ETA se disolvió pero los etarras siguen en Venezuela y otros países latinoamericanos

La presencia de miembros de la organización terrorista vasca ETA o afines en Latinoamérica se redujo en los últimos años aunque aún permanecen decenas de activistas huidos en Venezuela, Cuba y México.

Después de casi 60 años de existencia, con más de 850 muertos a sus espaldas, ETA anunció el pasado jueves su disolución, sin conseguir ningún objetivo político y con casi 300 terroristas en cárceles de España y Francia, y otros fugitivos en Latinoamérica.

Desde los años setenta, miembros de ETA han encontrado refugio en el continente, otros han sido deportados por los Gobiernos de España o Francia y unos pocos han llegado a América Latina para rehacer su vida lejos de las armas.

Venezuela ha sido señalada como guarida de miembros de la banda. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), una organización española dedicada a la lucha contra la violencia radical, denunció en 2016 que había al menos 46 etarras sin juzgar en este país.

Entre los miembros de la banda que viven en Venezuela se encuentra José Ignacio de Juana Chaos, considerado uno de los etarras más sanguinarios.

España activó una petición de extradición con la “máxima celeridad” para Venezuela que, por el momento, no ha obtenido resultado.

También se ha informado de la presencia en Venezuela de los etarras Arturo Cubillas y Eugenio Barrutiabengoa, responsables de la Coordinadora Simón Bolivar, de la ONG española AFRICANDO y del autodenominado “Colectivo de [email protected] y [email protected] Vascos en la República Bolivariana de Venezuela”.

México, que durante años fue santuario seguro cuando el acoso policial de las autoridades francesas sobre la banda se hizo más intenso, ha sido reconocido por España por su colaboración en la lucha contra el terrorismo.

El último etarra detenido en suelo mexicano es Ángel María Tellería Uriarte, quien permanecía de forma ilegal en el país desde los años 80 y fue capturado en febrero de 2017 en el estado de Guajanuato.

Antes de él, México había entregado a más de 40 miembros de la banda.

A Cuba llegaron miembros de ETA sobre todo en la década de los ochenta. En la actualidad su número ha decrecido notablemente y se sitúa alrededor de dos decenas.

En estos momentos existe una estrecha cooperación entre España y Cuba en el control de los etarras, muchos de los cuales se fugaron hacia Venezuela ante la eventualidad de ser extraditados.

La luna de miel entre ETA y otros grupos armados latinoamericanos también terminó hace tiempo.

Conexiones de ETA en América

Como señala Florencio Domínguez, director del Centro para la Memoria de la Víctimas del Terrorismo, en su libro “Las conexiones de ETA en América”, la banda tejió en el último tercio del siglo XX relaciones con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) chileno, con las guerrillas de El Salvador, los Tupamaros uruguayos y con las FARC colombianas.

De hecho, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, confirmó en abril de 2011 que hubo un vínculo entre la desmovilizada y desarmada guerrilla de las FARC y ETA.

En ese mismo mes, las autoridades colombianas detuvieron a Víctor Ramón Vargas Salazar, alias “Chato” o “Juantxo”, un exguerrillero de las FARC y colaborador de ETA.

El hecho más curioso de esta relación con Colombia está en la relación entre un experto en explosivos de ETA y los carteles de la droga en la década de los ochenta y noventa.

Según declaró en una entrevista el exjefe de sicarios de Pablo Escobar, Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias “Popeye”, un etarra conocido como “Miguelito” enseñó a los capos de la droga a fabricar los explosivos con los que sembraron el terror en la década de los 90.

En esa década, en 1992, tuvo lugar en Uruguay la desmantelación de un refugio secreto que se había creado allí dos años antes por decisión de la cúpula terrorista.

Agentes secretos de la Dirección Nacional de Inteligencia uruguaya llevaron a cabo la “Operación Dulce” y disfrazados de proveedores de alimentos penetraron en el conocido restaurante “La Trainera”, establecido por un vasco español, y detuvieron al propietario y a tres presuntos miembros de ETA que estaban almorzando.

Simultáneamente, allanaron con orden judicial otro restaurante, “La Trainera”, situado en el centro turístico de Punta del Este, y siete domicilios más en Montevideo.

La redada culminó con la detención de un total de 30 individuos, 13 de ellos ciudadanos españoles de origen vasco.

Otro capítulo de la lucha contra ETA con escenario en Latinoamérica tuvo lugar en República Dominicana en 1989.

Allí fueron confinados Belén González Peñalva, Angel Iturbe Abasolo, Eugenio Etxebeste, Ignacio Arakama, Juan María Gantxegui y Juan Manuel Soares Gamboa, un grupo de seis etarras que habían participado en unas conversaciones fallidas entre el Gobierno español y ETA en Argelia.

Igualmente, a Panamá llegaron algunos etarras durante los ochenta tras ser deportados por un acuerdo entre los gobiernos de España y el país centroamericano.

El declive de la banda ha venido parejo a la lucha internacional contra el terrorismo, lo que ha significado una búsqueda más eficaz de la policía y de la justicia de los miembros de la banda en todo el continente.

Países sin tradición de acogida se han encontrado ahora con presuntos terroristas que estaban en su territorio.

Este es el caso de Joseba Gotzon Vizán González, alias “Pocholín”, que fue detenido en Río de Janeiro (Brasil) en 2017.

La solicitud de extradición del gobierno español fue negado por el Tribunal Supremo al considerar que el delito -acusado de intento de homicidio cualificado- había prescrito de acuerdo con las leyes brasileñas.

En otro sorprendente cambio de sentido, en 2017, los tribunales argentinos han reprochado a la justicia española la falta de cooperación en la lucha contra ETA por una causa abierta en el país amparándose en el principio de jurisdicción universal.

La disolución de ETA, que la banda terrorista ha escenificado por capítulos en los últimos días, supone el fin de la última de las grandes bandas terroristas europeas.

Sin embargo, la búsqueda del lugar donde se esconden los activistas que, en la jerga judicial se consideran “legales” al no estar fichados, sigue siendo tarea pendiente ya sea en Latinoamérica o en cualquier parte del mundo.

Juan Carlos Gomi / EFE

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