Qué se sabe de la nueva trama de corrupción en el sistema judicial, según Zair Mundaray

El reciente escándalo que involucra a fiscales del Ministerio Público (MP), así como a jueces del sistema judicial en el estado Carabobo, vuelve a poner el foco en las tramas de corrupción dentro del Poder Judicial en Venezuela.

Lo que comenzó con la detención de un abogado, Rafael Antonio Reyna Hernández, que se hacía pasar por fiscal, se convirtió en una investigación que involucra a 14 funcionarios y que, según Zair Mundaray, exfiscal, es solo la punta del iceberg de una red de corrupción mucho más profunda.

El epicentro de esta trama de corrupción se ubicó en la Fiscalía Superior del estado Carabobo, donde operaba una red que extorsionaba a empresarios y emprendedores. El cabecilla de la banda es Rafael Antonio Reyna Hernández, quien se presentaba como fiscal del Ministerio Público para intimidar a sus víctimas.

El abogado y exfiscal Zair Mundaray, en una entrevista con Efecto Cocuyo, aseguró que Reyna era un “operador” dentro de la Fiscalía, que venía del estado Trujillo y que, junto con otros funcionarios, convirtió la institución en un “centro de negocios corruptos”. 

La red, según el exfiscal, operaba con la complicidad de algunos funcionarios policiales del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

El modus operandi consistía en fabricar expedientes judiciales o casos similares de “terrorismo” o “lavado de activos” para obligar a las víctimas a pagar grandes sumas de dinero o traspasar sus bienes y propiedades. Según Mundaray, la red utilizaba carnets del MP para dar credibilidad a sus amenazas, y, lo más grave, es que esos carnets eran originales, según sostiene el exfiscal.

Mundaray detalló que Reyna tenía dos dos carnets originales, que, presume, fueron impresos en la Dirección de Seguridad del Ministerio Público. 

Un escándalo que escala

La detención de Reyna se produjo en flagrancia, luego de que una de sus víctimas lo denunciara. A pesar de que le incautaron $14,000 en efectivo, un fiscal superior intentó ponerlo en libertad de inmediato para evitar que la investigación continuara. 

La situación se complicó aún más cuando el mismo teléfono de Reyna fue utilizado por funcionarios del Cicpc para seguir extorsionando a personas que tenían contactos con él, según dijo Mundaray. 

“Acto seguido, del mismo teléfono de Reyna, empiezan a sacar contactos con otras personas, abogados que ejercen privadamente y lo buscaban a él como intermediario, exfiscales, víctimas. A muchas de esas personas las citaron en Cicpc, Plaza de Toros (de Valencia). Y cuando llegaron allí, lo mínimo que pidieron fue 10 mil dólares por no incluirlos en el expediente”, aseguró.

En medio de esta situación, uno de los fiscales auxiliares de la Fiscalía Superior de Carabobo, Luis Enrique Maldonado Vásquez, de 37 años de edad, murió en circunstancias extrañas. La versión oficial detalla que se trató de un suicidio dentro de un hotel en la calle Los Hoteles de la Zona Industrial Piñonal del sur-este de la ciudad de Maracay, el pasado 4 de septiembre, seg[un medicos locales. Pero Mundaray, asegura que el hecho ocurrió dentro de las oficinas del Ministerio Público, y que el cuerpo fue movido de su lugar. 

#ACTUALIZACIÓN En este momento funcionarios del #CICPC se encuentran en la sede del @MinpublicoVEN de Carabobo sacando el cuerpo del fiscal auxiliar de la fiscalía superior que se habría suicidado Luis Enrique Maldonado. Por órdenes de @TarekWiliamSaab (jefe de la banda) no… https://t.co/Ccau3W1BBs

— Zair Mundaray (@MundarayZair) September 4, 2025

“Mucha gente que estaba allí dice que quitaron la electricidad, entraron los funcionarios, sacaron el cuerpo y luego hicieron un levantamiento en un hotel en el estado de Aragua, diciendo que se había suicidado en una habitación de hotel”, reveló el exfiscal.

Para Mundaray incluso este caso revela situaciones irregulares dentro del Poder Judicial. En especial la trama de actos corruptos en las oficinas del Ministerio Público. Asegura que este caso está relacionado con Reyna. 

Fiscales y jueces imputados

El Fiscal General, Tarek William Saab, declaró que 14 funcionarios del Ministerio Público y el poder judicial están siendo investigados, incluido personal administrativo. El principal imputado es el abogado Rafael Antonio Reyna Hernández, quien está detenido en Caracas.

Entre los funcionarios del Ministerio Público implicados se encuentra el fiscal 1° de Carabobo, Pedro Manuel Amaya Ortiz, a quien Mundaray mencionó como “Maya”. También fueron identificados: Freddy Franco, fiscal provisorio y fiscal auxiliar de la fiscalía 1era del estado Carabobo; por los delitos de extorsión agravada, privación ilegítima de libertad, retraso u omisión intencional de funciones y asociación. 

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Según Saab, estas personas presuntamente participaron en los delitos cometidos por Rafael Reyna.

Saab también informó sobre la imputación contra el exfiscal Superior del Estado Carabobo,, Miguel José Durán Trejo, junto a los 10 exfiscales: Marilyn Jackeline Hernández, Gabriel José Sánchez, Michael Gabriel Quintero, Omar Antonio Ramos, Gabriel José Almea Hernández, Lerwis Osorio Pimentel, Luis Maldonado, Ángel Daza Hernández, Wilmer Agustín Vargas Silva, Ángel Dorta Sivira, por la presunta comisión de los delitos de obstrucción a la administración de justicia, ventajas o beneficios económicos de funcionarias públicas o funcionarios públicos, retraso u omisión intencional de funciones agravada, uso indebido de información o datos reservados y asociación.

Un sistema judicial en revisión

Para Mundaray, lo que ocurrió en Carabobo es un reflejo de lo que sucede en la mayoría de los estados de Venezuela, donde, según él, la corrupción se ha vuelto sistémica. El exfiscal señala que los bajos salarios de los funcionarios judiciales han contribuido a la proliferación de estas redes de extorsión.

“Un fiscal debe estar entre los 200, 250 dólares más uno que otro bono. Los directores están en 300 y tanto, más o menos. Ese es el sueldo. Yo fui fiscal muchos años”, afirmó Mundaray.

Corrupción histórica

Para Mundaray, la situación actual no es un hecho aislado, sino la culminación de un proceso de desprofesionalización y politización de la institución y asegura que se intensificó con la llegada de Tarek William Saab a la cabeza del Ministerio Público en 2017.

“Trajo una cantidad de fiscales improvisados, le dio cuota política a los gobernadores y alcaldes para meter a gente muy vinculada con ellos en cada uno de los estados”, enfatizó.