Decisión del TSJ es un ataque despótico a la AN, según abogados de la UCV - Efecto Cocuyo

Decisión del TSJ es un ataque despótico a la AN, según abogados de la UCV

“Frente a los ataques del despotismo a la Asamblea Nacional“. Así titulan los integrantes de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela (UCV) su pronunciamiento respecto a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de anular la elección de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional (AN).

Para los especialistas, la decisión emitida por “el ilegítimo e inconstitucional TSJ, viola flagrantemente” varios aspectos de la Carta Magna:

1) El principio fundamental de soberanía popular establecido en el Artículo 5 de la Constitución.

2) El principio de supremacía y fuerza normativa de la Constitución, previsto en el Artículo 7.

3) La atribución exclusiva y excluyente que tiene el Parlamento venezolano para designar su Junta Directiva, prevista en el Artículo 194 del texto.

Profundizan los expertos de la UCV explicando que el TSJ atenta contra el principio de soberanía popular pues esta reside “intransferiblemente en el pueblo, que la ejerce directa e indirectamente a través de los Diputados de la AN. Ninguna otra institución tiene esta cualidad”.

Este desconocimiento de la Junta Directiva por parte del TSJ, también viola las garantías constitucionales institucionales de autonomía e independencia que tiene el Parlamento como Poder Legislativo. “Una injerencia absolutamente inconstitucional”, aseveran.

Según los abogados, el argumento de un supuesto desacato es una arbitrariedad, pues no se le puede aplicar y atribuir a un Poder Público del Estado venezolano, y “mucho menos a la AN electa por el pueblo”.

Por qué es ilegítimo el TSJ?

Exponen en el texto que el Artículo 136 de la Constitución prevé la separación de poderes públicos nacionales entre Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral.

También citan el Artículo 254. Este establece que “el Poder Judicial es independiente y el Tribunal Supremo de Justicia gozará de autonomía funcional, financiera y administrativa.

“(…) Para tales efectos, la Constitución dispone en sus artículos 263 y 264 constitucionales, como garantías para la independencia y autonomía del TSJ, los requisitos y el procedimiento para la elección legal de sus magistrados”.

Agregan que el Artículo 256 establece que, para garantizar la imparcialidad y la independencia, los magistrados del TSJ no podrán ejercer activismo político partidista. Solo podrán ejercer su derecho al voto.

Y el Artículo 255, recuerdan los abogados, pauta que los jueces son “personalmente responsables en los términos que determine la ley (…) por la inobservancia sustancial de las normas procesales, por denegación, parcialidad y por los delitos de cohecho y prevaricación en que incurran en el desempeño de sus funciones”.

Explican a través de 4 puntos porqué “es público y notorio que la actual integración del TSJ es producto de una elección fraudulenta, realizada en diciembre de 2015”:

1) Los entonces candidatos a magistrados no reunían los requisitos constitucionales y legales para ser electos. Los constitucionalistas basan esta afirmación en una investigación de la AN, que sesionó el 14 de julio de 2016.

2) Se violentó el procedimiento para la elección de los magistrados.

3) Se escogieron magistrados a personas de reconocida militancia partidista oficialista y actuación política.

4) El objetivo de la elección de dichos magistrados era someter al TSJ a los intereses de la Presidencia de la República.

Estos hechos, precisan los especialistas, violan los principios de separación de poderes, de independencia y autonomía del TSJ y el intangible principio del Estado democrático, social, de derecho y de justicia.

No solo es políticamente inaceptable y contraría al bien común la integración “fraudulenta” del TSJ, sino que también implica diversos ilícitos con responsabilidad individual, incluso para sus miembros, señalan.

Así enumeran los ilícitos producto de la integración del Tribunal, porque así los constataron los abogados de la UCV:

1) La Sala Electoral del TSJ no permitió la incorporación de los diputados de Amazonas en diciembre de 2015, para que la oposición venezolana no obtuviera la mayoría calificada que le permitiera modificar o aprobar leyes orgánicas ni aprobar otros actos legislativos.

“Es un proceso judicial que la Sala no ha activado en tres años, denegando justicia y privando al pueblo de Amazonas de su soberanía”.

2) La misma Sala Electoral ha paralizado todas elecciones de las universidades, sindicatos y gremios, en los que los intereses del Gobierno se ven claramente involucrados.

3) Al declarar en desacato a la AN en 2016 y al invadir las funciones del Legislativo y otorgar otras al Ejecutivo, la Sala Constitucional del TSJ incurrió en un autogolpe de estado.

4) Convocar de manera fraudulenta la elección de una ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, convocar a destiempo procesos electorales, inhabilitar partidos y políticos, desconocer garantías electorales.

 

Foto: La Tienda Venezolana

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