Erika Palacios, la historia de la primera mujer detenida por la Ley contra el Odio

“¡Ella es, ella es!”. Estas palabras sentenciaron a Erika Karina Palacios Alfonzo, una mujer de 41 años de edad, madre de tres hijos y activista social independiente. Al grito de un hombre con carnet de la Alcaldía de Naguanagua, en Carabobo, ella fue detenida el 3 de enero en avenida Universidad y un día después ya estaba privada de libertad por los delitos:

  • Detentación de sustancias incendiarias y artefactos explosivos (artículo 296 del Código Penal)
  • Instigación pública prevista (artículo 295 del Código Penal)
  • Obstaculización de la vía pública (artículo 357 del Código Penal)
  • Instigación al odio (artículo 20 de la Ley contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia)

“Es la Ley contra el Odio la que mantiene a Erika presa, porque los demás delitos no ameritan la privativa de libertad. ¿En qué parte del mundo se prohíbe odiar? Eso es un sentimiento, por eso exigimos al Tribunal que ese delito sea desaplicado”, indicó a Efecto Cocuyo la abogada Sandra Ruiz, quien es parte del equipo defensor de Erika, la primera detenida de la Ley promulgada por la Asamblea Constituyente.

Lea más en: Ley contra el Odio amenaza seis artículos de la Constitución, según expertos

El relato de la abogada sobre la detención apunta que ese miércoles, 3 de enero, Erika quiso hacer unas compras en el supermercado Eco Market de Naguanagua y le pidió a su esposo que la llevara al sitio. Una vez que sale del comercio se topa con una protesta de vecinos que se quejaban por la falta de suministro de agua y los precios altos de los productos. Cierre de vía y quema de cauchos marcaron la manifestación.

“La detención la hizo una persona de civil. Un hombre que le comenzó a gritar “¡ella es, ella es!’, señalándola. Ella pensó que era un acosador, un violador. Pero de repente se vio rodeada por funcionarios de la Policía de Naguanagua y es cuando la detienen”, dijo Ruiz.

A Erika le dio chance de llamar a su esposo y avisarle que la habían aprehendido. Él  esperaba que ella saliera del supermercado para regresar a su residencia. Eso no pasó, sino más bien, horas después su casa fue invadida por más de 40 funcionarios de seguridad del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de la policía municipal.

“Revisaron toda la casa y hasta lo obligaron a buscar un rifle de aire que no tenía en la residencia. Ellos sabían porque le decían que buscara el flower. Incluso llevaron al esposo de Erika en una patrulla a buscar el arma deportiva“, narró la abogada.

No fue hasta el día siguiente, en la audiencia de presentación, cuando los representantes legales, pudieron ver a sus defendidos. El Tribunal Sexto de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo aceptó la imputación para Erika y Ronald Cevilla Güemes, de 25 años de edad, por lo que fueron privados de su libertad mientras continúa el proceso de investigación penal.

Luis Armando Betancourt, coordinador del Foro Penal en Carabobo, quien forma parte de la defensa, denunció a El Nacional que la imputación se basó en unas declaraciones de funcionarios policiales que indicaron que ambos habían expresado mensajes de perjuicios contra el presidente Maduro. De acuerdo con el expediente, se le incautaron cauchos, bombas molotov y morteros, lo cual fue desmentido por las víctimas durante la audiencia.

Luego de eso, la comunicación entre ambas partes ha sido clandestina, a través de un teléfono celular (aparato prohibido en un centro de detención) y que desde hace una semana le decomisaron a Erika. Ruiz asegura que solo en dos oportunidades ha podido verla.

¿Quién es Erika Palacios?

¿Es opositora? Sí. ¿Ha ido a marchar? Sí. Sandra Ruíz, quien además es vecina de Erika, aseguró que su representada es una luchadora social, que busca mejorar su país, “como todos”, y no una delincuente.

En el perfil de Facebook de Erika expone su tendencia política. No está de acuerdo con el Gobierno de Nicolás Maduro por lo que su posición era acatar el artículo 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tal como deja ver en algunos comentarios (aquí).

“Ella era de las que siempre motivaba a los vecinos a ir a votar.  Fue de las que le llevaba comida a los muchachos que se pusieron en huelga de hambre en 2014 en Caracas. Todo eso lo sacaba de su bolsillo, aunque su esposo se molestara. Ambos tenían un negocio de reparación de radiadores“, relató Ruíz y agregó que en los interrogatorios la torturaron para que dijera qué político la financiaba.

Al menos tres artículos contradicen lo que reiteran numerosos voceros del Gobierno nacional en relación al derecho a manifestarse en contra de sus políticas.

Violación de DDHH

El 12 de enero de este año, el perfil de Facebook de Erika tuvo movimiento. Allí publicó varias fotos y comentarios en los que asegura que ha sido torturada por los funcionarios policiales.

En uno de ellos dice que fue esposada a un pupitre y que por cuatro horas le arrojaron agua fría al cuerpo. También señala que una compañera de celda fue golpeada por un uniformado, cuando intentó evitar que se llevaran a Erika a otro interrogatorio.

También hay una foto de la cara de Erika acompañada por la anécdota de una pelea que sostuvo con una mujer detenida por robo y secuestro.

“Hemos solicitado al tribunal una evaluación física y mental para Erika, según lo que establece el artículo 145 del Código Procesal Penal, pues ha presentado un deterioro de su salud. Tiene síntomas de escabiosis, dolor de muela, daños en la garganta y no ha sido atendida por un médico. Hemos solicitado un arresto domiciliario, pero lo que ha sido esta semana en el Palacio de Justicia de Carabobo no ha habido sistema”, aseveró la abogada.

Los tres hijos de Erika son menores de edad. La mayor, de 16 años, es ahora quien maneja su cuenta de Facebook y ha iniciado una campaña para sensibilizar a todos sobre la situación que padece su madre: torturas y maltratos psicológicos, durante su aprehensión.

La menor, de siete años, tiene un mes sin ir a clases. Su familia teme que sea víctima del bullying por la detención de su madre y además la niña ha bajado de peso y presentado cuadro febriles. “No hay infección, ni enfermedad. Creemos que es emocional“, indicó Ruiz.

Lea más en:

Investigan al primer medio en Cumaná por delitos contemplados en la Ley Contra el Odio