Cidh amplía medidas de protección en favor de las hermanas Baduel

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) emitió la Resolución 8/2026, mediante la cual extiende la protección de medidas cautelares a Margareth Baduel y ratifica la vigencia de las mismas para su hermana, Andreina Baduel. Ambas son hijas del fallecido general y preso político Raúl Isaías Baduel y activistas por los derechos de los presos políticos en Venezuela.

Hostigamiento y vigilancia persistente

El organismo internacional basó su decisión en la continuidad de eventos de riesgo contra Andreina Baduel, directora del Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve). Los informes recibidos por la Comisión detallan actos de vigilancia irregular, seguimientos y agresiones constantes por parte de agentes estatales y terceros.

#CIDH da seguimiento a #MedidasCautelares de Andreina Baduel y las amplía a Margareth Baduel, en #Venezuela.

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— CIDH – IACHR (@CIDH) January 27, 2026

En el caso de Margareth Baduel, la Cidh documentó incidentes de extrema gravedad. El reporte destaca un asalto por parte de personas armadas a su residencia en octubre de 2025, además de la manipulación del sistema de combustible de su vehículo con sustancias desconocidas.

Exigencias al Estado venezolano

La Cidh lamentó la ausencia de información por parte de las autoridades venezolanas y la falta de implementación de mecanismos de protección efectivos. En consecuencia, el organismo dictó las siguientes disposiciones:

1. Protección inmediata: El Estado debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de Margareth Baduel.
2. Garantías para el activismo: Las autoridades tienen la obligación de asegurar que ambas beneficiarias ejerzan su labor de defensa de derechos humanos sin amenazas ni actos de violencia.
3. Investigación de los hechos: La resolución insta a las instituciones correspondientes a iniciar investigaciones sobre los hostigamientos denunciados para evitar su repetición.

La Comisión subrayó que estas medidas buscan prevenir daños irreparables en un contexto de especial vulnerabilidad para las defensoras de derechos humanos en el país.