación venezolana con Delcy Rodríguez como figura principal, como “una puesta en escena” en lo político.  Vale recordar que la interina adelanta un “refrescamiento” de imagen de cara a competir en unas eventuales elecciones presidenciales en Venezuela.

Recordó que el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, al que hace referencia el Acuerdo de Ginebra, establece la obligación de las partes en una controversia de buscar una solución pacífica mediante la negociación, investigación, mediación, conciliación, arbitraje o arreglo judicial. Esto último fue el argumento usado por la CIJ para declararse competente, de acuerdo con los internacionalistas consultados. 

“Guyana tiene ventaja en eso y ahora mismo veo cuesta arriba que Venezuela salga bien parada de allí. La CIJ debe decidir si el Laudo de París es válido o no y para ello examina los argumentos jurídicos, la documentación, las pruebas, el enfoque, aunque Venezuela lo lleva a lo político. Guyana ha jugado sus cartas mientras que nuestra defensa se ha dedicado a desacreditar a la Corte”, criticó Caballero.

Al Covri le resultó asombroso que Venezuela no haya aportado el documento original del Memorándum de Severo Mallet-Prevost que señala que el laudo a favor del Reino Unido en la disputa territorial con Venezuela por la Guayana Esequiba, fue el resultado de presiones y un acuerdo político entre el imperio ruso y el imperio británico. 

“Esto permitió a Guyana hasta dudar de su existencia. Aunque no creemos que los jueces se vayan a dejar persuadir por esto, consideramos que este tipo de error no se debió cometer. Las pruebas son tan valiosas como los argumentos que sustentan. En este sentido, siempre hemos dicho que era necesario presentar las pruebas originales disponibles y volver a hacer una investigación en los archivos a nivel mundial para fortalecer nuestra presentación”, acotó Ramírez. 

¿Quién gana el juicio? 

Ambos expertos coinciden en que, si la CIJ adopta una decisión “en términos de justicia”, la sentencia debe señalar que el llamado Laudo de 1899 es nulo e írrito, porque, a pesar de las fallas, los argumentos presentados así lo demuestran.

Ramírez recuerda que las decisiones de la CIJ son definitivas, vinculantes e inapelables de acuerdo con los artículos 59 y 60 del Estatuto de la CIJ y que no existe ningún mecanismo o tribunal superior para apelar el fallo. Lo único que podría solicitarse, indico, es una interpretación sobre el sentido o alcance de la sentencia a la misma Corte.

“Si llegase a materializarse un hipotético escenario adverso para Venezuela, esto es, una sentencia de la CIJ favorable a Guyana y reñida con la justicia, esto sería más que un mero obstáculo para futuras negociaciones (…) implicaría un cierre de la vía jurídica y una grave afectación a la legitimidad internacional de nuestra reclamación. Por su parte, Guyana tendría una sentencia de la CIJ que confirmaría el llamado Laudo de 1899”, advirtió. 

Si es el caso, señalan los expertos, a Venezuela no le quedará más que mantener la reclamación del territorio en términos políticos y en el discurso, mientras Guyana conserva el control. De manera que el gobernador venezolano de la Guayana Esequiba y el mapa con el territorio incorporado, acota Caballero, seguirán siendo simbólicos y “politiquería” sin efectos prácticos.

Guyana defiende en la CIJ la “soberanía” sobre el Esequibo mientras Venezuela rechaza la jurisdicción del tribunal

En mayo de 2025, se eligió por primera vez un gobernador de la Guayana Esequiba del lado venezolano, pero opera desde el estado Bolívar sin mayores efectos sobre el territorio en disputa, controlado y administrado por Guyana en los hechos.

“Si la CIJ decide a favor de Guyana, Venezuela no puede revertir la decisión, solo le queda intentar con acuerdos políticos. Puede desacatar el fallo en el discurso, pero no en la práctica, pueden haber muchos discursos patrióticos, pero ni siquiera tenemos la capacidad militar para ocupar y defender el territorio Esequibo, como parece haber quedado evidenciado luego del 3 de enero”, sostuvo Caballero. 

Ante la CIJ, el 11 de mayo, Delcy Rodríguez llamó a la negociación en lugar de la imposición e insistió en que sólo una solución política y negociada de la controversia sobre la cuestión territorial es el “camino capaz de sentar bases sólidas y estables para la buena vecindad”. 

“Esperamos que el escenario adverso para Venezuela que hemos analizado no llegue a materializarse, pero de llegar a ocurrir, debería acarrear responsabilidades políticas. En cualquier caso, el tribunal de la historia juzgará a los responsables”, añadió el presidente del Covri. 

Para Ramírez, una Guyana “envalentonada” que ha logrado construir asociaciones estratégicas con EEUU, Reino Unido, Francia y Brasil, será difícil de llevar a una negociación justa sobre el Esequibo. 

Influencia de Trump

Ambos internacionalistas advirtieron que otra limitante para Venezuela en su reclamo por el Esequibo es el tutelaje que ejerce EEUU sobre Miraflores y cuya duración se desconoce. La razón es que Washington respalda a Guyana por intereses económicos, debido a que grandes empresas petroleras como la Exxon Mobil operan en la zona y no han respetado, según denuncia de Venezuela, aguas por delimitar. 

Durante la primera administración del presidente Donald Trump, se firmó un acuerdo de cooperación en materia de seguridad con Guyana en septiembre de 2020 y ya en el segundo gobierno del magnate republicano, en diciembre de 2025, dicho acuerdo se profundizó. 

Estados Unidos y su apoyo frontal a Guyana en la disputa del Esequibo

“Cabe esperar que la administración Trump utilice su actual influencia sobre el Poder Ejecutivo de Venezuela para intentar que acepte el fallo que la CIJ emita en la fase de fondo o méritos, o al menos que no lo desafíe en los hechos de serle el fallo adverso, más allá de la narrativa diplomática que pueda adoptar”, dijo Ramírez. 

Si Venezuela insiste en desafiar, apuntó, Guyana puede exigir la aceptación de la eventual sentencia a su favor, recurriendo al Consejo de Seguridad de la ONU. El artículo 94 de la Carta de la ONU establece que cada uno de los Estados miembros “se compromete” a cumplir la decisión de la CIJ en todo litigio en que sea parte. 

“Sin duda, hay factores exógenos que están intentando que se resuelva el conflicto a favor de Guyana, como las empresas petroleras que están apurando el proceso. EEUU está a favor de Guyana, con la que incluso ha realizado ejercicios militares conjuntos y, por si fuera poco, tutela a Venezuela, por lo que el margen de maniobra del gobierno venezolano es menos que estrecho”, advirtió Caballero.