Alto tribunal español no investigará a Luisa Ortega y a Rodríguez Torres por denuncias de delitos de tortura

La Audiencia Nacional de España confirmó este lunes la inadmisión de la querella por torturas contra la exfiscal general Luisa Ortega Díaz y contra el general Miguel Rodríguez Torres, exministro del Interior de Hugo Chávez y amigo del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.

La querella la presentó Dulce Lilibeth Bravo de Ocando, una ciudadana venezolana exiliada (refugiada en Argentina desde 2013), con el respaldo de la Unión de la Resistencia Venezolana en el Exilio (Urvex) y la adhesión de la ONG Manos Limpias, según información del portal especializado en el tema jurídico español Confilegal.

Justicia española admite denuncia contra exfuncionarios chavistas por crímenes de lesa humanidad

Los abogados Javier Peiró y Ricardo Miracle la interpusieron en su nombre. La denunciante acusó a ambos de delitos de lesa humanidad, torturas, tratos inhumanos o degradantes y responsabilidad institucional. Alegó que formaron parte de una estructura estatal organizada que permitió y encubrió prácticas represivas sistemáticas en Venezuela, incluidas detenciones arbitrarias, torturas y persecución política durante sus periodos en cargos clave (Ortega como fiscal general entre 2007 y 2017; Rodríguez Torres como director de inteligencia y ministro del Interior en épocas de protestas como las de 2014).

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal rechazó el recurso contra la resolución inicial del juez instructor Antonio Piña (Juzgado Central de Instrucción número 6), que ya había inadmitido la querella. El auto, fechado el 14 de enero de 2026, expone varios motivos claros:

• Los supuestos delitos de torturas y contra la integridad moral ocurrieron en territorio venezolano, fuera de España, y afectaron a víctimas sin nacionalidad española. Esta circunstancia excluye la competencia de la jurisdicción española.
• Respecto al delito de lesa humanidad —que requiere un ataque generalizado o sistemático contra la población civil—, la querella no aportó pruebas suficientes de esa escala. Solo incluyó recortes de prensa y el testimonio individual de la querellante. El tribunal enfatizó que “las noticias periodísticas, por sí solas, aunque legítimas en su función, no legitiman a ningún accionante popular para convertir el relato periodístico en un relato de hechos punibles desencadenantes del proceso penal”.
• La Corte Penal Internacional ya investiga la situación en Venezuela por posibles crímenes de lesa humanidad, lo que hace que la jurisdicción universal española tenga carácter subsidiario o residual. Cualquier denuncia de este tipo debe dirigirse a esa instancia.

El auto da la razón al abogado defensor Ismael Oliver.

Contexto de los acusados

Luisa Ortega Díaz, antigua aliada de Hugo Chávez, rompió con Nicolás Maduro en 2017 al oponerse a la disolución de la Asamblea Nacional. Tras un allanamiento de su vivienda por el Sebin en agosto de ese año, —que calificó de venganza política de Maduro y Diosdado Cabello—, huyó a Colombia y luego se instaló en España.

Miguel Rodríguez Torres, general que participó en el intento de golpe de 1992 junto a Chávez, dirigió los servicios de inteligencia (de Disip a Sebin) y fue ministro del Interior durante las protestas de 2014, tras criticar a Maduro, sufrió detención y posteriormente obtuvo liberación y exilio en España gracias a gestiones de Zapatero.

La resolución judicial cierra definitivamente en España esta vía contra ambos ex altos cargos chavistas, ahora distanciados del régimen actual.