Conozca por qué la ONU pide a la Corte Penal intervenir en caso Venezuela

Dado que el Gobierno venezolano no permitió que el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, tuviera acceso a su territorio, la información se recopiló a través de observaciones realizadas desde fuera del país. Esto incluyó la realización de 150 entrevistas con víctimas y testigos, así como con representantes de la sociedad civil, periodistas, abogados, médicos y universitarios, y el examen detenido de numerosos informes y datos aportados por diversas fuentes.

Con los resultados de este informe, Zeid Ra’ad al Hussein recomendó este viernes, 22 de junio, que la Corte Penal Internacional (CPI) “se implique” en el caso de los graves abusos cometidos en Venezuela dada la “impunidad generalizada” y la inacción del Estado.

“Nuestras investigaciones muestran ciertos patrones de violaciones a los derechos humanos que en algunos casos, como las detenciones arbitrarias o casos de torturas, han sido sistemáticas y que se repiten en varias partes del país, no son hechos aislados. Y esto puede sentar las bases para las investigaciones que la Corte Penal está haciendo”, afirmó en declaraciones a Efe uno de los autores del texto, Carlos de la Torre.

El investigador agregó que otra revelación clara del estudio ha sido la “falta de voluntad de las autoridades para investigar casos de violaciones y la CPI es un órgano que puede actuar si las víctimas no acceden a la Justicia del propio país”, completó De la Torre.

En su segundo informe sobre las libertades fundamentales en Venezuela el organismo denunció cientos de homicidios, presuntas ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes, torturas y detenciones arbitrarias por las fuerzas de seguridad.

La Oficina ya entregó a la CPI el informe que realizó sobre las protestas y en breve entregará el presentado este viernes 22 de junio y, en función de acuerdos pre-establecidos, dará más información y contactos si así le fuera requerido.

En febrero de este año, la fiscal de la CPI anunció la apertura de un examen preliminar para analizar los supuestos crímenes de lesa Humanidad cometidos en Venezuela en el contexto de las protestas contra le Gobierno de Nicolás Maduro que hubo entre abril y julio de 2017.

A continuación los datos relevantes del informe

Impunidad

El informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denuncia las presuntas ejecuciones extrajudiciales de al menos 505 personas a manos de las fuerzas de seguridad, mediante incursiones en los barrios con el fin de detener a los “criminales” sin orden judicial.

Añaden que se reporta manipulación del lugar de los hechos para simular enfrentamientos y poder afirmar que las muertes fueron el resultado de intercambios de disparos.

Aunque la Fiscalía inició 373 investigaciones, al día de hoy no hay información sobre ninguna. El documento denuncia también la aparente “impunidad generalizada en beneficio de las fuerzas de seguridad presuntamente responsables de la muerte de al menos 46 personas durante las protestas de 2017″.

De las 54 órdenes de detención cursadas por la anterior Fiscal General contra agentes de las fuerzas del orden por esos hechos, solo hay conocimiento del inicio de un juicio formal.

Persecución

Según interlocutores de la sociedad civil, al menos 12.320 opositores políticos o personas consideradas como amenazas para el Gobierno fueron detenidos arbitrariamente entre enero de 2014 y abril de 2018. Advierten que en el país hay 280 personas “arbitrariamente privadas de libertad por expresar sus opiniones políticas.

El informe documenta unos 90 casos de detenidos sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes desde 2014, lo que “en muchos casos puede llegar a constituir tortura”.

Crisis alimentaria

En el texto también se refiere a la grave crisis alimentaria por la que atraviesa el país y acusa al Gobierno de Nicolás Maduro de “ignorar” su dimensión. “Determinamos que hubo unas políticas sociales y económicas que desencadenaron esta situación. Pero además hay una inacción de las autoridades”, subrayó De la Torre.

En marzo de 2018 una familia debía ganar 57 veces el salario mínimo para poder adquirir la cesta de la compra mensual básica. Cifras citadas en el informe apuntan que 87 % de los venezolanos son afectados por la pobreza, 61,2 % se encuentra en pobreza extrema y se ha constatado un rápido incremento de la desnutrición infantil.

Derecho a la salud

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos reportó que además Venezuela “sufre de una dramática crisis sanitaria y de un completo colapso del sistema de atención sanitaria”.

“Indicadores como el aumento de la mortalidad materna en un 60% y de la mortalidad infantil en un 30% entre 2014 y 2016, la falta de acceso a tratamientos adecuados y regulares para los más de 300.000 pacientes aquejados de enfermedades crónicas, o el brote de paludismo y difteria (enfermedades que habían sido erradicadas), revelaron un deterioro dramático del sistema venezolano de atención de salud”, advierte el texto.

Con información de EFE. 

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