Cierre de oficina de la CPI y aprobación de ley contra el Estatuto de Roma no detienen investigación por crímenes de lesa humanidad, dice la abogada Martha Tineo #EfectoPaz

En el programa “Efecto Paz”, producido en conjunto por Efecto Cocuyo y la ONG Laboratorio de Paz, la abogada y coordinadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Martha Tineo, aclaró que el cierre de la oficina de asistencia técnica de la Corte Penal Internacional (CPI) en Caracas y la aprobación en primera discusión de una ley para desconocer el Estatuto de Roma no paralizan ni obstaculizan la investigación abierta por la Fiscalía de la CPI contra Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad (caso Venezuela I).

Puntos clave explicados por la experta:

Cierre de la oficina técnica: Tineo explica que la instancia en Venezuela de la CPI era una oficina de cooperación y asistencia creada en 2021 mediante un memorando de entendimiento.

Su objetivo era fortalecer el sistema de justicia venezolano para que investigara de forma genuina los crímenes.

Tras años de incumplimiento de recomendaciones, la Fiscalía decidió cerrarla por considerar que supone un “desperdicio de recursos” ante la falta de voluntad política real del Estado venezolano.

El fiscal Karim Khan reiteró que la investigación principal sigue avanzando con normalidad y con estándares internacionales.

Ley aprobada por la Asamblea Nacional (controlada por el oficialismo), según Tineo, pretende derogar o retirarse del Estatuto de Roma.

“Incluso si se aprueba en segunda discusión y se publica en Gaceta Oficial, el retiro tardaría un año en hacerse efectivo (artículo 127 del Estatuto)”, agregó.

Importante: el artículo 127 también establece que el retiro no afecta las investigaciones ni procedimientos en curso. Venezuela seguiría obligada a colaborar.

Alcance real de la CPI

La Corte solo juzga a los máximos responsables (alta jerarquía civil o militar) que diseñaron o ejecutaron una política de ataque sistemático o generalizado contra la población civil.

Los procesos son largos y complejos porque requieren probar la responsabilidad penal individual más allá de la mera comisión de los hechos (ya ampliamente documentados).

Cuando la Fiscalía identifique a los responsables, es probable que emita órdenes de captura selladas (secretas) para aumentar las posibilidades de que algún día se ejecuten.

Efecto disuasorio

En 2021, tras la apertura formal de la investigación, hubo un breve movimiento en el Ministerio Público (citaciones a víctimas, revisión de expedientes).

Ese efecto se desvaneció rápidamente. En 2024, durante y después del proceso electoral, se produjo la mayor ola de detenciones políticas registrada (más de 1.500 personas entre julio y septiembre, según cifras oficiales y de ONG).

Actualmente, persisten más de 800 presos políticos y continúa la política de “puerta giratoria” (liberaciones parciales mientras se producen nuevas detenciones).

Mensaje a las víctimas y la sociedad

“La investigación de la CPI nunca dependió de la oficina técnica ni de la cooperación venezolana. Sigue su curso paralelo y avanza. El cierre de la oficina es una mala noticia para el sistema de justicia venezolano, que pierde asistencia técnica de alto nivel, pero no afecta el caso principal. Puede que no tengamos noticias públicas inmediatas, pero eso no significa que no estén ocurriendo avances”, dijo Tineo.

En resumen, pese a los gestos políticos del gobierno (cierre de oficina solicitada por el propio Estado y ley de retiro), la Fiscalía de la CPI mantiene y acelera su investigación independiente sobre los máximos responsables de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde 2014.