Entre los siete sancionados por el Gobierno de Barack Obama hay seis oficiales y una civil: la fiscal 20 nacional del Ministerio Público, Katherine Harrington, quien, junto a su auxiliar Yeison Moreno, imputó al alcalde metropolitano Antonio Ledezma por los presuntos delitos de organizar y ejecutar actos violentos contra el Gobierno de Venezuela.
La fiscal Harrington es una experimentada funcionaria del Ministerio Público y por sus manos han pasado polémicos casos en los últimos años.
En 2012, entonces fiscal 50, actuó contra la médica Ana María Abreu de San Miguel, acusada de delitos contra la seguridad de la nación por una supuesta fuga de información. Abreu de San Miguel es cuñada de la activista de los derechos humanos de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, Rocío San Miguel.
Actuó en la causa contra la jueza María Lourdes Afiuni, según enumeró el diputado Walter Márquez en declaraciones a El Nacional en 2014. Igual conoció de casos contra Diego Arria, Gustavo Tarre Briceño y Henrique Salas Römer. “También procedió en el caso de Nelson Mezerhane y en la intervención del Banco Federal”.
Otras imputaciones:
La fiscal Harrington firmó en junio de 2014 la citación para comparecer ante el Sebin, en El Helicoide, a Tamara Sujú, directiva de la ONG Foro Penal. Se le acusó de “desestabilización” y de “traición a la patria”. Finalmente le concedieron asilo político en República Checa, donde reside actualmente.
El 16 de mayo de 2014, en la ciudad tachirense de La Fría, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana irrumpieron durante un atípico operativo en una tasca, y hubo un saldo de cuatro fallecidos. Por estar involucrados en estos hechos la fiscal imputó a Emilce Santarelliz, Alfonzo Contreras y José Alirio Pernía. Los cargos fueron delitos de terrorismo, extorsión agravada, asociación para delinquir y tráfico de armas. Sin embargo, testigos y familiares de las víctimas culpan a los efectivos policiales de los cuatro asesinatos.
El 19 de abril de 2013, durante la juramentación como presidente de Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional, Yendri Sánchez se lanzó sorpresivamente sobre él. En mayo de ese año, la fiscal 20º nacional lo acusó por la presunta comisión de los delitos de ofensa agravada al jefe de gobierno y asociación. La abogada del joven, Gloria Stifano, afirmó que Sánchez padece de una “enfermedad mental”. El 21 de septiembre de 2014 fue puesto en libertad.
El 30 de abril de 2014 fue aprehendido Rodrigo Diamanti, presidente de Un Mundo Sin Mordaza. En su audiencia de presentación, la fiscal Katherine Harrington lo imputó por ser presuntamente cómplice no necesario en los delitos de tenencia de artefactos explosivos y obstrucción a la vía pública, previstos y sancionados en el Código Penal. El 9 de mayo el Tribunal le dictó libertad condicional.
El Ministerio Público imputó el 3 de diciembre de 2014 a la exdiputada María Corina Machado por presuntamente tener vinculación con el plan magnicida contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, lo cual tenía como propósito perturbar la paz del país. La audiencia de imputación se llevó a cabo ante la Fiscalía 20° nacional, a cargo de la fiscal Harrington.
El 15 de enero de 2015, la fiscalía vigésima del Ministerio Público imputó a Gaby Arellano, del Frente Universitario de Voluntad Popular, por el delito de conspiración. Actualmente se encuentra en un proceso judicial.